Más de 200 niños y niñas estudiantes de la Escuela Nemesio Canales, ubicada en el residencial público del mismo nombre, se han visto afectados por la falta de clases en el plantel. 

Una treintena de madres reclamó ayer que, luego de acciones y decisiones sistemáticas tomadas por la directora del plantel, a quien identificaron como Brendalissa Rodríguez Dieppa, los estudiantes se han visto ante una escuela cerrada y han perdido 28 días de clases. 

Dijeron que la debacle comenzó en agosto del 2017, luego que Rodríguez Dieppa fuera trasladada allí, proveniente de otro plantel capitalino del que habría salido en medio del reclamo de destitución de parte de otro grupo de padres. 

Rosa Martínez, presidenta del consejo del residencial, explicó que hay una inquietud con respecto a la directora de la escuela, y “los atropellos” contra los niños y padres. 

Resumió que Rodríguez Dieppa llegó primero a dirigir la escuela ubicada en las afueras del residencial, la Nemesio Canales II, y una vez la cerraron, la pusieron a dirigir la escuela en el interior del complejo, la Nemesio Canales I, a donde fueron a parar todos los estudiantes de ambos edificios. 

“Aquí es que empieza la problemática, porque ella parece que no se sentía cómoda, y busca la manera de que nos cierren la escuela, pero agrediendo verbalmente, y haciendo cosas en contra de madres y niños de la comunidad”, alegó Martínez. 

Según explicaron, la directora ordenó en mayo pasado un cambio de uniforme, “con un costo un poquito elevado”, cuando la comunidad aún se recuperaba del embate de Irma y María, y “si no tenías eso no podías hacer la matrícula”. El pasado 28 de septiembre, dijeron, ordenó un súbito cambio de horarios para el mes de octubre, por una presunta situación sin explicar. Y recientemente, en octubre, “cerró la escuela”. 

Para entonces, trascendió en los medios que la directora, supuestamente, había sido amenazada, “cuestión que no fue así, porque ella lo que está haciendo es un teatro o montaje, o está viviendo una fantasía que no es real”. 

“Si fuera el caso que hay una situación de criminalidad, ustedes los medios, la fiscalía, todo el mundo estaría aquí. ¿Ella sabe cosas que nosotros no sabemos? ¿Cómo es posible?”, cuestionó una madre, destacando que si hubiera tales problemas de seguridad, ellas serían las primeras en no dejar ir a los niños a la escuela. 

Más aún, alegan que las maestras van y entran en todo momento al residencial. De hecho, su ponchador está en Canales I, que está dentro del residencial, y van a diario allí. “Y no les pasa nada. Ellas se paran a hablar con las mamás. Los sábados, en días que no son de clases, de noche, ellas vienen aquí. ¿Entonces, cuál es el miedo?”, cuestionó Leidy Ortiz Rivera, quien tiene cuatro niños. 

La situación, alegan, ha creado una desestabilización en la zona que a su vez ha provocado la renuncia de maestros y que decenas de niños hayan sido relocalizados en otras escuelas. “Nunca antes se ha visto algo así. Una maestra con años aquí me dijo que nunca había salido llorando de una escuela de la que no se quiere ir”, dijo Leidy Ortiz Rivera, madre de cuatro niños.

“Nos preguntan a nosotros, ‘¿qué está pasando? Nos dicen que nos tenemos que ir’. Y nosotros diciéndole que aquí no está pasando nada”. 

Según las madres, no fue hasta el pasado 26 de noviembre que reabrieron la escuela, en el edificio de afuera, el de la Canales II, y con horario limitado, de 7:30 a.m a 12:30 p.m. Habrían perdido 28 días de clases, sin contar las otras clases perdidas por falta de maestros. La Canales II, de hecho, no está en buenas condiciones, luego que permaneciera meses cerrada. 

Isabel Ramos, madre de un niño y una niña que estaban en la escuela, explicó que tuvo una situación con la directora que forzó que tuviera que trasladarlos a ambos a otras escuelas. Detalló que su niña tiene problemas de salud que provocaron un primer choque. Luego, tras dar baja a la menor, la situación escaló y terminó en una reunión en el Departamento de Educación (DE), donde pidió de una vez traslado también para su hijo. Luego a Ramos le llegó una orden del tribunal, de acecho en su contra, en la que la directora decía temer por su vida. El caso se vio en el tribunal y, explicó Ramos, no prosperó por falta de argumentos. 

