A una semana de que deban comenzar las clases en el sistema público de enseñanza, los maestros y personal administrativo que componen el Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro para Maestros decretaron este martes un paro de 48 horas en busca de que se derogue de inmediato la recién aprobada ley que modificó el sistema de pensiones.

Los miembros del frente amplio, que reúne a sobre 27,000 educadores, a directores y superintendentes de escuelas, no descartan la huelga general, pero determinaron comenzar las protestas con la paralización de las labores en los planteles de la Isla el martes de la semana entrante, cuando deben comenzar las clases del segundo semestre académico.

Durante el primer día del paro, las manifestaciones se concentrarán en las escuelas, y el miércoles se trasladarán a la sede del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en Hato Rey, para presentar su contrapropuesta a la nueva Ley del Sistema de Retiro para Maestros (Ley 160-2013), que el gobernador Alejandro García Padilla firmó el día de Nochebuena, y reclamar que se designe un comité de diálogo que intervenga en la controversia.

"Este es el inicio, la primera manifestación para ir escalando. Lo que va a pasar después, se decidirá en el camino", advirtió la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, entidad que forma parte del frente y que reúne a unos 25,000 docentes activos y 11,000 retirados.

“Nosotros tenemos distintas estrategias, hay un caso legal, (se propone) el comité de diálogo, esta protesta de ahora, y nosotros vamos a ir en escalada. Tú no te lanzas hasta que no agotas todas las alternativas, y entonces viene el remedio final que será la huelga indefinida”, añadió durante una conferencia de prensa efectuada al concluir una asamblea que reunió a cerca de 800 docentes de las regiones educativas de San Juan, Bayamón y Arecibo.

Díaz se refirió a una demanda que el Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro para Maestros someterá contra el gobierno este miércoles en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, junto a una solicitud de certificación que presentarán simultáneamente ante el Tribunal Supremo para que sea el máximo foro judicial el que atienda directamente la controversia.

Esta sería la segunda demanda que encara la administración de García Padilla relacionada con los cambios en el sistema de pensiones, pues ya la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura sometió un recurso que está ante el Tribunal Supremo impugnando las enmiendas al sistema de retiro de los jueces.

Tras anunciarse el paro de 48 horas, el secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, afirmó sin precisar detalles que procurará que el regreso a clases transcurra “con normalidad”, y dijo que el calendario académico permanecerá inalterado.

“El anuncio realizado hoy (martes) por el liderato magisterial de ninguna manera nos desenfoca de nuestra agenda de trabajo para garantizar un inicio de clases con normalidad a los 431,366 estudiantes que servimos. Nuestra agenda sigue inalterada, por lo que este jueves el personal docente regresa de vacaciones a nuestras escuelas y el día 10 de enero los planteles escolares estarán abiertos para que nuestros padres y madres visiten y recojan las notas del primer semestre”, dijo en unas escuetas declaraciones escritas.

“El martes 14 de enero, nuestra responsabilidad es con nuestros niños y jóvenes, a ellos nos debemos y no le podemos fallar. Nuestros estudiantes y sus familias esperan que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y estemos en el lugar que nos corresponde: nuestras 1,461 comunidades escolares. Es lo que Puerto Rico espera de nosotros”, subrayó el secretario.

Los maestros sí se presentarán a sus puestos este jueves, como dispone el calendario escolar, para orientar a sus compañeros sobre la estrategia de lucha a seguir, y el viernes acudirán a las aulas para recibir a los padres que recogerán las notas de los estudiantes.

Aún se desconoce qué acciones tomará ante el inicio de clases la Federación de Maestros, cuyos miembros protagonizaron agitadas protestas en el Capitolio mientras se debatía en ambas cámaras el proyecto que se convirtió en la Ley 160.

“No tenemos una posición todavía. Tenemos que reunir los cuerpos directivos para decidir qué vamos a hacer con relación a esa convocatoria”, dijo a este medio María Elena Lara, presidenta de la Federación de Maestros.

Lara señaló que los directivos de esa organización tenían pautado reunirse este domingo, pero ante el paro decretado, buscarán adelantar el encuentro.

Díaz, por su parte, hizo un llamado a la prudencia para evitar incidentes violentos durante las protestas, y a esos fines anticipó que instruyó a los militantes del frente amplio a no cruzar líneas de piquete, y exhortó, además, a salvaguardar la propiedad pública.

“Que quede bien claro, la Asociación de Maestros ni nadie del frente cruza líneas de piquete, sea de la organización que sea... Si hay otra organización que no sea del frente y tiene una manifestación o tiene un piquete, nosotros no vamos a cruzar líneas de piquete porque eso causa confrontación y violencia, y nosotros queremos evitar todo tipo de violencia”, sostuvo la líder magisterial.

 “Nosotros los maestros tenemos que dar a entender a este Gobierno y a los que se creían que no nos atrevíamos a ponernos de pie para defender nuestra dignidad el respeto que nos merecemos, les vamos a dar la lección del año: los maestros se respetan. Todo maestro que se respete, tiene el deber de estar en esas líneas el martes y el miércoles”, agregó.

Además de la Asociación de Maestros, integran el frente amplio la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), EDUCAMOS, Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico (ONDEPR) y la Organización de Directores y Administradores Escolares (ODAE).

Los dirigentes de todos los organismos coincidieron en que el Gobierno de García Padilla no ha demostrado un interés genuino en dialogar para evitar la crisis en el sistema de educación pública, y Díaz señaló que, en cambio, las reuniones que sostuvieron en La Fortaleza previo a la aprobación de la ley parecían un “monólogo” del primer ejecutivo sobre sus planes con el sistema de retiro.

Durante la asamblea celebrada en la mañana en el Museo de Vida Silvestre de San Juan, fueron múltiples los llamados a la unión de la clase magisterial y a la integración de los mecanismos de lucha.

“Si hubiésemos estado los 36,000 maestros (protestando en el Capitolio), la historia sería otra”, dijo a este medio Wilfredo Nieves, maestro de Estudios Sociales de la Escuela Juan Quirindongo Morell de Vega Baja, quien opinó que existe temor entre los educadores sobre una posible huelga indefinida.

“Este temor todavía está muy arraigado”, añadió al comentar algunas de las causas que, a su juicio, contribuyen a la desunión del magisterio.

Nieves, al igual que su colega Bethsaida Ostolaza, de la Escuela Amalia Expósito de Carolina, mostraron reservas sobre la efectividad que pueda tener una ofensiva escalonada en el plan para revertir los cambios al sistema de retiro en lugar de convocar de entrada una huelga general.

“Entiendo que era mejor entrar a una huelga indefinida porque un paro de dos días va a decir (el Gobierno) 'que se chave, que se tiren ahí...', y no creo que se logre mucho”, afirmó Ostolaza.

Sobre las posibles repercusiones que enfrentarían los maestros que participen en las protestas, Díaz indicó que la situación en la que ha quedado el magisterio tras los cambios al retiro es peor que cualquier sanción que se les pueda imponer.

“El Gobierno puede hacer lo que quiera hacer. Lo que pasa es que cuando a un ser humano se le mancilla la dignidad, está dispuesto a todo y no importa lo que vayan a perder, si lo han perdido todo”, sentenció.

García Padilla ha insistido en que la Constitución del Estado Libre Asociado prohíbe que los maestros impulsen o participen en huelgas, y ha advertido que quienes incurran en esa práctica se exponen a serias consecuencias.