Con su hijo de seis años, la maestra Melissa Pintado llegó ayer hasta el Viejo San Juan con una única misión: defender la educación pública del País.

Junto a ella, cientos de maestros, padres, estudiantes y jubilados -convocados por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep)- marcharon desde la Plaza Colón hasta La Fortaleza reclamando, entre otras cosas, la derogación de la Ley de Reforma Educativa, la reapertura de las escuelas cerradas, el rechazo de escuelas chárter, garantizar el pago de pensiones, y la protección de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“La educación debe estar accesible para todo y es deber del pueblo defender sus propios derechos. La educación es la base de cualquier pueblo. Pero los intereses económicos siempre han tenido un poder terrible, es menester nuestro abrir los ojos, ejercer nuestras funciones para arrebatar lo que es nuestro, que nuestros derechos esenciales sean respetados. De otra forma, siempre los privilegios van a estar en manos de unos poco y el pueblo pasando necesidad. Eso es el ejemplo de lo que es injusticia”, sostuvo la docente.

Precisamente, la protesta se da a días de que Julia Keleher renunciara como secretaria del Departamento de Educación y a su contrato de $250,000 con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, en medio de alegadas investigaciones federales por temas como venta de influencias de altos funcionarios y el contrato de Tus Valores Cuentan.

La exfuncionaria, que estuvo encargada de implementar la Reforma en el sistema educativo, aseguró el viernes en la Universidad de Yale que “alguien tenía que ser el adulto responsable” y defendió su labor en Educación.

Sin embargo, sus expresiones fueron rechazadas por varios líderes sindicales.

“Este año se cerraron 252 escuelas. Vamos a reabrirlas. Lo que dijo el Frente que iba a pasar, pasó. Los niños están hacinados, están sin transporte escolar, no tienen los servicios relacionados a terapias ocupacionales, de habla, lenguaje, sicológico. Tenemos maestros trabajando en infraestructuras viejas. Tenemos estudiantes en vagones. Todo eso no es solo culpa de Keleher, es responsabilidad de todos esos que votaron a favor de ella, comenzando por el gobernador”, denunció la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez.

Entre la información que ha trascendido tras la renuncia de Keleher, es la vinculación de Jay Rosselló, hermano del gobernador Ricardo Rosselló, con el negocio de las chárter en Puerto Rico. Y es que, la empresa de la renunciante funcionara, Keleher & Associates, tiene como cliente o socio colaborativo al bufete Hogan, Marren, Babbo & Rose [HMBR]. Esta firma ha promocionado las escuelas chárter y la persona de referencia para orientación es Jay Rosselló, quien figura como socio. HMBR tuvo un contrato con Educación de $155,000 por seis meses.

“Eso es una muestra de esta mafia gubernamental a la que nos están sometiendo. Es una falta de respeto. La educación es la espina dorsal del País y ellos no lo están viendo como un servicio esencial, lo están viendo como un negocio donde ellos pueden enriquecerse”, indicó la presidenta de Educamos, Eva Ayala.

Asimismo, la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, calificó el vínculo como “escandaloso”.

“Ayuda a explicar la insistencia del Ejecutivo en la aprobación de un proyecto –que se convirtió en la ley 85– que más allá de imponer la creación de las chárter no altera significativamente el ordenamiento de la educación pública. Es evidente que todo era parte de un mismo esquema y lo que procedería, si hubiera un poco de color en la cara en la Legislatura, es derogar esa ley”, apuntó.

La también comisionada electoral del PIP fue una de los varios políticos que participaron de la manifestación, pero no tomaron protagonismo, entre ellos estuvieron: Denis Márquez Lebrón, representante del PIP; Manuel Natal, representante independiente; y Alexandra Lúgaro, excandidata a la gobernación.

Problemas con las chárter

Santiago insistió en que uno de los efectos perjudiciales de las chárter es el desplazamiento de los estudiantes de educación especial.

“Está pasando en Bayamón, cuando conviertan en chárter la escuela Rafael Colón, se van 200 niños de educación especial que no tienen ninguna ubicación. Hay una niña, que esa es a la tercera escuela que va porque ya les han cerrado las dos anteriores. Es algo que ha representado mucho sufrimiento y que le sigue cerrando espacio a los niños con discapacidad funcional”, señaló la exlegisladora.

