Desde tempranas horas de la mañana, ya los estudiantes Luis Rivera y Nilda Cruz- ambos humacaeños matriculados en el recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico (UPR)- estaban frente al Tribunal Federal en Hato Rey, con pancartas en mano. Tenían su meta clara: defender su universidad y manifestar repudio sobre la aprobación y firma del Proyecto de la Cámara 1003, que establecería la ley habilitadora para el Plan de Ajuste de Deuda.

Organizaciones llamaron a los ciudadanos a que sean parte de las protestas contra el Plan de Ajuste de la Deuda.

Bajo el candente sol, se situaron frente a la verja que divide la calle con el tribunal, donde se llevaba a cabo las vistas sobre el Plan de Ajuste de la Deuda ante la jueza del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos presentado por la Junta de Control Fiscal, la jueza Laura Taylor Swain.

“Mientras sigamos siendo una colonia vamos a seguir luchando. El ser una colonia nos está violentando nuestros derechos fundamentales. Que se nos cumplan con nuestros derechos en salud- que no tenemos-, en educación- que no tenemos- (y) pensiones”, sostuvo el alumno, quien se ha mantenido activo en protestas desde el 2017.

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico, el lenguaje del Proyecto de la Camara 1003 mantuvo en que el sistema universitario recibirá una asignación fija de $500 millones por cinco años, del Fondo General, mientras que para los municipios se crea un fondo especial para el reciclaje, escombros y basura, sujeto a sobrantes del Medicaid.

“Todos los sectores universitarios hemos pedido un turno ante la jueza Swain. Aún no hemos recibido comunicación, lo que nos demuestra los intereses de la jueza Swain”, señaló a los medios Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).

Por otra parte, en el proyecto se modificó el Artículo 603 sobre separabilidad para establecer que “es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que no se hagan cumplir las transacciones de reestructuración y sus respectivas autorizaciones en los Artículos 103, 201 y 301 si se deja sin efecto, invalida o declara inconstitucional la condición suspensiva para evitar cualquier recorte de pensiones a empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste o las disposiciones del Artículo 104 de esta ley”. Sin embargo, todo queda en manos del tribunal.

“No se puede pagar esa deuda, no importa ha bajado, 10, 20, 15%. Es prolongar la agonía. Desde mi punto de vista, lo que hace es perpetuando la condición de dependencia y de caído, de mendicidad. Mendigo. Eso es lo que hemos sido desde el 1898″, indicó Miguel Rodríguez, de 82 años.

Al pasar las horas, se sumaron a la protesta cientos de estudiantes de la UPR, de recintos como Ponce, Mayagüez, Arecibo, Aguadilla, Utuado, Humacao y Carolina, al igual que pensionados, exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, docentes y militantes del Partido Puertorriqueño Independentista (PIP) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), entre otras personas de gremios sindicales. Llegaron personas de todas las edades y de distintos puntos de la isla.

“Nosotros somos un grupo que nos sostenemos y nos damos las fuerzas necesarias para seguir, porque no podemos ignorar el factor de que esta lucha nos agota, no solamente físicamente, sino emocionalmente, porque decimos ‘diablo, llevamos más de 10, 15 años luchando por esto mismo’, pero nosotros al llegar aquí y ver toda esta gente que también sienten lo mismo y también ver que están enojados nos da la energía para continuar”, dijo Rivera, quien también denunció la violación a los derechos de personas de la comunidad LGBTTQ+.

A son de estribillos y panderos, los manifestantes rondaron la calle frente al tribunal. En un momento dado, los protestantes forcejearon con los agentes policiacos que obstaculizaban la entrada del tribunal. Luego, aquellos que intentaban colocar pancartas en la verja fueron detenidos por agentes del Departamento de Seguridad Nacional federal. Armados con rifles, cortaron los amares para evitar que se colocaran las pancartas. Presuntamente, se dispersó gas lacrimógeno, según percibió Primera Hora.

Por su parte, el maunabeño Luis Antonio Rivera Lebrón, miembro del capítulo de retirados de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), pernoctó en una caseta frente al tribunal para dedicar todo el día a la protesta.

“Nosotros pernoctamos aquí, porque sabemos que lo que el Gobierno tiene es un engaño, porque van a tocar nuestras pensiones porque tienen que pagarles a los buitres”, puntualizó al recalcar que desea la renuncia del gobernador Pedro Pierluisi por haber sido “abogado de la Junta” de Control Fiscal. “Él siempre va a seguir siendo abogado de la Junta”, estimó.

“Nuestra batalla no es solamente para que se vaya la junta, nuestra batalla tiene que ser para la descolonización y libertad. Que sepa Taylor Swain que llegó los otros días. A nosotros hace ratos que se nos acabó la paciencia. Yo no quiero un mejor acuerdo. Yo quiero la independencia”, manifestó al público la senadora pipiola, María De Lourdes Santiago.