A pesar que Puerto Rico cuenta con una ley que alega prohibir el discrimen contra una persona en un espacio laboral por su orientación sexual o identidad de género desde mayo de 2013, todavía queda mucho por hacer para que las personas transgénero se puedan integrar al campo laboral de una manera segura y digna.

Así lo expresó Natasha Alor, gerente de barra de Toxic Night Club en Santurce, quien tomó la oportunidad de dialogar con Primera Hora sobre las luces y las sombras que ha experimentado para conseguir un empleo competente, digno y seguro como una mujer de identidad trans.

Alor indicó a este medio que su más reciente empleo lo consiguió debido a la relación que logró forjar con el dueño del establecimiento cuando realizaba sus interpretaciones en “drag” a finales de 2019. Ella destacó que el administrador del establecimiento la apoyó desde que comenzó su transición y tras haber salido de su último trabajo que, según ella, lo perdió por su identidad de género.

Anterior a confirmar su identidad actual, “Tacha”, como le dicen sus allegados, fue vendedora de productos de belleza para una tienda por departamento, donde destacó que “vendía bien, hacía los números y era una buena empleada”. No obstante, ella comenzó su proceso de afirmación en 2018, y la también comunicadora empezó a percibir ciertos cambios en su lugar de empleo cuando dicho proceso empezó a reflejarse en su expresión de género un año luego.

Según los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el género se conoce como los aspectos culturales, comportamientos, actividades y atributos que se esperan de las personas en función de su sexo. Mientras tanto, la identidad de género se define como el sentido que tiene un individuo como hombre, mujer, persona transgénero, persona no binaria o algún otro identificador. Mientras tanto, la expresión de género significa cómo un individuo decide expresar su identidad por medio de la apariencia física o conducta.

“Ellos me empezaron a cambiar a distintos productos que ellos sabían que no iba a vender tan bien como un producto de belleza. De repente, hubo un día que me volvieron a poner con los productos que conocía, pero, a la semana, me dijeron que iban a descontinuar la línea que yo promovía, que, si quería seguir trabajando con ellos, tenía que ir a una entrevista para otra posición de otro producto, cuando eso nunca había sucedido porque me habían cambiado de líneas tantas veces, y eso nunca me lo pidieron”, expuso.

“Para colmo, la fecha de la entrevista era una fecha donde yo les dije que tenía una cita médica, así que decidí no volver a trabajar alli”, agregó.

A pesar que nunca fue víctima de transfobia directamente durante las múltiples entrevistas a las que asistió cuando buscaba un empleo nuevo, Alor admitió que siempre sentía tensión durante el protocolo y nunca pasaba de la primera entrevista.

Entre los empleos que solicitó, se encontraba posiciones como representante de ventas, productora de contenido para medios de comunicación y agencias de publicidad, oficial de servicio al cliente.

“Yo, desde que entraba, sabía que no me iban a contratar por mi apariencia porque había empezado mi transición, estaba en los procesos iniciales, pues que, quizás, para ellos, era algo que quisieran ver en una persona que quisieran contratar en su empresa”, indicó.

“Yo había ido a entrevistas de empleo anterior a mi transición y luego de mi transición, y noté una diferencia evidente en el trato, y aunque nunca me sentí abiertamente discriminada, al final del día, no conseguía empleo”, sostuvo Alor, quien es egresada de la Escuela de Comunicación Ferre Rangel de la Universidad Sagrado Corazón y cuenta también con una certificación en comunicación política en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Llegué en un momento dado que paré de buscar empleo, porque estaba harta de las humillaciones, harta de sentir que no era suficiente. Pero al final, te percatas que todo recae en un sistema que nos ha hecho sentir que somos impostoras por el hecho de ser trans”, indicó.

Según una encuesta realizada por el Centro Nacional para la Equidad Transgénero en 2015, donde hubo la participación de 27,715 participantes que provinieron de los cincuenta estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Samoa Americana, Guam, Puerto Rico, y las bases militares estadounidenses en el extranjero. el índice de desempleo entre los encuestados fue tres veces más alto (15%) que el índice de desempleo en la población estadounidense general (5%), sufriendo así un nivel de desempleo más significativo que miembros del Próximo Oriente, indígenas americanos, latinos, y personas negras en los Estados Unidos.

Ahora bien, aunque Alor tiene un trabajo con un “jefe excelente” y compañeros que velan por su bienestar, reconoció a este medio que el tener una faena con una “paga competente” es un “privilegio”.

“He tenido esa fortuna de encontrar a personas que me han querido ayudar porque la realidad es que, al final del día, si no fuera porque mi jefe me quería ayudar, no hubiera tenido este empleo”, indicó.

“No todo el mundo tiene esa oportunidad de encontrarse con gente que te dé ese espacio, alguien que vea tu potencial, que vea que tú eres capaz de trabajar”, agregó, al tiempo que resaltó cómo sus hermanas trans suelen ser revictimizadas cuando hacen el esfuerzo de quererse integrar a la faena.

