Washington. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico prevé una inversión en infraestructura para el año fiscal que comienza el miércoles que totaliza $1,060 millones en las áreas de energía eléctrica, suministro de agua potable, transporte y carreteras.

El monto de los proyectos de inversión fue destacado al darse a conocer hoy la ratificación de los planes fiscales para las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Energía Eléctrica (AEE) y Transportación y Carreteras (ACT).

La adopción de los planes fiscales fue anunciada por la JSF justo cuando los consumidores de la AAA que reciben agua del Lago Carraízo entran en un proceso de racionamiento de agua de 24 horas cada dos días, debido a su bajo nivel.

Y se pondrán en marcha en momentos en que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko –contrario a lo que ha indicado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)–, ve cerca un acuerdo con FEMA sobre los grandes proyectos de reconstrucción en la Isla bajo la sección 428 de la ley Stafford, tras el huracán María.

Los planes contienen las iniciativas de infraestructura que el gobierno de Puerto Rico debe impulsar bajo la AAA ($349 millones), la Autoridad de Carreteras y Transportación ($496 millones) y la Autoridad de Energía Eléctrica ($215 millones), de acuerdo a la JSF.

Según la JSF, el plan fiscal de la AAA requiere implantar 11 medidas fiscales, que incluyen un nuevo aumento moderado en las tarifas (este año fiscal que concluye el martes fue de 2.5%) y “reducciones en el despilfarro de agua y el uso de químicos”.

Será el tercer año consecutivo con un aumento en la tarifa del agua a partir del 1 de julio. Los aumentos han estado previstos hasta el año fiscal 2023.

En una mesa redonda, la JSF indicó que el plan fiscal de la AAA incluye colocar contadores de agua en las instalaciones de producción para medir exactamente cuánta agua se pierde antes de llegar al consumidor.

Los estimados son que en estos momentos se pierde cerca del 58% del agua antes de llegar a las residencias, negocios y oficinas del gobierno. Según Jaresko, antes el porcentaje alcanzaba 70%.

Alejandro Figueroa, director de Infraestructura en la JSF, indicó que la AAA tiene en su plan de inversión capital para el dragado de reservas de agua, como el Lago Carraízo. Pero, los fondos a invertirse dependerán de las conversaciones con FEMA.

“Debido a sus problemas financieros, la AAA tuvo que suspender sus programas de inversión de capital. No estaban invirtiendo al nivel que el sistema requiere”, indicó Figueroa.

Entre este año fiscal y el 2025, la AAA debe aumentar su facturación en unos $908 millones, así como obtener $421 millones por vía de dos préstamos al gobierno federal, según el plan fiscal certificado para la corporación pública.

De acuerdo al plan de la AAA, sin reformas agresivas la AAA tendrá un déficit estructural de $1,700 millones de cara al año fiscal 2025.

Tras el acuerdo con el consorcio LUMA para la administración de la red de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y confiada en que se encamine el proceso de transformación de la generación de electricidad, la JSF espera que el gobierno de Puerto Rico y FEMA acuerden antes de que termine el verano los proyectos de reconstrucción bajo la sección 428 de la ley Stafford.

El principal proyecto que caería bajo esa sección sería la transformación de la AEE, cuyo costo puede alcanzar hasta $18,000 millones.

“Estamos muy confiados en que un acuerdo se va a lograr en torno a la 428 para el final del verano”, dijo Jaresko, al repetir un pronóstico que hizo hace dos semanas ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal.

Una vez se logre el acuerdo bajo la 428 para FEMA financiar los proyectos de obra permanente, el proceso para rehacer la red eléctrica de la AEE, debe ponerse en vigor “poco después”, sostuvo Jaresko.

La JSF, sin embargo, todavía tiene que aprobar la alianza público privada de la AEE con Luma, aunque participó del proceso de redacción del acuerdo.

Contrario a Jaresko, el responsable de FEMA en Puerto Rico, Alex Amparo, y el director de la Oficina para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR 3), Ottmar Chávez, han indicado que las negociaciones sobre los grandes proyectos bajo la 428 pueden extenderse hasta finales de año.

De todos modos, el proceso dirigido a rehacer la red eléctrica, puede tomar de 10 a 15 años. “Creemos que debemos haber salido de la bancarrota antes de eso”, indicó Jaresko.

Un tablero para carreteras

Por otro lado, la JSF indicó que ha diseñado un tablero digital para mantener informado al público sobre los proyectos de mejoras a carreteras.

El tablero indicará donde se lleva a cabo el proyecto, el status en que se encuentra, su costo y quien es el contratista.

Jaresko sostuvo que solo el 4% de las carreteras en Puerto Rico “están en buenas condiciones”, en comparación con el 61% en Estados Unidos. También resaltó el muy bajo número de pasajeros que tiene el Tren Urbano.

La JSF tiene previsto aprobar mañana, martes, el presupuesto para el año fiscal 2020-2021. Sin un acuerdo en la Legislatura, el ente fiscal volvería a aprobar su documento. Bajo la ley Promesa, de todos modos, la JSF siempre tiene la última palabra.