La clave para combatir la pobreza en Puerto Rico comenzaría con el nuevo crédito por trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) que estará vigente a partir de enero de 2022, según un estudio publicado por la organización sin fines de lucro Espacios Abierto.

De acuerdo a los hallazgos del informe, se prevé que podría ayudar a que 124,925 personas, o 54,920 contribuyentes, salgan del umbral de la pobreza.

Según se explicó en conferencia de prensa, salir del mismo podría traducirse a una mejora en la salud maternal y de infantes, a que alumnos de grados elementales e intermedios tengan mejor rendimiento escolar y que incremente la cantidad personas que ingresen a universidades y esto provocaría que la próxima generación genere más incentivos mediante trabajo y que los retirados tengan mayores beneficios.

“Si hay una jurisdicción en los Estados Unidos que merece un EITC más robusto es la jurisdicción de Puerto Rico y eso es parte de la abogacía que nosotros tenemos que hacer con la documentación que estamos haciendo”, señaló Cecille Blondet Passalacqua, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.

Asimismo, cerca de 420,683 personas- o 216,393 contribuyentes- aumentarían sus niveles de seguridad económica, mientras que 161,473 (295,758 contribuyentes) tendrían la posibilidad de ser menos pobres en términos económicos.

La más reciente encuesta comunitaria del Censo de los Estados Unidos del 2019, el cual incluye datos recopilados previo a los temblores que sacudieron la región suroeste y la pandemia del COVID-19 que paralizó los sectores económicos, en el 2020 indicó que unas 1,449,091 personas en Puerto Rico, o el 44.1% de la población, vivían bajo niveles de pobreza.

El Censo, además, determinó que la mediana de ingresos por hogar era de $20,539, por lo que nueve estados norteamericanos superaban a Puerto Rico en total de población bajo el nivel de pobreza.

El EITC tiene como objetivo reducir la pobreza e incentivar el trabajo en el mercado formal. La misma fue creada en el 2006, aunque en el 2014 fue derogada por el Gobierno de Puerto Rico. Luego de ser reintroducida en el 2018, en marzo de 2021 recibió una partida de $600 millones adicionales por parte de los fondos de Recuperación fiscal estatal y local del coronavirus, bajo la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), y se convirtió en ley en agosto de 2021, por lo que estará vigente a partir de enero de 2022.

Por cuanto los fondos que nutren el EITC no necesariamente son permanentes y fueron otorgados para mitigar los efectos a la economía por la pandemia del COVID-19, Espacios Abiertos propone defender la continuidad de recibir la misma cantidad en años futuros.

“Definitivamente, aquí hay un desafío y yo creo que para eso es importante la evidencia empírica, poder demostrar los efectos en el retorno de la inversión social que tiene el incentivo y lo podremos hacer en tanto en cuando tengamos esa información, que podamos diferir, estudiar, analizar para proveer la importancia de ese retorno de inversión social para que el Gobierno federal siga difundiendo o potenciando el Crédito por trabajo y esa asignación extra de $600 millones durante los próximos años”, comentó por su parte el economista y analista sénior de política pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots, quien efectuó el estudio.

“La ley federal no pone un límite (de tiempo) sobre los $600 millones adicionales. No hay un límite”, agregó.

Para llegar a toda la comunidad elegible- incluso aquellas personas que residen en comunidades rurales con baja conectividad al Internet- Espacios Abiertos colaborará con el Instituto Nuevo Escuela (INE) con el fin de desarrollar estrategias para dar a conocer el incentivo. Asimismo, el Observatorio de Equidad de Género (OEG) efectuará un estudio para presentar recomendaciones de política pública para promover la seguridad económica de familias lideradas por féminas.

“El Gobierno de Puerto Rico debe reunirse y coger retroalimentación de las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a el estudio del incentivo de crédito por trabajo para precisamente llegar al destinatario final. Por eso es importante (las colaboraciones), el trabajo de base, llegar a las comunidades, el reunirse con la administración para poder establecer estrategias conjuntas que vayan más allá y que no limiten, porque el asunto de la tecnología tiene ciertos limitantes y a veces discriminantes en este caso para gente de bajos recursos que no tienen acceso a la tecnología”, manifestó Santamaría Ots a preguntas de Primera Hora.

“Estamos ya en reuniones para poder establecer y dar nuestras recomendaciones a través de campañas, a través de boca a boca en comunidades, a través de líderes de comunidades, poder dar información suficiente y, técnicamente, accesible para que las comunidades y sus integrantes y sus usuarios finales de este crédito que ahora lo desconocen o no lo están solicitando lo acaben solicitando y que se eliminen las barreras, ya sean tecnológicas o de otro tipo, para que esos ciudadanos y ciudadanas accedan”, añadió.

¿Cómo se efectuó el estudio?

Santamaría Ots hizo las estimaciones al incorporar los parámetros del nuevo crédito por trabajo a aproximadamente un millón de planillas radicadas en el 2019. Luego, analizó el impacto del anterior crédito por trabajo en 2019 y el potencial impacto en los umbrales de pobreza con los parámetros del nuevo crédito que entrará en vigor en el 2022.

De esta manera, determinó que el aumento en la cantidad de contribuyentes que podrían beneficiarse del nuevo crédito se debe a tres factores: la entrada de los jóvenes entre 19 y 26 años (76,426 contribuyentes), la entrada de cuentapropistas (13,238 contribuyentes) y a la expansión de la base de contribuyentes al aumentar el límite máximo de ingresos de los solicitantes del nuevo crédito según la nueva ley (121,885 contribuyentes) que no cualificaban en el 2019.

Es decir, si se aplican los parámetros del nuevo crédito a las planillas que se radicaron en el año contributivo 2019, podrían recibir el beneficio del crédito 349,152 personas (211,549 contribuyentes) adicionales a las 496,149 personas (254,757 contribuyentes) que cualificaron en 2019, potencialmente beneficiando a 845,301 pesonas (466,306 contribuyentes).

De permanecer la composición demográfica y socioeconómica de las unidades contributivas del 2019, el nuevo crédito por trabajo promedio sería de aproximadamente $1,800 por contribuyente.

Por otro lado, Santamaría Ots hizo, además, una radiografía del año contributivo 2019 que reflejó que 13,937 personas (6,230 unidades contributivas) cruzaron el umbral de la pobreza al recibir el crédito, que en promedio fue de $450. Ese año, el 87.67% de las unidades contributivas que recibieron el crédito por trabajo tenían ingresos menores a $20,000, mientras que el 76.88% trabajan en el sector privado.

El 54.89% de los contribuyentes que recibieron el crédito no tenían dependientes y el 48.8% fluctuaba entre las edades de 31 y 45 años. El 49.72% de los contribuyentes recipientes del crédito por trabajo se identificó con el género femenino (crédito promedio de $468) y el 49.74% con el masculino (crédito promedio de $433).

El economista indicó que, para el estudio, se analizaron 1,612,681 observaciones y 22 variables extraídas, directa o indirectamente, de un total de aproximadamente un millón de planillas de contribución sobre ingresos de individuos radicadas el año contributivo 2019. De ese total de planillas radicadas, 837,056 planillas reportaron ingresos superiores a cero.

Esta semana, solicitó a Hacienda los datos del año contributivo 2020 para continuar analizando todos los efectos del nuevo crédito.