Más de $7 millones se quedaron sin reclamar en premios de la Lotería Electrónica durante el año fiscal 2020-2021, un dinero que pudo haber estado en los bolsillos de quienes compraron el boleto ganador.

Según datos suministrados por el Departamento de Hacienda, agencia que opera las loterías en la isla, un total de $7,091,202 en boletos ganadores de la Lotería Electrónica no fueron reclamados en el periodo que comprende del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.

Y no se debe a que el ganador no tiene tiempo para pedir su premio, pues la Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional (Ley 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada) estipula que tiene 180 días -que son unos seis meses- para reclamarlo.

“El derecho a cobrar un premio caducará a los ciento ochenta (180) días contados desde el día siguiente a la fecha en que se verifique el sorteo correspondiente”, establece la ley.

Los 180 días aplican para todos los sorteos, incluyendo el jugoso Powerball que suma $570 millones para el que está programado para hoy, miércoles.

Después de los 180 días, el dinero queda “para beneficio del Gobierno de Puerto Rico” y se deposita en el Fondo General, la alcancía principal de la administración gubernamental. Por ley, unos $3 millones deben pasarse al Fondo Especial para el Desarrollo de las Categorías Menores que administra el Departamento de Recreación y Deportes con el fin de promover “actividades relacionadas con la recreación y los deportes en el país, enfatizando aquellas actividades dirigidas a personas con impedimentos”.

En el caso del Powerball, el dinero regresa a las jurisdicciones donde se vendieron los boletos para ese sorteo. Además de Puerto Rico, los boletos del Powerball se venden en 45 estados, Washington, D.C. y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Cabe destacar que los ingresos que producen las jugadas también se destinan a otros programas del gobierno. Según Hacienda, en el pasado año fiscal se distribuyeron $34.1 millones entre las siguientes iniciativas:

• Programa de Subsidio de Arrendamientos y Mejoras para Viviendas de Personas de Mayor Edad con Bajos Ingresos
• Fondo de Equiparación de Municipios CRIM
• Fondo Especial para el Desarrollo de Categorías Menores
• Fondo de Servicios Contra Enfermedades Catastróficas Remediables
• Fondo Especial para la Universidad de Puerto Rico
• Comité Olímpico de Puerto Rico
• Programa de Enseñanza de Ajedrez
• Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos

De acuerdo a Hacienda, además de las aportaciaciones a los diferentes programas, las Loterías de Puerto Rico han pagado a sus comerciantes y vendedores sobre $100 millones en comisiones y alrededor de $556 millones en premios a los jugadores.

Entonces, ¿qué pasó con el ganador que no reclamó su premio? Hacienda no tiene forma de saberlo. Tal vez el boleto se fue con todo y pantalón para la lavadora, no estuvo pendiente al sorteo, se emocionó tanto que se fue a celebrar y se le olvidó, se le perdió, o tristemente, fue a reclamar los largos millones del Powerball el día 181.

En Puerto Rico los premios de $800 o menos se pueden reclamar ante cualquier vendedor autorizado de la Lotería Electrónica. Mientras, los premios de hasta $25,000 se pueden reclamar en las colecturías de Hacienda y en los Centros de Cambio de Lotería Tradicional. Los premios mayores de $25,000 se reclaman en la oficina central de la Lotería Electrónica en Hato Rey.

Hacienda ni tampoco las Loterías de Puerto Rico notifican al ganador tras un sorteo. Si recibes una llamada o correo electrónico de que te van a decir los números ganadores a cambio de dinero, es fraude.

“Igual que las llamadas de que ‘tengo un familiar tuyo y me tienes que pasar $500 por ATH Móvil’, ese tipo de cosas se da”, confirmó la portavoz de prensa de Hacienda, Vilmar Trinta.

Está prohibido vender boletos de lotería a menores de 18 años, vender boletos sin estar debidamente autorizado por el gobierno, o vender boletos a un precio distinto al oficial, y cuidado con tener a la mano un boleto falso.

Incurrir en estos delitos conllevaría desde seis meses de cárcel y multas desde $5,000, según dispone el Código Penal de Puerto Rico.