Río Grande. Un grupo de pescadores y residentes del sector Las Picúas, en el barrio Palmer, en la Ciudad de El Yunque, instaló este jueves el campamento de protesta Erizo para exigir que se abran, y permanezcan abiertos al público, los 14 accesos a la playa de esa zona, así como a la rampa natural que han usado por décadas.

Mientras llevaban a cabo una limpieza de la playa como parte de su protesta, el diverso grupo condenó que personas que catalogan como “invasoras” hayan ido construyendo a lo largo de esa costa, que es parte de la Reserva Natural Río Espíritu Santo, y continuamente cierren los accesos al público, con lo que describieron la complicidad de las autoridades.

“Estamos exigiendo el libre acceso a las playas de Río Grande. Río Grande tiene 14 millas de costa y no tiene un acceso visible”, afirmó el pescador José Torres, quien funge como uno de los portavoces del campamento, que reúne a “pescadores deportivos, pescadores comerciales, residentes... los contribuyentes del pueblo de Río Grande”.

Agregó que “tenemos el problema con (el Departamento de) Recursos Naturales (y Ambientales, DRNA) que aquí en el área de Las Picúas, en el área costera, están construyendo sin ningún tipo de permiso, y no toman ningún tipo de acción”.

Torres aseguró, además, que el alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González, “tiene conocimiento” de la situación de falta de acceso a la playa que están denunciando, pero “se hace de la vista larga”.

“Así que decidimos los ciudadanos, tanto pescadores, como residentes, como visitantes, crear aquí el campamento Erizo en el área de Las Picúas para estar en protesta hasta que el alcalde tome acción con esta problemática que tenemos”, afirmó Torres.

El presidente de la Asociación de Pescadores, Ramón Piñeiro, indicó que se supone que en esa zona haya 14 accesos a la playa, pero “todos, tanto los vehiculares como los peatonales, están bloqueados. El único (acceso) abierto ahora mismo es este que lo abrimos ahora nosotros”.

Torres explicó que esa parte específica de la playa -donde se montó el campamento- es una “rampa natural” que han usado “de por vida, por más de 150 años”, los pescadores de Río Grande y Palmer que, además, “le pagan al DRNA un marbete por el trailer, y un marbete por la lancha”.

Agregó que, si cierran ese acceso, no hay otro disponible para los pescadores en esa área, y tendrían que recorrer una distancia “considerable” para encontrar otra rampa, en el río Espíritu Santo, Luquillo o Fajardo.

Otro de los manifestantes, el pescador Jesús Acosta Berríos, denunció que, paralelamente con el cierre de los accesos, en esa área están sucediendo un sinnúmero de construcciones ilegales.

“Esas personas que están aquí, que vienen aquí, que son los verdaderos invasores, han estado haciendo construcciones y entonces se apoderan también de la playa”, comentó, señalando a un grupo de residencias que tenían la apariencia de construcciones recientes, ubicadas a pocos pies de la orilla del mar.

“Hace poco, hubo un tractor que se metió a la playa que está un poco más abajo e hizo un bolsillo de playa frente a un trailer que tienen puesto ahí. Un digger (excavadora) se metió dentro de la playa, dentro del agua, y excavó para hacer un bolsillo de playa donde no lo había, una piscina de agua salada, privada. Y eso es totalmente ilegal”.

Acosta aseguró que “tenemos varias querellas en Recursos Naturales y en la Policía de Puerto Rico. Y nos movemos a hacer esto (la protesta) precisamente por eso, la inacción del gobierno”.

No solo se han querellado por los portones ilegales, sino que, según condenó el mismo DRNA, colocó una valla impidiendo el acceso a la rampa natural, que los manifestantes derribaron.

“Esa valla la pusieron el día lunes de la Semana Santa. Ahí nos cohibió de nosotros salir. Eso es nuestro ‘high season’ (temporada alta), la Semana Santa, donde se consigue el pescado y se vende. Y da la casualidad que cuando llegamos aquí estaba Recursos Naturales con su biólogo poniendo una valla”, denunció, agregando que la explicación que dieron es que “era zona protegida”.

“Se ha usado por más de 150 años, y ahora es zona protegida. Y no se habló con la comunidad. Y ellos saben. Francisco Javier Guzmán, el biólogo de Recursos Naturales, sabe que es la única entrada para pescadores, la única. Y entonces la cerró”, insistió Acosta. “Pero aquí estamos, limpiando. Ahora nosotros le vamos a enseñar a él qué es una zona protegida para el disfrute del pueblo. Y hasta que no se abran los 14 accesos, vamos a permanecer aquí”.

