Así resumió ayer el presidente de la Federación de Taxistas de Puerto Rico, Juan de León, la manifestación centrada en la preocupación de que a corto plazo comiencen a operar en la Isla redes innovadoras de transporte público como Uber u otras similares.

“Nosotros no tenemos problemas con la competencia. Estamos preparados para lo que viene, queremos ser parte de las necesidades de este pueblo, pero lo que no podemos permitir es que este gobierno se haga de la vista larga a fuerza de billetazos y pretendan que un grupo venga a entrar a Puerto Rico sin cumplir con los requisitos que nosotros tenemos”, sentenció de León.

Al culminar la manifestación frente a la sede del Departamento de Justicia, organizaciones representativas de porteadores públicos, taxistas, excursionistas, camiones de carga y grúas proclamaron el éxito de su jornada para exigir al gobierno que aplique a las empresas redes de transporte como Uber y Lyft, u otros los mismos reglamentos que rigen sus operaciones.

Hace dos meses, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció la redacción de un reglamento para aplicar a Uber y similares.

El reglamento del DTOP, presentado El 25 de marzo,  crea una nueva clasificación para que se puedan registrar empresas de redes de transporte que responden a los clientes mediante rápidas conexiones cibernéticas.

Desde marzo portavoces de taxistas iniciaron su ofensiva de críticas a Uber y otros sistemas que son una nueva competencia en su campo y ayer realizaron la protesta que calificaron de exitosa tras dialogar con el secretario de Justicia, César Miranda.

A pesar de que el secretario del DTOP, Miguel Torres,, no estuvo disponible para reunirse con delegados de los taxistas, el titular Justicia los recibió y se comprometió a evaluar sus alegaciones.  

La conversación con Miranda fue extensa debido a que tuvieron que explicarle detalladamente en qué consistían las violaciones de ley en las que presuntamente incurrió el DTOP al  emitir el citado reglamento, según expresaron al salir de la reunión.

“Por lo menos nos dijo que nosotros teníamos la razón y nos preguntó por qué el Departamento  no iba a través de la Ley 109 (de Servicio Público de Puerto Rico) y eso es lo que va a averiguar”, dijo Germán Vázquez, presidente de la Unión de Transporte y Ramas Anexas (UTRA). 

Por su parte, De León dijo que Miranda tiene bien claro en que cualquier sistema que pretenda ofrecer transportación, aunque sea mediante una aplicación tiene que regirse por las leyes vigentes.

A los choferes autorizados en Puerto Rico se les exige que no tengan deudas pendientes con Asume, la adquisición de un seguro choferil, Certificado de Antecedentes Penales, Certificación de Radicación de Planillas, seguro comercial y pruebas de dopaje, entre otros requisitos que, según los manifestantes no se le exigiría a las nuevas compañías.

“Estamos bien satisfechos con el respaldo  masivo de todos los sectores porque el transporte se paralizó", agregó León, quien advirtió que están listos para ir a los tribunales en caso de que no les garanticen operar en igualdad de condiciones.

Recordó que en la Isla hay 40,000 transportistas cuyo trabajo procuran proteger.