Rangún, Birmania. La líder electa birmana, Aung San Suu Kyi, depuesta por el Ejército en un golpe de Estado el pasado 1 de febrero, permanecerá detenida por lo menos hasta el miércoles cuando podría comparecer ante un juez, informó hoy uno de sus abogados.

La nobel de la paz y consejera de Estado, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde el levantamiento militar, fue acusada el 3 de febrero por importación ilegal de un dispositivo telefónico y, según el informe policial, debía permanecer detenida durante dos semanas para que se le tomara declaración.

El juez comunicó hoy a un equipo de abogados que acudió al tribunal de Naypidó en nombre de Suu Kyi que la sesión se podría celebrar el miércoles, por lo que permanecerá detenida por lo menos hasta ese día, confirmó a Efe el letrado Khin Maung Zaw.

El abogado, que aseguró que todavía no ha podido reunirse con su clienta, apuntó que se espera que la sesión del miércoles se celebre por vídeoconferencia, aunque el juez dijo que todo dependerá de la decisión de la policía.

La depuesta líder birmana, de 75 años, se podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de cárcel por el delito del que se le acusa.

El también depuesto presidente, Win Myint, se encuentra detenido desde el golpe, junto a otros miembros del Gobierno electo, y ha sido acusado de quebrantar las medidas de distanciamiento social impuestas por las pandemia al organizar un acto electoral al que asistieron más de 30 personas.

La junta militar, encabezada por el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, arrasó, como ya hizo en 2015.

Mientras continúan las protestas por todo el país contra el golpe de Estado, el Ejército ha intensificado las medidas de represión, y la noche del domingo desplegó tropas y tanques por las calles de Rangún, la mayor ciudad de Birmania, y cortó el acceso a internet durante ocho horas.

Hasta el domingo, al menos 400 personas habían sido detenidas desde el levantamiento militar de hace dos semanas, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).