A juicio de adversarios políticos de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, su imagen ha quedado maltrecha tras la controversia por la verja con la que cercó la ciudad amurallada y la implantación de puntos de cateo, declarado inconstitucional y violatorio de los derechos civiles por el Tribunal de Instancia de San Juan.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, expresó que “el poder hace que se revelen tantas cosas de una persona”, refiriéndose a que la proyección pública de la alcaldesa había sido una de defensora de los derechos ciudadanos.

“Le ha tocado protagonizar una controversia muy penosa porque convertir en un slogan 100 por ciento cateo, un intento de violentar los derechos civiles de la ciudadanía, es algo que me imagino que mucha gente no esperaba de ella”, dijo.

“Creo que hay un elemento más que ideológico, administrativo. Aquí se invirtió, por ejemplo, en las verjas que pretendían convertir a San Juan en un campo de concentración y se procuró establecer un sistema de seguridad en exceso de las facultades que le concedió la legislatura municipal”, apuntó.

Santiago destacó que ha habido costos por la implantación de las medidas, gastos de litigio, impulsado por una “actitud irracional, porque no quiero creer que  el municipio no cuenta con un abogado, que pudiera advertirle las consecuencias”.

“Me parece una actitud temeraria. El tema se estuvo discutiendo dos días en la legislatura municipal para lograr el lenguaje de la resolución que todo tiene que estar sujeto a las garantías constitucionales”, dijo.

Según la senadora pipiola, esto se une a la posición “tibia” que asumió ante el atropello del magisterio con la Ley de Retiro.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Navarro, dijo que lo  que ocurrió con la forma como Cruz quería implementar la seguridad ha demostrado su incapacidad para administrar unas fiestas, a las que se estaba  acostumbrado, los 12 años anteriores.

“Aquí no hay nada nuevo que no se haya hecho anteriormente. Al querer tener un show mediático de que en las fiestas se iba a catear un 100 por ciento, eso activó a las organizaciones que defienden los derechos humanos, con el resultado que dio el tribunal, que le dio un tapaboca que no podía utilizar los cateos”, acotó.

“No estoy en contra de las medidas de seguridad. Patrocino lo que hace Ponce en las Justas, que hace puntos de cotejo voluntario, que tú pasas por la máquina, el detector. Si la policía ve que llevas un bulto, te preguntas si no llevas bebida o algo. Esa es la forma responsable de respetar los derechos humanos porque tú no tienes prueba de nada”, dijo.

“Anoche fui a la fiesta y estaba vacío. La gente la boicoteó o no confió en ella. La actitud de que no le gustaban las verjas. Ellos no respetan”, dijo.

A juicio de Navarro, Cruz no ha servido como buena administradora en lo que es la seguridad en las Fiestas de la Calle San Sebastián, se refiere. Comentó que hay que investigar el costo de la verja y la compañía de seguridad contratada.

El senador por el Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Nieves, dijo que como abogado, entiende que en el futuro el municipio  debe examinar mejor los límites legales y constitucionales para tomar medidas de seguridad.

“En cuanto a las verjas, la propia alcaldesa dijo, según su parecer, que se había equivocado. La alcaldesa rectificó ayer (jueves) mismo. Me parece que estas fiestas que han alcanzado un nivel de asistencia extrema, las más concurridas en Puerto Rico,  lo más importante es que  los organizadores y el  municipio todos los años, aprendan cómo asegurarnos siempre, que sean unas fiestas seguras y no ocurra una desgracia”, señaló.

“A mí lo que me pareció un poquito exagerado, en cuanto a la preocupación constitucional, era el registro con la máquina para verificar si había algo en la cartera, a ver si hay un arma blanca. Yo he ido actividades en Estados Unidos y he pasado por los mismos procedimientos. No veo cuán diferentes son las medidas de seguridad con los que se dan en Estados Unidos. Compartimos la misma Constitución” apuntó.

“Voy a respetar la decisión del tribunal al respecto. Me consta que la juez Griselle Romero es muy estudiosa y muy competente. Igual que  Aclu, (Unión Americana de Libertades Civiles), que es  una entidad muy responsable que ha estado siempre al lado de los derechos civiles en este país y se respeta el trabajo que han hecho en este caso”, recalcó.

¿Cómo ha quedado la imagen de la Alcaldesa?

Creo que el país debe reconocer que la alcaldesa ha hecho unos esfuerzos para que todos estemos más seguros en las fiestas.

Nieves comentó que le resulta irónico que algunos de los detractores por el PNP y algunos precandidatos a posiciones en San Juan del PNP,  incluyendo la Alcaldía, se están rasgando las vestiduras por los derechos civiles, mientras hicieron silencio y apoyaron totalmente cuando se cerraban las gradas del Senado y se macaneaban estudiantes, que estaban ejerciendo sus derechos.

“Ahora son los paladines de los derechos civiles”, dijo.