Más de ocho horas después de que portavoces de LUMA Energy sostuvieran a través de comunicaciones oficiales que el área donde ubican los centros  correccionales de Bayamón no habían sufrido interrupciones del servicio eléctrico el jueves 2 de junio, en el horario aproximado en que la joven Shannel Colón Ponce murió -por un aparente suicidio desde una baranda de un pasillo del Complejo de Rehabilitación de Mujeres-, la empresa dio reversa a sus declaraciones indicando que personal del consorcio sí respondió a unas querellas  por falta de servicio que presentó el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Entre el pasado miércoles y jueves, este diario inició una serie de conversaciones telefónicas y por mensajes de texto con el portavoz de prensa de LUMA Energy, Eliezer Soto, solicitando información corroborativa para saber si en la zona donde ubican varios complejos correccionales, en Bayamón, había ocurrido alguna interrupción del servicio en horario de 7:00 a 9:00 de la noche. Inicialmente, utilizando información provista por el sistema de posicionamiento global (GPS) de Google se le informó al señor Soto que las instituciones estaban localizadas en la carretera Buchanan 00961 en Bayamón. Posteriormente, la petición de Primera Hora amplió el horario de 5:00 a 9:00 p.m. y se le ofreció a Soto unos datos más específicos con la dirección física exacta que utiliza el DCR, según su página web, para el Complejo de Rehabilitación de Mujeres.

Desde el miércoles a las 9:04 de la noche, Soto comunicó por conversación telefónica y a través de mensaje de texto lo siguiente: “Oficialmente, la empresa me confirmó que el sistema no muestra registro de una interrupción en el servicio eléctrico durante el periodo de 7:00 a 9:00 de la noche del jueves pasado en la carretera de Buchanan”. Soto pidió que en lugar de citarlo a él se citara a la empresa pues la política de sus patronos no le permitían ofrecer declaraciones oficiales y que las instrucciones eran decir “dijo LUMA o dijo la empresa, a través de la oficina de comunicaciones”.

Se le aclaró a Soto que la petición extendía el horario desde las 5:00 de la tarde y que era importante tener la certeza de que había corroboración de la zona específica donde ubican las cárceles. Además, se le hizo hincapié en que no se trataba de averías en los alumbrados del área, sino de un asunto de interrupción de energía en la zona donde ubican las cárceles.

El empleado de LUMA Energy se comprometió en verificar y confirmar la información al día siguiente. Ayer jueves se le dio seguimiento a la petición desde las 8:43 de la mañana. Una hora más tarde, Soto confirmaría por conversación telefónica que, en efecto, el área no tuvo interrupciones.  Aun así, y para que constara por escrito, se le envío a Soto un mensaje para corroborar que los datos solicitados fueron los entregados.

“Eliezer, los datos que solicité son del área de Buchanan, particularmente la carr. 5 Ave. Central Juanita Final PR 00960, que como te expliqué es donde ubican las cárceles de Bayamón”, lee un mensaje de texto enviado por este diario a las 11:41 de la mañana del jueves 8 de junio.

Primera Hora buscaba corroborar si en efecto el día y hora aproximada de la muerte de Shannel (2 de junio entre 5:15 y 5:44 de la tarde; los dos horarios han sido mencionados por las autoridades) no había luz en la zona donde ubica la cárcel de mujeres, pues había trascendido información oficial del DCR asegurando que las cámaras de seguridad que vigilaban el área del pasillo de donde la joven presuntamente se ahorcó, estaban inoperantes ante la ausencia de servicio eléctrico. Las cámaras de vigilancia en este caso son un factor determinante en la investigación considerando que la joven aparentemente salía de ducharse  y se dirigía a su celda (ubicada en una planta alta) cuando se alega que  agarró una sábana y se la amarró al cuello y salió al pasillo, donde amarró  el otro extremo de la tela a un tubo, y se lanzó al vacío.  La familia de la joven de 23 años - paciente de salud mental e ingresada desde abril en la cárcel- no cree la versión de un suicidio.

“Estamos de acuerdo que la información es de esa área, ¿verdad? “, lee un segundo mensaje enviado por este diario a Soto un minuto después, a las 11:42 de la mañana del jueves 8 de junio.

A las 12:01 p.m., mediante conversación telefónica, el empleado de comunicaciones de LUMA Energy confirma nuevamente y con total certeza que el área no había sufrido interrupciones del servicio eléctrico.

Tras las varias interacciones con Soto -que mantuvo firme su versión-, Primera Hora publicó la nota titulada “LUMA Energy asegura que el día y hora que murió Shannel había luz en la cárcel de Bayamón” a las 12:14 del mediodía.

Posteriormente, y tras petición de Primera Hora, el DCR, a través de la portavoz de prensa Yvonne Guadalupe, reaccionó a las expresiones de LUMA Energy. Mantuvieron su posición de que el 2 de junio no hubo servicio eléctrico por un tiempo prolongado en la cárcel de mujeres y que así lo hicieron constar a través de querellas presentadas al consorcio. Primera Hora actualizó inmediatamente la historia con la información provista por la empresa.