El legado de Keleher

Varios líderes sindicales recordaron que durante las vistas de confirmación se opusieron al nombramiento de la exsecretaria, también lo hicieron para la ley de la Reforma Educativa, pero en ambas ocasiones fueron infructuosos sus reclamos.

“Nosotros desde el día uno dijimos a lo que venía Keleher, que era una empresaria y venía a privatizar y cerrar las escuelas. No nos hicieron caso y nos tildaron de intransigentes, de que siempre estábamos protestando, una vez más el tiempo nos da la razón”, añadió la presidenta de Únete, Liza Fournier.

Por su parte, Martínez describió los dos años de jefatura de la exjefa del sistema educativo público como una de generación de “desasosiego, desánimo y sufrimiento”.

“Estamos hablando de seres humano, de cerca de 75,000 estudiantes que fueron impactado directamente con el proceso de cierre de escuelas. Estamos hablando de comunidades que están defendiendo sus escuelas porque funcionan, porque les sirven a sus niños y vienen los privatizadores a quererse apropiar, de colegios que ven en nuestro Departamento una alcancía y ven los lotes vacíos ahora y por $1 les regalan el plantel para ellos hacer sus negocios, esto es una vergüenza. Keleher sabe que su trabajo fue desmantelar la educación pública, ella lo dijo desde el primer día, ella dijo que venía a cumplir con el plan de la Junta de Control Fiscal, pues lo hizo”, detalló.

Al llegar frente a La Fortaleza, Jinnette Morales, del Movimiento por la Niñez, culpó a los jueces del Tribunal Supremo por validar la ley 85 que dio paso a las chárter y los vales educativos, que habían sido declarados inconstitucionales bajo la admiración de Pedro Rosselló.

“Los jueces del Supremo validaron la ley 85 sabiendo que es inconstitucional usar fondos públicos para los mercaderes. Son una vergüenza y deberían renunciar”, requirió.

La UPR “debería ser esencial”

También, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Ángel Rodríguez, destacó la labor económica y social que juega la UPR en el quehacer del archipiélago borincano.

“Cada dólar que se invierte en la UPR genera alrededor de $1.56. No solamente eso, sino que no hay tal ahorro en el presupuesto del gobierno que en los últimos tres o cuatro años se ha mantenido estable, lo que se ha reducido es el gasto en servicios esenciales porque se utiliza para pagarle a los bonistas”, expuso.

Además, criticó el “proceso de privatización” del sistema de educación pública que va desde preescolar hasta grados doctorales.

“El proceso de privatización que rechazamos se da de distintas maneras, se da desde las escuelas chárter, se da desde el desmantelamiento de la Universidad con la reducción de beneficios marginales, con el aumento en los costos de estudio a los estudiantes... un desmantelamiento de la Universidad, pero que está ligado al desmantelamiento de la educación pública y dejarlo en manos privadas que viven de la especulación económica”, dijo.

Esta semana, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó la revisión del Plan Fiscal del sistema universitario que, entre otras cosas, aumenta el costo del crédito subgraduado de $115 a $124 para agosto del semestre entrante, disminuye la aportación patronal del plan médico a $350, y limita las exenciones de matrícula subgraduada.

“La educación debería ser un servicio esencial porque es la base del desarrollo económico”, adujo.

Entran a La Fortaleza

Posteriormente, los líderes del Fadep tuvieron una reunión en La Fortaleza con Reinaldo del Valle, asesor educativo del gobernador.

“Hoy recibimos a líderes del magisterio y del sistema educativo, quienes expresaron varios puntos relacionados al sistema público de enseñanza. Esta administración tiene un firme compromiso con la educación, por lo que estaremos evaluando los planteamientos presentados”, le comunicó por escrito el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, a Primera Hora.

Sin embargo, los gremios la catalogaron como “infructuosa”.

“El problema es que nos recibe personal que su poder decisional es muy limitado o ninguno”, precisó Rodríguez.  

Denunciaron que Rosselló, a pesar de las peticiones, nunca se ha reunido con el Frente.

“Este es un momento umbral para el gobernador. El tema de la educación es lo más importante en estos momentos. Él debería reunirse con nosotros”, pidió Carmen Warren del Comité Timón de Padres de Niños de Educación Especial.