En momentos en que se pronostica que en medio de la pandemia del COVID-19 se registró un aumento de un 15% en las personas que viven en las calles, en los autos o no tienen un lugar fijo para pernoctar, a las organizaciones se les está haciendo difícil conseguir residencias para lograr romper el ciclo de la vida que, como deambulantes, enfrentan cientos de personas en la Isla.

Específicamente, se buscan casas en alquiler en las que se puedan ubicar a personas sin hogar y que reciben vales (“vouchers”) de fondos federales que subsidian la renta por hasta un año y, en ocasiones hasta más tiempo, informó la sicóloga Teresa Carrero, quien coordina el proyecto Landlord Engagement, de la organización Coordinadora Moriviví.

“Hay muchas personas con vale en mano, pero a la hora de conseguir vivienda se le hace difícil”, comentó.

Afirmó que esta necesidad de hogares está mayormente en las zonas rurales, afectadas por los sismos o en las que predomina la pobreza.

De hecho, denunció que por la falta de disponibilidad de residencias en las zonas rurales se están perdiendo estos vales de vivienda, los cuales podrían ayudar a transformar la existencia de muchas personas.

Un cambio de vida

A modo de ejemplo, la organización presentó a Primera Hora la historia de Glorimar Ortiz Betancourt, quien deambuló entre las calles y albergues por 38 años debido a su adicción a las drogas.

La mujer aceptó que inició en las drogas y el alcoholismo a los 12 años. Cuando tenía 48 años, para eso de octubre de 2013, se despertó en medio de la avenida De Diego, en Río Piedras, dispuesta a cambiar ese rumbo que había tomado.

“Es bien difícil, bien difícil (vivir en la calle). Es difícil la soledad, el rechazo, no tener una cama, un baño para bañarte, para poner tu cabeza en una almohada. Es bien difícil llegar a la noche y tú en la calle tirá”, relató.

En primera instancia, Ortiz Betancourt acudió a un albergue. Pero, tras mejorar su condición de vida, tenía que volver a la calle desde cero. Comentó que acudió al programa De Vuelta a la Vida Sanación y Hogar, de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca), donde emprendió su vida.

“Nosotros nos ponemos el obstáculo de que no hay ayuda. La ayuda la hay, es que no la buscamos”, manifestó.

Como parte de esa recuperación, Ortiz Betancourt consiguió una residencia. Ahora, con 57 años, vive en Toa Baja. Tiene un techo seguro, el cual dijo lucha por mantener.

“Yo cobro y primero es la casa. Los alimentos son importantes, pero Dios siempre suple. Fueron muchos años que no tuve un techo seguro y tener algo seguro es algo maravilloso”, relató la mujer, que tras cinco años en programas de ayuda ya tiene que pagar su renta.

Los problemas

Esta transformación de vida que se promulga desde organizaciones como Coordinadora Moriviví, sin embargo, se dificulta por esa falta de vivienda para brindar esa seguridad que Ortiz Betancourt dijo haber alcanzado.

Otro problema denunciado por Carrero es la percepción de que las personas sin hogar se ubican en las zonas urbanas, lo que provoca que los fondos de ayuda se concentren principalmente en el área metro.

Según explicó, la Coordinadora Moriviví no ofrece servicios directos, sino que apoya a 36 entidades con 94 proyectos financiados por el Departamento federal de la Vivienda que dan servicios a personas sin hogar.

Como parte de ese apoyo, se movieron a resolver la queja recurrente que se ha registrado por parte de estas organizaciones que brindan asistencia a personas sin hogar: la falta de vivienda.

La misión es “conseguir a propietarios que quieran poner a disposición sus viviendas para estos programas de vivienda subsidiada. Estamos levantando inventario en esos 54 municipios (en los que sirven) para atender esta brecha que se está enfrentando”.

En la actualidad, la Coordinadora Moriviví tiene un grupo de empleados, expertos en renta de vivienda y negociación, buscando residencias en alquiler y contactando al propietario para hablarle del proyecto. Entre otras cosas, se le informa del beneficio de tener el pago recurrente y seguro de la renta, así como se les da un bono, que representa el pago de dos meses de alquiler, por unirse a este esfuerzo. El mismo es pagado con fondos federales.

Indicó que “el costo o pago de la vivienda) es estándar para el Programa de Renta Subsidiada. Eso varía por municipio y cantidad de habitaciones y puede estar entre $400 a $700 para la zona rural.

“Estamos peinando municipios, haciendo acercamientos para que estos propietarios digan que sí”, informó Carrero.

Indicó que parte de los tropiezos para conseguir vivienda es que se topan con personas que prefieren rentar a corto plazo para vacacionar, sobre todo, en pueblos costeros, como Rincón e Isabela.

También dijo que se encuentran con muchas viviendas cerradas. Por ello, la sicóloga hizo un llamado a la diáspora a comunicarse con la entidad, al 939-218-7240, para poner a disposición esos hogares que mantienen cerrados mientras residen en los Estados Unidos.

Desde que iniciaron este esfuerzo han tenido un “alcance” de 300 residencias, “que significa que hemos contactado propiedades y tenemos casi 40 unidades identificadas” en los pueblos a los que sirven: Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Cabo Rojo, Caguas, Canóvanas, Cayey, Ceiba, Cidra, Coamo, Culebra, Fajardo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Marías, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manatí, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Moca, Naguabo, Patillas, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Lorenzo, San Sebastián, Santa Isabel, Trujillo Alto, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco.

Carrero comentó que esperan en las próximas semanas contar con una plataforma digital en donde las organizaciones y entidades a las que prestan servicios a personas sin hogar puedan ver en Internet las unidades de vivienda disponibles para ubicar a sus participantes.

Estos vales de vivienda son de un programa de relocalización rápida del Emergency Solutions Grant, de los que Puerto Rico recibe $100 millones anuales. Se conceden a través del gobierno o del “sistema coordinado”. Personas con inestabilidad de vivienda, que son personas que duermen en un lugar no apto, como dentro un carro, un edificio abandonado, personas huyendo de la violencia, jóvenes que por su orientación sexual los botan de su casa y no saben dónde ir, que duerman dos días en el sofá de un amigo y tengan que buscar a otro amigo por otros dos adicionales, así como familias trabajadoras que no pudieron pagar renta y reciben carta de desahucio pueden solicitarlos.

Si tiene estas condiciones, y reside en alguno de los 54 municipios mencionados, puede comunicar a los teléfonos 787-844-4961, 787-840-3116 o al 787-626-6605 para comenzar el proceso de evaluación y obtener un vale de vivienda.