Desde el 1994 ha resonado la afirmación de que los vertederos que no cumplen con las regulaciones ambientales federales serán cerrados.

Al filo de cumplirse 30 años de la directriz, nada ha pasado y Puerto Rico todavía cuenta con vertederos en los que se deposita la basura, se compacta con maquinaria y se tapa con material de cobertura sin medidas para proteger el medio ambiente.

Mientras se le da largas a tomar acción, Puerto Rico no cuenta con un Plan de Manejo de Desperdicios Sólidos y ya ni se fija, mediante ley, una meta para lograr que el 35% de la basura que se genera en el país sea reciclada.

El impacto ambiental de estas prácticas no fue revelado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), pese a los múltiples pedidos realizados por Primera Hora.

En general, el portavoz de prensa de la agencia, Aniel Bigio, expuso los principales señalamientos contra algunos de los 29 terrenos en los que se deposita la basura producida en el país. Pero, la limitada información no incluyó el impacto a la población ni al medio ambiente.

Las principales fallas que comentó se detectan en los vertederos son la presencia de lixiviados o líquido que percola de la descomposición de la basura; presencia de gas metano, que es el que se produce al descomponerse la basura, así como material fugitivo.

No obstante, el salubrista Juan Rosario y el ambientalista Jorge Fernández Porto destacaron que la práctica de enterrar la basura, causa daños a los suelos y aguas subterráneas; daño a la calidad del aire con el gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más potentes y, principalmente, produce un grave impacto a la salud de aquellos que residen cerca de estos terrenos contaminados.

¿Cuántos son?

Antonio Ríos, gerente de proyecto del Grant de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) para el cierre de vertederos del DRNA, detalló que cuando se impusieron las regulaciones de la EPA en el 1994, había en la Isla unos 64 terrenos en los que se acumulaba la basura. De estos, 32 fueron cerrados para esta época.

Con el paso de los años, otros tres basureros dejaron de funcionar, quedando en la actualidad unos 29. Estos han sido divididos bajo los nombres de vertedero, cuando no cumple con exigencias federales, o de Sistema de Relleno Sanitario (SRS), cuando siguen las guías impuestas por la EPA. Estas, en esencia, exigen tener mallas geosintéticas (liners), el recogido de lixiviado para proteger el subsuelo, medidas para capturar el gas metano y convertirlo en dióxido de carbono, así como manejo de pendientes y escorrentías, mencionó la directora de la EPA en la Isla, Carmen Guerrero.

Los vertederos en la Isla con orden de cierre son los de Santa Isabel, Isabela, Toa Alta, Toa Baja, Arecibo, Vega Baja, Lajas, Juncos, Moca, Cayey, Florida y Yauco, detalló Ríos.

Informó que los ubicados en Florida, Isabela, Moca, Toa Alta y Santa Isabel ya no reciben basura, pero no han tomado medidas ambientales para ejecutar su cierre.

Aunque Toa Alta fue ubicado como uno de los vertederos que no reciben basura, los vecinos del barrio Contorno denunciaron a Primera Hora que el mismo todavía tiene operaciones activas.

“Nuestra intención es que cierren lo más pronto posible esas partes, esas secciones, que no cumplen con la reglamentación”, comentó Rios, al detallar que algunos de estos vertederos, como el de Toa Baja, tienen partes que cumplen con la reglamentación de la EPA.

Más, sin embargo, se evaluará junto a los planes de cierre si ya los mismos no tiene capacidad para recibir más basura, por lo que podrían cerrar en su totalidad.

Los planes futuros del DRNA, esbozados por Ríos, es que estos 12 vertederos sean cerrados entre 2025 a 2027, fecha para que prevé ya no tendrían capacidad.

De los restantes 17 terrenos utilizados para el depósito de basura, Ríos precisó que hay otros 10 vertederos que “están sometiendo planes para que evalúen el cierre de las áreas que no cumplen” con las regulaciones federales. Estos son Añasco, Arroyo, Barranquitas, Culebra, Guayama, Hormigueros, Mayagüez, Vieques Jayuya y Juana Díaz.

La lista se reduce y deja a sólo siete SRS en cumplimiento con la normativa federal. Estos son Carolina, Fajardo, Humacao, dos en Peñuelas (uno industrial y otro municipal), Ponce y Salinas.

De llegarse a ejecutar los cierres, tanto Ríos como Guerrero creen que existirá espacio para depositar la basura que se genere.

“Básicamente, según estas instalaciones dejen de operar, de las que no cumplen, entenderíamos que se va a ir redirigiendo (la basura) a estas instalaciones que cumplen. En ese caso, entendemos que hay la capacidad para manejar los residuos que se pueden disponer en estos lugares a esos efectos. Esto lo que nos requiere es que tendríamos que tomar medidas más agresivas en términos de reciclaje para, entonces, poder reducir lo que llega a estas facilidades y extenderle, entonces, la durabilidad de la vida útil a estas facilidades que van a quedar operando”, indicó el funcionario del DRNA.

Guerrero, sin embargo, destacó que el problema que generaría con el cierre de vertederos es que la basura del país se tendría que depositar en el este o el sur, por lo que no hay una distribución geográfica uniforme.

“Sabemos que muchos de los municipios tienen hoy día muchos retos fiscales y el costo de manejo de residuos sólidos es uno de los componentes que les coge en ocasiones hasta un 30%, 33% del presupuesto municipal… Que, entonces, si tenemos vertederos que están en cumplimiento, pero están ubicados en Humacao, en Fajardo, en Peñuelas, en Ponce, en Salinas, pues llevar estos materiales hasta estos lugares tan distantes representan un reto grande para los municipios. Yo te diría que el área donde más retos hay es en esa área del norte y noroeste de Puerto Rico”, precisó la funcionaria federal.