Viviana Collazo Ortiz, una residente del área que dijo apoyar 100% a los pescadores, se hizo eco de las denuncias y afirmó que hace algunos meses, en una noche, divisó “unas luces enormes, grandes, hacia esta área de la reserva del bosque. Y en eso estaba el señor Francisco Javier (Guzmán, oficial de manejo), el vigilante, con su camioneta pasando por la orilla y me le acerqué a preguntar, y le digo ‘mire, hay una luz bien grande por allá, vaya y averigüe qué es lo que hay. Eso no se supone que esté aquí. Y me dijo, ‘no eso está controlado y no se puede ir para allá’. Se lo estoy diciendo en persona al vigilante… y no me hizo caso. Y a los días después me entero que habían hecho una pocita”.

De hecho, cuestionaron cómo es que se han permitido todas esas construcciones en un área que es una reserva, “sin permisos y sin nada. Y están cerrando los accesos por sus pantalones, por su cuenta. Están construyendo para Airbnb, para negocios. Alquilan sin permisos y sin nada, y han hecho de las playas de Río Grande un desastre. Y alguien le consigue la luz, el agua, los permisos para todo eso. Mire donde está esa piscina (señalando a una casa cercana), tan cerquita como eso. Si aquí se hace un deslinde, esa piscina... el deslinde queda en el medio de la piscina. ¿Pero quién les dice algo?”.

Reaccionan el alcalde y el DRNA

El alcalde González, por su parte, sostuvo que respalda la apertura de los accesos y que inclusive advirtió al DRNA de no colocar la valla que impedía la tradicional entrada de pescadores a la rampa natural. Agregó que tampoco ha emitido permiso alguno para el desarrollo de construcciones en la zona.

“Le advertí al biólogo y a la secretaria de Recursos Naturales (Anaís Rodríguez Vega), que poner esa valla lo que iba a provocar es lo que está pasando”, comentó, agregando que las controversias en al área de las Picúas no son nuevas, y ha habido conflictos entre pescadores y compradores, así como con los desarrollos privados que se han dado en esa área.

Indicó que el DRNA puso la valla argumentando que buscaban proteger la zona y los nidos de tortugas, porque había personas entrando vehículos hasta la arena, haciendo camping y pernoctando allí lo cual está prohibido. Insistió, sin embargo, que alertó que, si cerraban el acceso a los pescadores había que buscarles una alternativa. “Pero no hicieron caso”.

Agregó que, incluso, trató el asunto con la secretaria del DRNA a través de la oficina del representante Carlos “Johnny” Méndez, porque entendía que antes de cerrar el acceso debían visitar el área, hablar con los residentes, y todavía más atender antes el asunto de las construcciones desmedidas que estaban ocurriendo allí.

Sostuvo que, en lo que refiere a los portones que se han colocado en los accesos, el municipio eliminó uno el año pasado que estaba por el área de los pescadores, y que los vecinos se habían aprovechado y le habían puesto cadenas. Agregó que queda otro portón electrónico sobre el cual el municipio se querelló, y le habían revocado el permiso, pero habían ido ante el Tribunal Apelativo.

Agregó que el Apelativo había rechazado ver el caso, por lo que iban a solicitar un recurso para poder entonces eliminarlo.

“Pero la situación de la permisología está que, hasta que alguien no se querelle, recibes la permisología sin problema; y si no hay ninguna querella, todo se queda así. Y así está el nuevo sistema ahora. Inclusive no requiere de endosos ni nada”, condenó.

El alcalde fue categórico en que “estoy en contra de los portones”, pero aclaró que no puede eliminarlos sin pasar por todos los procesos de ley.

Sobre las construcciones en el área, González fue también tajante en que “le puedo confirmar que yo no endoso proyecto ninguno. El Municipio no ha endosado nada”.

Por su parte, la secretaria del DRNA expresó en declaraciones escritas que “luego de denuncias por la entrada de vehículos a un área protegida, que es zona de anidaje de tortugas, el Cuerpo de Vigilantes intervino y actuamos de inmediato con el objetivo de proteger ese lugar en donde, hasta el momento, se han reportado 50 nidos de tortugas”.

“El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no cerró el acceso a la playa; allí está permitido la entrada de residentes, vecinos, pescadores y cualquier persona que vaya a usar, de forma pasiva y recreativa, ese recurso. El acceso de vehículos está prohibido, precisamente, por ser una zona a donde las tortugas van y establecen sus nidos”, añadió.

“Para todos los que trabajamos en el DRNA es fundamental preservar y proteger el hábitat de estas especies que están en peligro de extinción”, insistió la secretaria.

“Por otro lado, debe recordar que las vallas y los letreros colocados por personal de la agencia en ese lugar son propiedad pública, por lo que removerlos o, peor aún, destruirlos, constituye un delito”, advirtió.

“Mi invitación a todos los ciudadanos es a respetar la propiedad pública y a colaborar en la protección de esa zona protegida”.