El municipio de Utuado invirtió $2,234,619 en un proyecto de construcción que se encuentra en estado de abandono y que no ha tenido utilidad, reveló un informe de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR).

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El proyecto, que sería un coliseo municipal, se comenzó a construir en el 2011, pero en el 2012, el alcalde electo cambio el concepto a centro de convenciones. La construcción se detuvo en el 2019 por el paso del huracán María y por la falta de fondos. El elefante blanco ubica en la PR-10.

La auditoría también reveló que los registros de licencia de tiempo compensatorio del 80% de los 149 empleados que tiene el municipio, tenían hasta 307 horas de tiempo compensatorio en exceso de las 240 horas establecidas por la reglamentación vigente. Según la auditoría, dicha deficiencia indica que el Municipio no mantiene una administración adecuada del tiempo compensatorio, lo que puede ocasionar que se realicen pagos en exceso de las horas acumuladas.

Además, al 24 de septiembre de 2020, el Municipio no había actualizado el reglamento del Personal de Carrera y Personal de Confianza con el aprobado en el 2002, ni el reglamento para el Empleo de Personal Irregular con el aprobado en el 2007. Esta situación tiene el efecto de no tener un sistema adecuado para la administración del personal.

De otra parte, según el informe, el encargado de propiedad del municipio, no había realizado los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble de los años fiscales de 2019 y 2020. La Contraloría también dio cuenta de la desaparición de gabinetes, estufas y neveras pertenecientes a los programas “Head Start” y “Early Head Start”, cuyo valor asciende a los $28,267. En total, 11 artículos no fueron localizados y otros 14 no tenían marcados su número de propiedad.

Otros hallazgos revelan deficiencias con el archivo inactivo, la falta de procedimientos escritos para conservar documentos, ausencia de inventario, y la falta de listas de disposición de documentos. “Además, las áreas de archivo carecían de equipos para salvaguardar los documentos, de anaqueles suficientes y el techo tenía filtraciones. Esta situación se atribuye a que los alcaldes en funciones no protegieron adecuadamente los intereses del Municipio, los funcionarios no supervisaron estos procedimientos y el encargado no cumplió sus funciones”, informó la Contraloría en un comunicado.

El informe, que cubrió del 1 de diciembre del 2018 al 30 de junio del 2021, encontró que el municipio tuvo que pagar la cantidad de $84,387 como resultado de varias demandas que fueron radicadas por empleados o exempleados del municipio, por concepto de discrimen político y/o incumplimiento de contrato y todavía enfrenta otros siete pleitos de esa misma naturaleza, con un monto de sobre $45 millones en reclamaciones.

De otro lado, el Municipio mantenía 16 cuentas de fondos especiales por la cantidad de $287,167, inactivas por más de 27 meses, lo que imposibilita a la contabilidad municipal al mantener fondos inactivos durante años, en los libros e informes fiscales.