Una política pública alineada a resolver los problemas de vivienda asequible en la Isla, que en esencia busca regular las rentas de corto plazo y el precio de las viviendas en alquiler al crear en el Departamento de la Vivienda una Oficina de Regulación del Arrendamiento, así como rescatar propiedades en desuso, es la propuesta que presentó este martes la organización sin fines de lucro El Otro PR para lanzarse a buscar apoyo entre los candidatos a la gobernación de cara a las elecciones generales.

“Nosotros lo que estamos planteando es una solución integrada. Esto es un paquete de medidas que nosotros estamos planteando” para resolver la necesidad de vivienda de bajo costo y lograr identificar unas 107,000 residencias asequibles en un plazo 10 años, según explicó el presidente de la organización, Alfonso Ortiz Menchaca.

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El abogado detalló, en una conferencia de prensa realizada en la sede de El Otro Puerto Rico, en Río Piedras, que por los pasados ocho meses participantes de la organización, profesionales y líderes de otros grupos se unieron para diseñar una solución a la falta de vivienda en Puerto Rico que le será presentada a los candidatos a la gobernación. Buscan conseguir apoyo para que, una vez ocurra el cambio de gobierno, se impulse legislación que encamine una solución a la falta de viviendas, en momentos en que se estima que en el país hay sobre 300,000 casas abandonadas.

Ortiz Menchaca planteó que lo que redactaron “no es un proyecto. Más bien son unos lineamientos de política pública que buscan que, de cara a 2025, se presente en la Asamblea Legislativa y se puede aprobar eventualmente lo que nosotros estamos denominando la Ley de Acceso a Vivienda Digna”.

Representantes de la organización El Otro PR.
Representantes de la organización El Otro PR. (Suministrada)

Lo primero que plantearon los representantes de la organización fue la urgencia de atender el tema, ya que mantener una crisis lleva a múltiples problemas sociales, incluyendo que más familias vivan bajo niveles de pobreza, el sinhogarismo, efectos detrimentales a la salud y la segregación racial, entre otros males.

“Nuestro análisis económico demuestra que la estabilización de los alquileres y la creación de nuevas unidades de vivienda asequibles son cruciales para mitigar la inflación inmobiliaria y evitar el desplazamiento de nuestras comunidades. Esta propuesta es un paso esencial hacia un Puerto Rico más justo y equitativo”, demarcó la economista Martha Quiñones.

Sostuvo que atender la situación con medidas como las que han propuesto, encamina a un Puerto Rico más planificado, se evita que el mercado sea uno opresor y se detendría la migración hacia los Estados Unidos de personas que buscan una mejoría económica.

Para exponer el problema de vivienda que existe en la Isla, se destacó que en el 2021 el ingreso promedio de los hogares boricuas que se reflejó en el Índice de Asequibilidad de la Vivienda que preparó la firma Estudios Técnicos fue de $21,967 y que para marzo de 2024 el promedio mensual del pago de rentas a largo plazo era de $2,341. Esto representa que un ciudadano gastaría alrededor de $28,092 anuales en un techo para su familia, una cifra mayor a lo que ingresa por su trabajo.

Bajo este mismo Índice se destacó que en los pasados tres años, 42% de los puertorriqueños han perdido buena parte de su capacidad de comprar una residencia.

Como solución, la entidad no promovió mayor construcción de hogares, como se impulsa en la actualidad desde el Departamento de la Vivienda. Apostó, por ejemplo, a regular el mercado de alquiler a corto plazo, como los Airbnb, para que más de esas viviendas estén disponibles para las familias. Mientras, expusieron la necesidad de regular por municipio -y hasta por sector- de cuánto podría ser el pago de renta.

Todas estas funciones estarían reguladas a través de una dependencia en el Departamento de la Vivienda, a la que llamaron Oficina de Regulación del Arrendamiento. La misma tendría la facultad de investigar querellas contras las personas que incumplen y hasta emitir multas.

Otro punto que buscan regular es que estos alquileres de corto plazo se les trate como una actividad comercial y que se detalle qué porcentaje de una estructura puede ser utilizada para tales fines.

A modo de ejemplo, Ortiz Menchaca mencionó que, si tienes un edificio con cuatro apartamentos, sólo uno podría ser utilizado para alquiler a corto plazo.

También se impulsa el Programa Nacional de Reconstrucción de la Vivienda, que estaría también regulado por el Departamento de la Vivienda. El mismo busca proveer financiamiento para la adquisición y rehabilitación de hogares bajo un modelo similar al programa que se implementa en el Federal Housing Administration (FHA, en inglés). Señaló que con estos fondos se podrían rescatar propiedades que representan estorbos públicos.

Mientras, se propuso crear en los tribunales las Salas Especializadas en Titularidad e Inmuebles que atiendan controversias relacionadas a herencias y problemas de titularidad para que las familias no pasen años en disputas y la vivienda quede abandonada.

Ortiz Menchaca mencionó que se le daría, por ejemplo, dos años para hacer división de bienes y si no resuelven entre sí, el tribunal determinaría el curso de acción.

Estas y otras propuestas delineadas les serán presentadas a los candidatos a la gobernación, quienes tendrían hasta el 30 de agosto para asumir una postura y comunicarla a la organización El Otro Puerto Rico.

El presidente señaló que, una vez conozcan qué haría el candidato, si acogen su propuesta, parte de ella o defienden una nueva alternativa, desarrollarían una campaña entre septiembre y octubre próximo para dejarle saber a los electores “quiénes están o no comprometidos con que exista en el futuro un Puerto Rico con puertorriqueños”.