A medida que avanzan los días y continúa en vigor la llamada “Ley Seca”, los grandes y pequeños negocios que venden bebidas alcohólicas hacen malabares para enfrentar la estrepitosa caída de sus ingresos y continuar operantes.

La preocupación de los comerciantes se agudiza con la certeza de que las ganancias generadas a diario no son suficientes para mantener en nómina a todos sus empleados, muchos de los cuales quedarían sin un peso en el bolsillo para satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, pese al clamor de los dueños de restaurantes, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró hoy, en una conferencia de prensa, su decisión de mantener en pie la restricción impuesta como medida de seguridad tras el embate del huracán María.

Ante esto, un lloroso presidente de la Asociación de Restaurantes (Asore), Ramón Leal, auguró que muchos empleados “se van a despertar la semana que viene y se van a dar cuenta de que no tienen ese ingreso para comprarle comida a sus hijos”.

El líder de los restauranteros estimó en 70,000 la cantidad de empleados directos e indirectos de esa industria que actualmente no están devengando ni un solo centavo como consecuencia de la difícil situación por la que atraviesa este sector de la economía.

Leal, vicepresidente de la empresa que opera los restaurantes Chili's Bar & Grill y Romano's Macaroni Grill, catalogó reiteradamente como “terrible y nefasto” el impacto no solo de la Ley Seca, sino del toque de queda en los comercios locales. Su empresa, dijo, cuenta con 6,000 empleados alrededor de la Isla, pero solo 2,000 han sido activados para trabajar tras el huracán.

“Lo más irónico es que la Ley Seca que tenemos… beneficia a unos y destroza a otros”, afirmó al describir como “competencia desleal” el que los hoteles estén exentos de la prohibición de venta de bebidas embriagantes.

Ese precisamente es el caso de la pizzería Vía Appia, en Condado, que tiene como vecinos sendos hoteles, donde hoy se despachaban bebidas alcohólicas.

“Ya la tormenta pasó. Queremos volver a la normalidad”, reclamó Martín Acosta, dueño del establecimiento y quien lleva 27 años en la industria de restaurantes.

Vía Appia reabrió ayer, miércoles, y las pérdidas que ha sufrido hasta ahora son -a juicio del comerciante- “incalculables”. “El reflejo de los números es totalmente absurdo. Es que no vale la pena abrir. Lo hacemos para que los mozos busquen sus propinas porque el salario de ellos es mínimo, pero si la propina no sube debido a que no hay consumo de alcohol, no tiene sentido”, apuntó.

Entretanto, Stop & Go, también en el Condado, ha tenido que dejar fuera de la nómina a cerca de 12 empleados, detalló el gerente del establecimiento, Ismael Hernández. 

El negocio -que hoy enfrentaba problemas con su generador eléctrico y despachaba agua y refrescos calientes-  ha dejado de percibir “miles” de dólares como consecuencia de la imposición de la Ley Seca.

En El 8 de Blanco y Mona Lisa, en Río Piedras, el escenario era similar. El 75% de los empleados del primer negocio, popular en la Avenida Universidad, no han sido convocados a trabajar. Eso se traduce en 40 trabajadores -y sus respectivas familias- que no cuentan con dicho ingreso, detalló su gerente, Eddy Grullón.

“Los clientes están bien molestos. Nosotros queremos dar el servicio, tenemos la mercancía (bebidas alcohólicas) ya dispuesta para el cliente, pero no tenemos la facilidad de dárselas a ellos, brindárselos”, afirmó.

Por su parte, Lisa Blanco, propietaria de la pizzería Mona Lisa, afirmó que la restricción a la venta de alcohol representa una merma de 50% en los ingresos de su restaurante.

“Queremos echar pa’lante, tenemos la posibilidad de estar prendidos, de estar ofreciendo nuestros servicios, pero siempre tenemos una limitación… Oye, la gente está tratando de buscar cómo sentirnos tranquilos, cómo sentirnos bien. La primera necesidad comida, pero tampoco vamos a limitarlo todo.  Hay negocios que solo se basan en la bebida, ¿qué están haciendo esos negocios? Inoperantes hasta nuevo aviso”, alertó.

Mona Lisa, que cuenta con cerca de 15 empleados, permanecía hoy cerrado. Según Blanco, el poco dinero que está generando no es suficiente para cubrir la nómina y otros gastos inherentes a la operación del negocio.

Asimismo, la comerciante catalogó como injusto que se les permita a los hoteles vender bebidas alcohólicas. “Hay privilegios para el turista o el de afuera que tiene el privilegio de quedarse en un hotel con aire acondicionado y todos los lujos y ellos sí pueden beber. ¿Cuál es la razón de ser de una Ley Seca? ¿Para unos sí y otros no? ¿Los puertorriqueños no nos sabemos comportar que a los de aquí nos ponen restricciones y a los de afuera no?”, criticó. 

Hasta el lunes, el Departamento de Hacienda había suspendido por seis meses la licencia de tres negocios del área metropolitana -Bottles, en Guaynabo; Market Place, en Hato Rey, y Beybe, en la calle Loíza de Santurce- por violación de la Ley Seca.

Este diario solicitó al Departamento de Hacienda una actualización sobre los establecimientos sancionados, pero al momento de la publicación de esta historia la información no había sido provista. Tampoco se ofreció un estimado del dinero por concepto de arbitrios a bebidas alcohólicas que el fisco ha dejado de recibir.

En septiembre del pasado año fiscal, el Gobierno puertorriqueño recibió $23 millones en arbitrios. Ello se traduciría en más $5 millones que las autoridades habrían dejado de recibir en una semana de Ley Seca.