Sin acción

Los años pasan y las proyecciones para lograr el cierre de vertederos se siguen retrasando.

Ríos explicó que son los municipios los que tienen que someter al DRNA sus planes de cierre, con las medidas ambientales que tomarían por 30 años para limitar el daño ambiental. Pero, la mayoría no cuenta con dinero para ejecutar los requisitos que deben cumplir, aceptó.

Algunos, como Toa Alta, tienen activos casos en el Tribunal federal o causas de acción ante el Departamento de Justicia federal en la que cuestionan la orden de cierre o abogan por eliminación de multas impuestas por incumplimientos.

En medio de esta encrucijada, el DRNA promueve un nuevo Reglamento de Desperdicios Sólidos, pues el actual no se modifica desde el 1997. El cambio principal que contendrá es que se “añade una parte que es para la seguridad, en términos de cumplir con tener fondos para el cierre y post cierre de esta facilidad. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Que teníamos instalaciones que operaban y, cuando llegaba el momento que debían cerrar, no había el dinero para cerrarlo. Se supone que, como parte del proceso de uno tener una instalación de este tipo, debe tener los fondos para poder cerrar esa instalación y darle un mantenimiento, que se requiere también por el reglamento, por los próximos 30 años después de su cierre, para garantizar, pues, monitorear y ver que todo está funcionando adecuadamente y a esa parte se le añade, esa salvaguarda, para garantizar que, entonces, existan los fondos y no depender de tener fondos federales para poder garantizar estos cierres”, detalló Ríos.

Los funcionarios adelantaron que, como parte de la política pública del gobernador Pedro Pierluisi, se han asignados fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés), así como del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) para lograr cierres de vertederos en los próximos años.

Guerrero aceptó que estos cierres son costosos. No obstante, comentó que la EPA ha comenzado a promover en años recientes alternativas más económicas para lograr los cierres, como lo son el desarrollo de áreas boscosas en estos terrenos. A la alternativa se le conoce como la evapotranspiración.

“Los costos estimados de construcción de cubiertas de ET (cubiertas de evapotranspiración) en Puerto Rico oscilan entre aproximadamente $29,847 por acre y $120,803 por acre, según el tipo de suelo y la ecozona en la cual se ubica la instalación de desperdicios sólidos. El ahorro general promedio de costos por acre al utilizar una cubierta de ET en comparación con una cubierta de arcilla es de $57,716, con ahorros en costos que varían entre el 19 por ciento (montañas) y el 76 por ciento (costa sur) en todas las ecozonas”, indica un análisis del pasado año.

Por otro lado, el DRNA también está en proceso de cumplir con dos importantes pasos para redirigir los esfuerzos del manejo de desperdicios sólidos. Ambos se realizan con una asignación de $40 millones que le dio la EPA en el 2018 y que se han demorado años en utilizar, debido a los requisitos impuestos, según justificó Guerrero.

El primero es un estudio sobre las características de los desperdicios sólidos que se producen en el país.

De los pocos detalles que pudo adelantar Ríos, bajo la salvedad de que los números todavía forman parte de una revisión, están que en la Isla se disminuyó la producción de desechos. Dijo que se debe a la pérdida de población y no así al reciclaje.

Expuso que en el 2013 se producían 5.18 libras de basura por persona, mientras en la actualidad se promedia 4.08 libras por persona por día.

No pudo proveer una tasa de reciclaje actualizado. Comentó que la cifra disponible es del 2018, cuando había una tasa de desvío de 14.5 % y una tasa reciclaje de 10.9%.

Este estudio se utilizaría para redactar el Plan de Manejo de Desperdicios Sólidos, que se utilizaría como guía para todo lo relacionado a los cierres de vertederos, manejo de la basura y hasta el reciclaje.

Ríos indicó que, “ahora mismo, nosotros ya estamos en el proceso de selección de la empresa que va a estar haciendo el Plan. Pero, no esperando por el Plan, no nos hemos detenido de empezar a hacer los cierres de las instalaciones y promover y crear las iniciativas para poder crear los mercados finales (para reciclaje), que por eso es que ya tenemos algunos mercados finales establecidos, como les expliqué en el caso de One for All (Tire, en Yabucoa,). Y, sabemos que el Departamento de Desarrollo Económico está evaluando otros tipos de iniciativas para que podamos manejar. Una vez tengamos este Plan, lo que va a hacer es que va a acelerar más la creación de estos mercados finales y las estrategias que vamos a estar implantando”.

Aun cuando se logre completar un Plan de Manejo de Desperdicios Sólidos, el salubrista y portavoz de Misión Industrial, Rosario, y el ambientalista Fernández Porto no creen que haya acción para tratar el tema. Establecieron que el desmantelamiento de la Junta de Calidad Ambiental y la falta de interés que ha mostrado el gobierno para atajar la problemática continuará prevaleciendo.

“No hay una política pública clara y firme sobre cómo vamos a enfrentar el problema de los residuos. Mientras esto sigue así, vamos a operar de crisis en crisis”, auguró Fernández Porto.

Mientras, Rosario añadió que en Puerto Rico “no estamos ni remotamente preparados para manejar los residuos. Se ve que no hay ninguna seriedad y se ve que aquí, como siempre, vamos a esperar que la crisis nos alcance para reaccionar a la crisis con proyectos improvisados y de pobre planificación. Optimista yo no me siento, francamente”.