Marcos Rivera Ortiz aspira a la presidencia del Colegio de Abogados de Puerto Rico
El letrado anunció su candidatura bajo promesas de “salvar la situación precaria” que tiene la institución.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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El abogado Marcos Rivera Ortiz anunció este lunes que oficializará su candidatura para presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, una posición que le gustaría asumir para “devolverle el prestigio” a la institución y hacerla una de servicio a la comunidad.
Así lo expuso el candidato durante una conferencia de prensa en la que prometió que, de ser elegido, evitaría que el gremio sea “privatizado” o “politizado”, al tiempo que destacó la importancia de que el colegio gane nuevos miembros o recupere la confianza de aquellos que se han desvinculado en los últimos años.
“Quiero salvar la situación precaria que tiene el colegio”, dijo a la decena de abogados y abogadas que llegaron a Café 18 en Santurce a mostrarle apoyo, entre estos los licenciados Hiram Lozada y Edgardo Hernández (miembro de la Junta de Gobierno), así como el profesor de derecho Charles Zeno.
“Necesitamos una revitalización del colegio con sus propios abogados con su gremio, de manera que esa ilustre institución pueda integrarse a la comunidad. Tenemos que trabajar para que esta centenaria institución no se vea como un club privado. La comunidad tiene que ver al Colegio de Abogados y Abogadas como parte de la casa grande donde ellos puedan hacer sus reclamos de justicia. Voy en busca de restablecer lo que se ha perdido, y en muchos casos, lo que nunca hemos tenido. Mi vida ha sido un libro abierto para brindarle a la comunidad el acceso a sus derechos civiles y una justa representación en todos los foros de justicia. Por eso he anunciado hoy mi candidatura a presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico”, precisó Rivera Ortiz.
El aspirante es candidato a la presidencia del Colegio junto al licenciado Manuel Quilichini, quien es el actual primer vicepresidente de la institución. Las elecciones para elegir al nuevo presidente -cuyo cargo tiene vigencia de dos años- se efectuará durante la próxima asamblea de la organización en septiembre.
Según Rivera Ortiz, el colegio enfrenta una “crisis institucional bien grande” que se agravó con la pandemia.
“La pandemia ha sido desastrosa, pero antes de la pandemia hubo otros viruses. El colegio ha venido decreciendo su prestigio por años y su condición económica se desató con aquella tormenta tan grande. La realidad es que el colegio se está muriendo y necesita una inyección, un tipo de revolución interna -en el buen sentido de la palabra- para que los abogados que la abandonaron vuelvan a pelear por lo que es esa institución, no solo en lo económico, sino también en lo moral”, acotó aludiendo a que el panorama cambió cuando se aprobó la ley que convertía en voluntaria la colegiación de esa profesión.
En la conferencia se mencionó que en algún momento el colegio tuvo 15,000 miembros y que, actualmente, tiene poco más de 3,000.
Rivera Ortiz, autor de cinco libros, entre ellos unos dedicados a la discriminación racial en los tribunales, expresó que su agenda incluye la diversidad, el acceso directo a los recursos de asistencia y programas para los miembros del colegio.
Además, enfatizó en que “el gremio no debe ser privatizado”, pues pertenece a los abogados y comunidad jurídica.
“En mi presidencia las puertas estarán abiertas para todos sin distinción de clases. Los invito a abrir nuevos surcos en el terreno jurídico que nos presenta este desafío”, acotó
Rivera, quien es reconocido por haber sido abogado en los casos de Francheska Soto, quien en 2012 fue acusada y encarcelada por supuesto maltrato negligente a su hija de un año. En este caso, inicialmente, las autoridades señalaron que la bebé había sido abusada sexualmente, pero luego de investigaciones se determinó que la nena tenía infección vaginal porque su mamá le cambiaba poco los pañales.
El abogado siempre estableció una doble vara por parte del sistema hacia su cliente, una mujer pobre y vecina de un residencial público. El abogado también fue defensor de Alma Yariela Cruz, la niña negra que fue arrestada e imputada de cargos criminales por disputas escolares que iniciaron con un patrón de acoso por razones étnico racistas contra su persona.