“Benévola” y “demasiado corta”.

Ésa fue la decisión de un tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos con relación a la sentencia de 17 años y cuatro meses de cárcel que cumple José Padilla, conocido como el talibán boricua.

Por lo tanto, el panel de tres jueces del Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta, en mayoría de dos a uno, ordenó celebrar una nueva audiencia para la sentencia, que fue dictada en 2008, según publicó la agencia EFE.

La Fiscalía Federal del distrito sur de Florida notificó la decisión en la que se establece que la sentencia que se dictó contra Padilla, de origen puertorriqueño, es muy corta y devolvió el caso al Tribunal Federal para una nueva vista de sentencia.

La sentencia, que fue dictada por la jueza Marcia Cooke en el Tribunal Federal de Miami en 2008, no siguió la recomendación de la Fiscalía Federal que solicitaba que cumpliera cadena perpetua.

Padilla, conocido como Abdulah-al-Muhajir, fue hallado culpable en 2007 de formar parte de una célula de apoyo a la red terrorista Al-Qaida.

Enfrentó tres meses de juicio junto con Adham Amin Hasoun, libanés de 45 años, y Kifah Wael Jayyousi, de 46 y de origen jordano. Fueron hallados culpables por ser parte de una célula de Al-Qaida.

Según la acusación de la Fiscalía, los coacusados estaban involucrados en una conspiración vinculada a conflictos armados surgidos en lugares como Somalia, Afganistán, la república rusa de Chechenia y la provincia serbia de Kosovo.

Padilla fue detenido en 2002 en el aeropuerto internacional de Chicago bajo sospecha de que intentaba detonar una bomba radiactiva.

Permaneció en una cárcel de Carolina del Sur hasta su traslado, en 2006, a Miami (Florida), donde fue declarado culpable de conspiración para cometer actos terroristas y de dar apoyo material a terroristas.

Los abogados de Padilla, un ex pandillero convertido al islam, sostuvieron que su representado fue torturado por el Gobierno federal mientras estuvo detenido en la base militar de Carolina del Norte.

Durante el juicio, su defensa alegó que los agentes del gobierno le infligieron “daño psicológico y sufrimiento”.

Señalaron que Padilla no perteneció a ningún grupo terrorista y que viajó a Egipto para estudiar el islam y aprender árabe.

No obstante, el panel de jueces indicó que Padilla representa un “amenazante riesgo de un futuro peligroso debido a su entrenamiento con Al- Qaida” y que es “mucho más sofisticado que un individuo convicto de un crimen ordinario en las calles”, dijo EFE.

A Palmira Ríos, integrante de la Comisión de Derechos Civiles, no le tomó por sorpresa la anulación de la sentencia impuesta a Padilla.

Tampoco le extrañaría que nadie en Estados Unidos, a excepción de unos grupos minoritarios defensores de los derechos civiles, critique dicha determinación. “En este caso y en este ambiente donde se ha vuelto a recordar los eventos del 11 de septiembre los jueces y tribunales están prejuiciados con este tipo de casos”, sentenció la también profesora.

Desde que inició la llamada lucha contra el terrorismo, indicó, se han lacerado y eliminado los derechos básicos de los acusados por crímenes políticos, como son los derechos a un juicio rápido, a defenderse y a que se le respete la presunción de inocencia.

“De facto, no gozan de una presunción de inocencia, así que es muy difícil defenderse en un sistema así”, estableció, al destacar que “la guerra contra el terrorismo es como una aplanadora de los derechos humanos”.