Guadalupe explicó mediante declaraciones escritas que el 2 de junio, aproximadamente a eso de las 6:00 de la mañana, los sargentos recibieron el turno sin energía eléctrica.

“A eso de las 8:06 a.m. la oficial de saneamiento en turno realiza la primera llamada a LUMA para notificar con número de querella #C3528313. La oficial da seguimiento a eso de las 2:18 p.m. con número de querella #C3528941. El servicio fue reestablecido a eso de las 6:00 p.m.”, agregó la funcionaria.

No fue hasta pasadas las 7:00 de la noche de ayer que este diario recibió un correo electrónico por parte de Soto corrigiendo la información provista originalmente.

Las declaraciones de LUMA fueron las siguientes: “Según nuestros registros, hubo una interrupción en servicio de energía eléctrica en el área de Bayamón el 2 de junio de 2022. El personal de LUMA respondió a la situación y se restableció el servicio”.

Fuera de las declaraciones oficiales, el señor Soto aludió en su comunicado y faltándole a la verdad, que la petición de Primera Hora se limitó a la carretera Buchanan, cuando hay mensajes escritos que corroboran la mención completa de una dirección física y la insistencia de este diario por esa especificidad. También alude a que no se hizo referencia a la cárcel de mujeres, cuando la realidad es que en todo momento, desde el miércoles, la petición estuvo dirigida a saber si hubo alguna interrupción de servicio en toda el área que reagrupa a las diversas instituciones correccionales localizadas en el lugar.

Además, alega que la petición no incluía las querellas presentadas por el DCR, información que trascendió por la agencia gubernamental tras publicada la historia al filo del mediodía del jueves.

Aun cuando haya habido luz en la zona, el planteamiento dirigido al DCR por parte de Primera Hora está enfocado en conocer los criterios de seguridad que se utilizaron en la zona de segregación donde estaba ubicada Shannel, quien estuvo ingresada en el área de psiquiatría correccional hasta el día antes de los hechos.

Reiteradamente se solicitó al DCR conocer, por ejemplo, si aun con generador eléctrico, las cámaras de seguridad de la cárcel continuaron inoperantes. Se les planteó, incluso, el riesgo que supone no tener sistemas de vigilancia si ocurriera un motín, una fuga o alguna otra situación de riesgo como pudiera ser el uso de sustancias controladas dentro de las instituciones, una acción que ha sido letal para muchos confinados durante los últimos años.

Primera Hora está a la espera de la respuesta concreta por parte de la agencia.

De hecho, la secretaria del DCR, Ana Escobar, reconoció en entrevista con este diario esta semana la corrupción que impera dentro de las instituciones por parte de oficiales correccionales que participan de actividades de contrabando. Incluso, la funcionaria dijo que bajo su incumbencia se han arrestado a 10 empleados de la agencia por este tipo de crimen y alertó sobre pesquisas locales y federales dirigidas a otros posibles arrestos.

Las medidas y protocolos de seguridad en situaciones de riesgo toman relevancia considerando que la cantidad de muertes en las cárceles se han duplicado en un periodo de cuatro años.

Así se desprende de un análisis realizado por este diario de los Informes de muertes de confinados y confinadas reportadas en las instituciones correccionales del País y registradas por periodos de años fiscales a través del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico,  los cuales indican que en un periodo de cuatro años, los fallecimientos de la población se han duplicado, mientras que en muchas instancias las causas son una incógnita pues se clasificaron como indeterminadas o pendientes de investigación.

Entre los años fiscales 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, en las cárceles de la Isla ocurrieron 45, 47, 59 y 80 muertes, respectivamente, para un total acumulativo de 231 decesos. Los datos evidencian que los fallecimientos se han duplicado en un periodo de cuatro años. La mayoría de los occisos pertenecen al grupo demográfico de 30 y 39 años, seguidos por el de 40 a 49 años. Asimismo, se informa que gran parte de las muertes ocurrieron en las instituciones 705 de Bayamón, Ponce Máxima, Ponce 676 y en centros hospitalarios.

La versión preliminar de las autoridades es que la muchacha de 23 años, que había sido ingresada a cárcel en abril por cargos de apropiación ilegal de vehículos, fue dada de alta el día antes del suceso del hospital Psiquiátrico de la Administración de Corrección, donde recibió tratamiento por una condición de salud mental no precisada.

Pero lo que llama la atención de las cifras del análisis es que del total de muertes, el 31% (72) están pendientes de investigación o las causas no han sido determinadas. Por ejemplo, el pasado año fiscal, cuando se adjudican 80 muertes, hay cuatro en la categoría de causa “indeterminada por área médica” y 28 pendientes de investigación. De este último renglón, hay 14 por aparente intoxicación, seis por aparente causa natural, seis en las que no hay información precisa, una por alegada agresión y otra por aparente ahorcamiento.

Las cifras del año en curso, durante el periodo del 1 de enero al 7 de junio, tampoco son alentadoras pues ya suman 41 los fallecimientos. A preguntas de este diario, Escobar no supo precisar a cuánto se eleva la cifra cuantificando las muertes por el año fiscal que culmina el 30 de junio.