Por entender que otorgaría a una entidad privada facultades inherentes del Estado y que violentaría las leyes que reglamentan las marcas, los departamentos de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el de Agricultura, más la Asociación de Industriales se sumaron a las voces que se oponen a la aprobación de un proyecto de ley que regiría la Asociación Productos de Puerto Rico (APPR).

La medida, de la autoría de los senadores populares José Luis Dalmau y Ángel Rosa, derogaría la ley que, desde 1913, guía la promoción de los productos hechos en Puerto Rico, y establecería un nuevo estatuto que reglamentaría el funcionamiento de la Asociación Productos de Puerto Rico, entidad privada encargada de implementar las disposiciones de la ley de principios del siglo XX.

El principal reparo expresado por los ponentes que comparecieron este miércoles ante la comisión senatorial de Cooperativismo, Pequeñas y Medianas Empresas y Microempresas, es el derecho exclusivo que se le confiere a la APPR sobre la marca "Hecho en Puerto Rico".

Jaime L. García, director ejecutivo de la Asociación de Industriales, planteó que el uso de esa frase como una marca violentaría el derecho marcario debido a su referente geográfico, y dijo que darle completa autoridad a la APPR para utilizarla o autorizar su uso fuera de la Isla limita a las entidades gubernamentales y entidades privadas que quieran igualmente promover bienes y servicios fabricados localmente.

"Esta frase es propiedad del pueblo de Puerto Rico y de todos los puertorriqueños, y no admite privatización ni limitaciones a su uso", advirtió García durante la vista pública.

En sustitución de la pieza legislativa, García exhortó a desarrollar de manera articulada una "marca país" con el fin de fortalecer la economía al fomentar el turismo, las exportaciones y la inversión mediante una imagen establecida en consenso que represente a Puerto Rico y sus productos y servicios.

"Es una estrategia capaz de unificar nuestra imagen de los países en el exterior, contribuyendo directamente a nuestra competitividad", subrayó García.

El DDEC y Agricultura centraron sus objeciones en los límites que le impone el proyecto a las prerrogativas del gobierno de promover los productos del país en busca de activar la economía.

"La ley le confiere a la Asociación (APPR) control total sobre el desarrollo y comercialización de la marca 'Hecho en Puerto Rico', así como también la facultad exclusiva -sin participación de ningún otro actor que no sea de la Junta de Directores nombrada por los socios de la asociación- de determinar qué es o puede ser considerado un producto hecho en Puerto Rico", advirtió la secretaria de Agricultura, Myrna Comas.

"Se trata de asuntos sobre los cuales el gobierno debe tener injerencia, en específico el Departamento de Agricultura cuando concierne productos agrícolas o derivados del agro", enfatizó Comas.

El proyecto de ley ordena a las entidades del gobierno a requerir una autorización de la APPR para utilizar la marca "Hecho en Puerto Rico" antes de impulsar cualquier programa o campaña publicitaria para promover los bienes y servicios producidos en la Isla.

Francisco Chévere, director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, también censuró las trabas que la medida le impone al gobierno, y además alertó que la pieza dispone una asignación de $250,000 anuales a la APPR, que preside el empresasrio Manuel Cidre, fundador de la panificadora Los Cidrines.

"Tomando en consideración la precaria situación fiscal por la que atraviesa nuestro país, consideramos necesario que previo a aprobar esta medida, se consulte con el Departamento de Hacienda y con la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre estos aspectos económicos", subrayó Chévere.