“La norma de las compañeras transgénero es que no tienen la oportunidad y, cuando les surge una, siempre sucede algo dentro de sus espacios de trabajo que las desmotiva de seguir en el empleo, sufren de actos abiertamente transfóbicos sin algún tipo de repercusión. No es fácil luchar contra un sistema que no está diseñado para ti”, destacó.

“¿Entiendes que los actores del Estado están salvaguardo su derecho para acceder al trabajo? ¿Consideras que debe generar leyes para garantizarlo?”, preguntó este diario.

Alor respondió que a pesar que puedan existir leyes que, de manera expresa, prometen un espacio de trabajo seguro sin importar la identidad de género de una persona, “no hay una política pública que asegure que eso se lleve a cabo de la forma que debería”.

“Los procesos para tú reclamar este tipo de problemas tienden a ser bien revictimizantes, muchas veces, tienes que tener evidencia concreta y, muchas veces, no la hay”, indicó.

“Yo no puedo evidenciar que fui discriminada en mi trabajo anterior (como vendedora de productos de belleza) porque nunca fue algo abierto, aunque yo sé que fue discrimen por mi identidad de género”, explicó, a la vez que exigió a que se redujera la burocracia al momento de radicar una denuncia y reiteró que hubiera consecuencia directa por actos de transfobia en el trabajo.

Igualmente, emplazó a las empresas a educarse mejor sobre cómo tratar y convivir con la comunidad transgénero, así provocando más apertura para una población que estuvo bajo el ojo público en el año 2020, cuando la fundación Human Rights Campaign (HRC) reportó 44 asesinatos de personas transgénero y género no conforme en los Estados Unidos, convirtiéndose así en uno de los años más violentos contra esta población en el país y sus territorios.

Seis de esos asesinatos sucedieron en la isla, entre las víctimas, se encuentran Neulisa Alexa Luciano Ruiz (Toa Baja), Yampi Méndez Arocho (Moca), Penélope Díaz Ramírez (Bayamón), Serena Angelique Vázquez Ramos y Layla Peláez Sánchez (Humacao) y Michelle “Michellyn” Ramos Vargas (San Germán).

Igualmente, dicha violencia contra la comunidad trans no se detuvo el año pasado cuando la misma fundación reportó al menos 57 transfeminicidios, su cifra más alta que inició su conteo en 2013. Entre las muertes violentas, se registró el caso de Samuel Edmund Damián Valentín, un hombre trans que fue baleado en el municipio de Trujillo Alto.

“Es cuestión de darnos la oportunidad. Yo sé que mucha gente, no es que sean transfóbicas, es que tienen miedo a no tratar a una persona trans con respeto, y les da miedo tener problemas en el área de trabajo, de que esta persona sea un ‘liability’ (riesgo) por todos los procesos que pasamos”, explicó Alor.

“Yo pudiera entender cómo eso no es, quizás, lo más eficiente o costo efectivo para muchas empresas, pero, al final del día, somos personas con capacidad de realizar muchas cosas, habemos muchos con preparación y, aunque muchas también no han tenido la oportunidad de prepararse por las circunstancias que sean, yo sé que las personas trans somos trabajadoras, buscamos siempre cómo salir hacia delante de la forma que sea”, agregó.

Dicha conversación se produce en momentos en que vuelve a la discusión política el Proyecto del Senado 485, una medida de la autoría de la delegación senatorial del Movimiento Victoria Ciudadana que buscaría crear una ley que establezca la “Carta de Derechos para la comunidad LGBTTIQ”.

La pieza legislativa, que cuenta con el respaldo de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Waves Ahead, True Self, Puerto Rico para Todes, el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, Matria y el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, tiene como fin garantizar que miembros de la población antes mencionada gocen de una vida plena donde puedan manifestarse libremente en prácticas cotidianas, afectivas y sociales, seguridad de empleo, a igualdad de condiciones sociales, salariales y económicas, recibir servicios públicos y privados sin ser discriminados, educación, vivienda digna y el poder de adquirir, arrendar, enajenar propiedades sin discriminación, pleno acceso a los servicios de salud.

Sin embargo, la misma medida ha recibido oposición de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, quien tildó el proyecto como una “carta de privilegios” dado que este, según ella, pretende “que las personas de la comunidad LGBTTIQ tengan más derechos que los demás seres humanos”.

Igualmente, el reclamo que produce Alor se da al tiempo que sigue “pendiente de acción posterior” de la Cámara de Representantes el Proyecto del Senado 136, de la autoria de la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago.

Dicho proyecto buscaría enmendar la Ley 23-2013 para ampliar la protección contra la discriminación a la comunidad LGBTQI+ tanto en el ámbito privado como en el de la gestión pública, ya que sólo protege a la población que trabaja en la administración gubernamental.