Con dramáticos testimonios, varias maestras dejaron claro hoy durante una extensa vista legislativa por qué el magisterio se ha lanzado a la calle a reclamar justicia salarial y retiro digno.

El desfile de emociones durante la vista convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado dejó claro que, no solo viven las maestras y maestros condenados a sueldos injustos e insuficientes y pensiones de miseria, sino que además el Departamento de Educación (DE) los somete a un constante maltrato que incluye pésimas condiciones laborales, en lo que apunta a violaciones de sus propios reglamentos de varias leyes estatales y federales.

La profesora Joretssie Viera Ríos, de la escuela Pedro Rivera Molina, en Juncos, sostuvo que estaba dando “un grito de alerta por la educación de nuestros estudiantes” y para denunciar “las deplorables condiciones de nuestros planteles escolares”.

Aseguró que la escuela en la que labora, aunque de reciente construcción, fue entregada con vicios, que se agravaron con los huracanes Irma y María. Agregó que, ante la inacción del DE, los propios maestros se ocuparon de limpiar y rehabilitar el plantel.

Sin embargo, afirmó, los 45 maestros que laboran allí continúan expuestos a hongos, filtraciones y otros problemas que afectan su salud y la de los estudiantes. El salón de música sigue inhabilitado dese María, y hay ventanas y puertas rotas, un elevador dañado, un salón de kinder cuyo aire acondicionado bota agua “a borbotones”. Los salones se inundan con las lluvias, el salón de baile tiene la madera carcomida y el aire acondicionado roto, y por doquier los gabinetes están “llenos de comején”.

También, con voz entrecortada por momentos, la maestra afirmó que, gracias a su vocación, los maestros se ocupan de pintar, decorar, reparar y limpiar su área de trabajo, a pesar de su “maltrecho sueldo”.

Viera, que suma 26 años y cinco meses en su profesión, aseguró que su retiro es “de hambre e indigencia” y, según los cálculos antes del cambio bajo el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), tendría una pensión de $1,490 mensuales, que con los altos costos de vida y los costos médicos para atender sus condiciones de salud, “me quedarían 50 dólares”. Agregó que ni ha querido hacer los cálculos bajo el cambio, que sabe la dejarían con mucho menos, pues eso le provocaría caer en otra etapa de depresión, ya que posiblemente signifique que tenga que vender su casa.

Como si no fuera suficiente, denunció entre llanto que el DE la ha “humillado”, pues, en violación de disposiciones de la Ley ADA de protección a personas con discapacidades, no le ofrece un acomodo razonable para su condición de diabetes, problemas renales, desprendimiento de retina y glaucoma vascular que la ha dejado ciega del ojo izquierdo y problemas en una pierna que le han provocado la amputación de un dedo. Agregó que un compañero de trabajo, con situación médica similar, también está siendo obligado a cambiar de salón y subir escaleras, sin que se le ofrezca un acomodo razonable. La profesora Viera, entre llanto y visiblemente acongojada, no pudo siquiera terminar de leer su ponencia.

En otro testimonio, la doctora Eliat Soé García Correa, maestra de la escuela Ladislao Martínez Otero de Vega Alta, presentó una emotiva ponencia, que también interrumpió por momentos con un nudo en la garganta. Auguró que, ante la precariedad que enfrenta el magisterio, en un futuro cercano habrá una crisis de reclutamiento de futuros maestros, con la consecuencia que eso tendrá en la educación de los niños.

Como profesora universitaria, porque “soy de las que tiene dos y tres trabajos”, aseguró que puede dar fe que los centros de educación superior tienen cada vez menos estudiantes de pedagogía o incluso han dejado de dar esos ofrecimientos académicos por falta de matrícula. “Nuestros jóvenes no quieren ser maestros. ¿La razón? La precariedad a la que se condenaría por ejercer la labor más hermosa que existe, pero que en este país te condena a la miseria”.

Sostuvo que, según los cálculos de pensión tras la aprobación del PAD, su pensión “apenas llegaría a $750 y me condenaría a trabajar por 13 años más” allá de los 30 años de servicio. Recordó que, contrario a lo que ocurre en Puerto Rico, en otras jurisdicciones a los maestros se les reconoce la experiencia y el nivel académico, se les ofrece cobertura completa de seguro médico y otros beneficios, además de contar con los materiales y herramientas para poder hacer su labor.

Exhortó a “ofrecer mejores condiciones de trabajo” y “priorizar una mayor inversión en la base, las escuelas, el personal, los recursos, servicios al estudiante y materiales”.

La maestra Berlisse D. López Miranda, de la escuela Especializada en Cinematografía Cacique Agüeybaná Secundaria, se unió a las denuncias de pésimos salarios y deplorables condiciones de trabajo, así como pensión de pobreza.

Presentó tres casos reales para ilustrar la tragedia que vive el magisterio: una maestra de 43 años con 18 años de servicio que aspiraba a retirarse a los 30 años con $1,736, pero ahora con el PAD apenas recibiría $749.73, retirándose a los 63 años; una mujer de 54 años, madre soltera de dos jóvenes, también con 18 años de servicio, que recibiría una pensión de $1,575, y con el cambio bajo el PAD recibirá apenas $680.40 sin oportunidad de retiro social; por último, su propio caso, una maestra de 37 años y 11 años de servicio, cuya pensión hubiese sido de $1,925, pero con el PAD se reduce a solo $391.05, complementado con 20% de Seguro Social.

Culminó su ponencia con un poema, reclamando que “ser maestro en esta Isla, no debería doler tanto”.

A preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, sobre las condiciones de trabajo bajo las que laboran las maestras, la profesora Viera explicó que en su escuela, a pesar de muchas gestiones y de que se asignaron fondos, todavía no hacen las reparaciones necesarias. “Es lo más bochornoso que he visto en mi vida. De reciente construcción, una escuela preciosa, y que se nos esté cayendo encima. Es una dejadez con la juventud, con la educación del pueblo, increíble”.

Sobre los costos médicos que tiene, sostuvo que el plan médico tiene costo de $289 y los deducibles, por insulina nada más, son de $400 si es en “pen” y $125 si es inyectable. “Es lo que podemos pagar. Y no me quejo del plan, porque dentro de las capacidades y la realidad que se vive en Puerto Rico, es el mejor plan al que he tenido acceso. Ante mis condiciones, es el único plan al que un maestro, con un salario y una familia, puede acceder”, comentó.

García, quien tiene una amplia preparación académica que consiguió bastante joven, “con la falsa promesa de que, si ingresaba en la carrera magisterial, en algún momento iba a tener un mejor salario”, explicó que acumula $238,000 en deudas por su bachillerato, maestría, doctorado y otras dos certificaciones graduadas.

Comentó que el DE incumple con sus reglamentos con ella y muchos otros empleados. Explicó que desde poco después de María está pidiendo traslado porque la casa que tenía más cerca de su escuela en Vega Alta quedó inhabitable tras el huracán, y “por cierto, la perdí”. Ahora vive en Arecibo y, aunque “hago el 1 desde Dorado hasta Quebradillas” en todas las listas, una y otra vez le han pasado por encima y todavía no le conceden el traslado, pese a que ha habido plazas disponibles de maestra. Tampoco le han dado traslado en siete intentos de solicitud para plazas de directora escolar, ni en otro más para directora de programas. “Hago el 1 en todas las listas. Pero siempre nombran al seis, al siete, al diez, y nunca a esta servidora. Nunca he tenido acceso a las rubricas de evaluación del proceso de entrevista. Y cuando impugno, me contestan, no ha lugar”.

Afirmó que el DE viola reiteradamente sus propios reglamentos de reubicación de empleados y recursos humanos, para favorecer a empleados por consideraciones políticas. “La persecución en la agencia a todo aquel que tiene una voz disidente es increíble”, afirmó.

López agregó que el hecho que le nieguen constantemente el traslado o plaza de ascenso, afecta los servicios de educación especial que necesita su hijo del medio de educación especial, porque no puede llevarlo a tiempo a su centro de servicios, porque trabaja a una hora de distancia.

Denunció también que, pese a que el DE dijo en 2018 que los maestros contaban con licencias digitales para el material educativo, para el 2020, cuando empezó el cierre por la pandemia, intentaron usar esas licencias para las clases, pero se encontraron con que el DE no había renovado las licencias en el 2019, y no pudieron usar ese material didáctico. “A la prensa y al país en general se le dijo que los maestros tenían libros nuevos, que tenían libros digitales. La mentira más grande. Tuvieron libros por 10 meses, por 12 meses. Llegó la pandemia y no teníamos material didáctico para trabajar a distancia. Esa fue la verdad”, afirmó.

“¿Condiciones de trabajo? Carecemos de todo”, afirmó García, agregando que se tienen ocupar ellos de arreglar el área de trabajo, el tiempo de trabajo “excede las cuatro horas al día al final el horario de trabajo”, el plan médico “no da el dinero” y tiene que añadir $250 para poder incluir sus hijos en un plan familiar, por encima de los $120 que le ofrece el DE.

La maestra López, hasta hace poco madre soltera de dos niñas de educación especial, explicó que no ha podido lograr una mayor preparación académica más allá de su bachillerato, porque la situación económica no le permitía incurrir en deudas de un préstamo estudiantil y tampoco tenía con quien dejar a sus hijas mientras estuviera estudiando.

“Mi día termina a las 12:00 a 1:00 de la mañana, todos los días, lunes a domingo. Y siempre voy a mi escuela preparada y siempre mis estudiantes tienen su clase no improvisada. Yo doy clases de verdad”, aseguró, añadiendo que también da tutorías en refuerzo extendido. “Y para buscármela, para ocasiones especiales, especialmente en el verano, hago artesanía en madera y canvas”.

“El plan médico, no puedo incluir a mis hijas en el plan médico que me da el gobierno, porque tiene que ser entonces uno familiar y me costaría $500 y pico. Así que buscarle un plan médico individual a cada una, porque las dos son niñas que tienen condiciones y no puedo tenerlas desprovistas de plan”, detalló.

“Me negaron el plan médico de la reforma, por $26, me negaron los cupones por $26, en exceso según sus tablas. Y no tenemos acceso a vivienda ni nada de eso. Así estamos los maestros, en el jamón del sándwich, bien aplastaditos. Y las madres solteras, es triste decirlo, son las más abandonadas por este sistema. Hacen de tripas corazón. Y nuestros hijos a veces no entienden que mamá no puede llevarlos a Disney, como sus compañeritos, porque se nos hace bien cuesta arriba llevar un hogar”, agregó.

En la vista también depusieron representantes de los gremios Federación de Maestros, EDUCAMOS, UNETE y Asociación de Maestros, quienes también expusieron relatos similares, de estructuras escolares en abandono, salarios precarios y pensiones de miseria. En el caso de los tres primeros, aseguraron además que continuarían manifestándose en las calles hasta que atiendan sus reclamos.