Sully Román Berríos tuvo la valentía de hacer lo que muchas mujeres no se atreven: exigir un cuarto de lactancia digno donde no tuviese que estar expuesta a paredes con hongo, restos de excremento de ratón y herramientas tiradas por todas partes.

La mujer, que tiene una maestría en Recursos Humanos, fue asignada a la Oficina de Reciclaje del Municipio de Cayey al volver de su licencia de maternidad, cuyas oficinas están ubicadas en el coliseo Luis Raúl “Rolo” Colón. Uno día se topó allí con rastros de excrementos de ratón en sus archivos y sobre su escritorio. Además, en el lugar había cucarachas.

“La persona de mantenimiento me dijo que no podía trabajar con cloro por su condición de salud, así que me puse unos guantes y yo misma poco a poco tuve que tratar de empezar a limpiar aquello”, relató.

Poco después habilitaron otra área, pero estaba igualmente llena de humedad y no cumplía con los requisitos que establece la ley 427-2000.

Por lo tanto, optó por sacarse leche dentro de su auto donde estaba expuesta a las miradas indiscretas de las personas y a comentarios.

“Algunos de los choferes de los camiones del reciclaje empezaron a decir que por qué yo tenía tantos breaks pagados. A eso añádele el problema de hacer esto en la incomodidad del carro”, expresó.

“Me sentí impotente, humillada y completamente desvalorizada”, afirmó al tiempo en que dijo que tuvo que recibir ayuda siquiátrica.

El estrés fue tan fuerte que decidió renunciar y presentó una querella en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Ayer la Procuradora Ileana Aymat Ríos le entregó a Sully una compensación de parte del municipio ascendente a $5,000. 

“Las leyes de lactancia en el lugar de empleo tienen el propósito de garantizar la dignidad de la mujer y la alimentación del menor. En cumplimiento con nuestra ley orgánica, hemos puesto nuestra oficina a la disposición de la Asociación de Alcaldes y a la Federación de Municipios para orientarles sobre este tipo de casos, y cualquier otro asunto que discrimine contra las mujeres”, dijo Aymat Ríos.

Por su parte, el alcalde Rolando Ortiz negó la ausencia de salas de lactancia y que el lugar habilitado donde asignaron a Sully no estuviese acorde a lo que establece la ley.

Cuando se le confrontó con que las salas se crearon posterior a la renuncia de la empleada, dijo que no podía dar detalles del caso por un acuerdo de confidencialidad.

Asimismo, expresó que defiende la lactancia como “el camino a seguir por la salud y el futuro de los niños”.

“Lo hicimos todo siempre en el mejor ánimo de colaborar con la compañera de trabajo. No puedo entrar en detalles, pero no aceptamos los hechos. Lo que tratamos es de evitar un litigio”, reaccionó el ejecutivo municipal.

La abogada que trabajó la querella Valerie Rodríguez negó que hubiese alguna confidencialidad.