Medicación de drogas, alternativa al crimen.

Ante estadísticas que reflejan que el trasiego de drogas genera sobre el 90 por ciento de los crímenes violentos en Puerto Rico y sobre el 70 por ciento de los asesinatos registrados, el representante popular José “Conny” Varela señaló que es hora de que se piense en un posible modelo de medicación de drogas.

A esos fines, Varela propuso que la Asamblea Legislativa cree una comisión especial conjunta para el estudio y posible implantación de un modelo de medicación de drogas.

“Nunca se ha constituido una comisión conjunta de ambos cuerpos legislativos sobre este asunto”, dijo Varela ayer en una rueda de prensa, en la que dio a conocer la resolución conjunta de la Cámara que estaría radicando para crear su propuesta comisión conjunta de la Legislatura.

Varela explicó que se propulsa así para lograr el compromiso del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, para que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones a que llegue esta comisión conjunta “se puedan implementar”.

A su juicio, la droga es un problema que genera grandes cantidades de dinero y, “si el Gobierno decide poner en vigor la medicación de la droga, estaríamos reduciendo dramáticamente los crímenes violentos que se centran en la lucha por los puntos de drogas”.

Destacó como dato significativo que en la década pasada -de 1990 a 2000- se cometieron en Puerto Rico sobre 7,500 asesinatos, de los cuales se relaciona un 75 por ciento con causas derivadas del uso y tráfico de sustancias controladas.

“Yo, como legislador, me estoy cuestionando por qué no buscamos otro modelo para atacar este problema”, planteó el representante popular.

A modo de ejemplo, Varela dijo que en Suiza, debido a la medicación de la droga, bajaron en un 30 por ciento los crímenes.

Otro aspecto que considera importante es el área de la rehabilitación.

“En Puerto Rico se trata como un asunto de seguridad pública y no se mira como un problema de salud, ni se presta rehabilitación. Aquí no se enfoca la prevención ni la rehabilitación, para luego lograr la inserción social de la persona, del adicto, a la comunidad”, argumentó al subrayar que “esa falta de cohesión en la implementación de una política pública integrada, nos ha puesto en franca desventaja”.

En la exposición de motivos de la medida se hace referencia a estudios que demuestran que en Puerto Rico se estima que alrededor de 280 mil ciudadanos son dependientes de sustancias controladas.

“Los modelos de intervención y atención de este complejo problema social por parte del Estado han centrado por muchos años sus esfuerzos y recursos en políticas de interdicción y castigo, que a todas luces no han sido efectivas, ni permiten implantar modelos salubristas para que el adicto supere su condición y escape de las redes e intereses de los controladores del lucrativo ‘negocio’ del tráfico y distribución de las drogas ilegales”, consignó.

La Comisión Especial Conjunta que propone estaría integrada por siete senadores y siete representantes, incluidos los portavoces de las delegaciones, así como los presidentes de las comisiones de Salud.