Ramos, quien tenía un extenso expediente lleno de documentos, mostró las notas de su hija en las que se refleja que su rendimiento bajó en todas las materias en el último año. “Ahora mismo a mis nenes los tengo en otras escuelas, teniendo una escuela frente a mi casa”, dijo llorando Ramos. “Mi carro se rompió, desde mañana se lo llevan. No tengo cómo llevar a mis hijos a su escuela. Me preocupa la educación de mis hijos”. 

La madre agregó que, pese a todo lo negativo que han dicho en contra de los vecinos y progenitores del residencial, “nunca hemos hecho ni un piquete frente a la escuela. Pero el abuso es ya demasiado”. 

Nagashi Dávila, madre de dos estudiantes, también se quejó de que, por decisiones de la directora, tiene que “medicar a mis hijos en el portón” de la escuela. 

El grupo de madres, en una comunicación escrita que suscribieron, pidieron que los funcionarios del DE “cumplan con su deber ministerial. Las decisiones no se pueden tomar a la ligera, deben ser tomadas luego de una investigación con la responsabilidad que requiere para evitar lo que ha ocurrido aquí, donde la educación de nuestros niños es la que se ve afectada”. 

Según las madres, antes de la llegada de la directora Rodríguez había 283 niños en ambas escuelas. Otros 250 niños estarían en camino para entrar a esa escuela el próximo año escolar. 

Distinta versión

Ahora sin embargo, según el Departamento de Educación (DE), que tiene una versión muy distinta de los hechos, la matrícula es de solo 227 estudiantes.

El DE, a través de Eleuterio Álamo, director de la región de San Juan, explicó que a finales de octubre pasado se produjeron amenazas serias contra la directora y varias maestras, por lo que fue necesario tomar la decisión de cerrar el plantel y enviarlas a un taller para que se recuperaran emocionalmente. 

“Hay unas querellas que están en un proceso de investigación por parte de la Policía de Puerto Rico, que envuelven a varias personas de la comunidad”, explicó Álamo. “Tanto la directora como unas maestras fueron amenazadas de muertes por una madre de la comunidad”. 

Luego de esa situación, explicó el director regional, se decidió por la reubicación en la Canales II, por razones de seguridad, que tenían más que ver con supuestos problemas relacionados a trasiego de drogas en el residencial. Para ello, asegura, se tomaron dos días. 

“La escuela reabrió el pasado 13 de noviembre. Estuvo exactamente ocho días cerrada”, afirmó Álamo, recordando que luego hubo una semana de receso académico para todo el sistema escolar público. 

Según el director regional, al reabrir se reportó una baja asistencia de estudiantes, que mejoró la semana siguiente. Agregó que además es habitual ver una baja en la asistencia a medida que se acercan las Navidades, por diversas razones y decisiones que toman los padres. 

Insistió, no obstante, que “la escuela está operando con normalidad”. 

“Los portones están cerrados, por razones de seguridad. Es política pública de la agencia”, dijo Álamo, detallando que la Nemesio Canales, aunque tiene dos unidades, es una sola escuela consolidada desde el 2015.  

“Podemos certificar que la escuela ha estado en operaciones desde el 13 de noviembre. Pero esta es una responsabilidad compartida. La escuela abre las puertas pero papá y mamá son responsables de asegurarse de traer a su hijo”, reafirmó Álamo, aunque reiterando que “aquí hay un asunto serio de seguridad”. 

Álamo desmintió que se hubiese forzado a padres a trasladar a sus hijos a otras escuelas y agregó que solamente sabe de un único caso en que se recomendó el traslado de un niño a otro plantel, y fue tras reunirse con su mamá en la sede de la región educativa. 

El director regional también aclaró que, si bien hubo una protesta en 2017 en la escuela que dirigía entonces la directora Rodríguez, fue porque se había declarado excedente una maestra que tenía el respaldo de los padres, y que tal decisión no tuvo nada que ver con la directora pues se toma a nivel regional. 

El funcionario fue enfático en que no hay intención alguna de cerrar la Nemesio Canales, y añadió que el supuesto reclamo de sacar a la directora, no es compartido por la mayoría de la comunidad de padres.

“He participado en tres asambleas y le puedo asegurar que ese no es el reclamo de esa comunidad escolar. Esa protesta de hoy (el jueves) no refleja realmente el perfil de la comunidad escolar”, aseguró Álamo.