La droga y su nefasta ruta por Puerto Rico
Las sustancias controladas están ganando terreno en la Isla, dejando en el camino un sinnúmero de víctimas.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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Aunque el pronóstico del día prometía temperaturas calurosas, la madrugada era fría. El sosiego y la oscuridad fueron cómplices de las decenas de agentes que a toda prisa retumbaron las puertas de varios apartamentos del residencial El Coquí, en Cataño, inesperadamente irrumpiendo y obligando a todos a comenzar el día mucho más temprano de lo previsto.
“¡Policía, Policía!”, gritaban los oficiales de la División de Armas y Tácticas Especiales (SWAT, en inglés) que con el uso de arietes -ese artefacto que utiliza la Uniformada para forzar puertas- rompían las entradas de los apartamentos. Una niña, retraída y con ojos soñolientos, miraba en silencio cómo invadían su hogar, mientras que otro grupo de policías formaba un perímetro a las afueras de su casa, con rostros sobrios y armados con largos rifles. Callada, la menor observó a su madre ser esposada y presenció el desespero de su abuela, quien entre sollozos imploró a los agentes que le dieran su custodia, para así evitar que la niña pasara al cuido del Estado.
Este es un escenario común que caracteriza las incautaciones de drogas, proceso policiaco que aprovecha el elemento sorpresa para diligenciar órdenes de allanamiento, uno de los últimos pasos de largas investigaciones que buscan detener el trasiego de drogas en la Isla, que cada día robustece su presencia en las calles.
El rastro de la droga en Puerto Rico es de miles de víctimas y cientos de asesinatos, específicamente tipo l.
“Hemos visto un gran aumento en la cantidad de incautaciones de cocaína aquí en la Isla”, confirmó a este diario la agente especial a cargo de la División del Caribe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Denise Foster.
El aumento es significativo, pues en el año fiscal 2021, la DEA contabilizó el flujo de 70,000 kilogramos de cocaína (154,324 libras), con valor en $1.4 mil millones. A diferencia, los kilogramos incautados en lo que va del actual año fiscal ya superan los 48,000 kilogramos (105,822 libras), de los cuales 17,000 kilogramos (37,479 libras) posiblemente ya se quedaron en la Isla para uso y distribución local. Este incremento es alarmante, ya que en el 2010 se estimó que 35,000 kilogramos (77,000 libras) pasaron por Puerto Rico.
Y es que la ubicación de Puerto Rico, justamente entre los Estados Unidos y Sur América, lo convierte en un trampolín para Colombia y Venezuela, génesis de la ruta de la cocaína hacia Norteamérica hasta llegar específicamente a los estados de la costa este de los Estados Unidos, desde Florida hasta Nueva York.
Una vez la sustancia llega a las costas puertorriqueñas, el 20% de la cocaína dirigida a EE.UU. se queda en la Isla para consumo, uso y distribución local, mientras que el restante llega a Estados Unidos por correo postal o en maletas transportadas en aviones.
Más de una amenaza
Otra droga que está cobrando terreno en Puerto Rico es el fentanilo, que está llegando desde EE.UU. a través de los carteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, en México. En Puerto Rico, su uso se ha hecho aún más popular al combinarse con la cocaína.
“Estamos viendo el incremento (del uso) de fentanilo aquí. (Para el) fentanilo, el flujo es un poco diferente. Viene principalmente de los Estados Unidos y está bajando (a Puerto Rico). Entonces, la mayor parte del fentanilo viene en forma de píldoras falsas desde la frontera, la frontera suroeste, y viaja hasta nosotros”, afirmó Foster al indicar que esta sustancia suele llegar a Puerto Rico por correo postal o el aeropuerto.
Además de combinarse con cocaína, la DEA advirtió de una tendencia nueva de los carteles de droga para atraer a jóvenes a consumir el fentanilo. Se trata del fentanilo de arcoíris, cuando las pastillas son vendidas de colores brillantes para que aparenten ser dulces.
El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, especificó la DEA. Tan solo dos miligramos, cantidad que equivale entre 10 a 15 granos de sal, podría ser una dosis letal. Pese a que es un fármaco recetado, en ocasiones se consume de manera ilegal. El Instituto Nacional Sobre el Abuso de Drogas (NIDA, en inglés) indicó que, habitualmente, el opioide sintético es recetado para aliviar el dolor de pacientes que sufren de afecciones intensas después de una intervención quirúrgica o para personas que padecen de dolores crónicos, pero tienen poca tolerancia para otros opioides. Es la droga que más se asocia con muertes en EE.UU.
Víctimas incalculables
Hasta el sábado, en la Isla habían ocurrido alrededor de 495 asesinatos. De estos, más del 60% están vinculados con el narcotráfico, analizó el comandante Wilson Lebrón Otaño, director del Negociado de Drogas y Sustancias Controladas de la Policía.
“Con relación a los delitos que más nos preocupan, que son los asesinatos, tenemos un vínculo bien alto en porcentaje relacionados al narcotráfico. Estamos sobre un, yo diría, 60% de los delitos que se cometen y los otros no están directamente relacionados quizás a la guerra en el punto, pero sí está vinculado a sustancias. Así que, te digo que sí es un problema general”, destacó al señalar que la mayoría de las muertes violentas relacionadas al narcotráfico ocurren en regiones de mayor densidad poblacional, como el área metro. Además, la droga cobra vidas por sobredosis y afecta a víctimas secundarias, como los niños que presencian la violencia que rodea el bajo mundo.
“No sé si podemos cuantificar las personas (que son víctimas de las drogas), porque hay muchas víctimas diferentes. Hay víctimas de la violencia; hay víctimas en lo que se refiere a la sobredosis. Tenemos 108,000 personas que han muerto por sobredosis, pero en cuanto a las otras víctimas, es ilimitado, porque hay muchas. Hay familias que están lidiando con eso desde el lado de la adicción, está la violencia entre las organizaciones transnacionales que pueden estar peleando entre sí. Entonces, es difícil poner un número a las víctimas desde ese punto de vista”, lamentó Foster.
Antes de que la Policía llegue a la puerta de los sospechosos de poseer o distribuir sustancias ilícitas, se comienza un proceso investigativo, usualmente por agentes encubiertos o por vigilancia.
De ocupar algún material ilegal el día de la intervención, se detienen los sospechosos y se llevan a la División de Drogas del área y en el cuartel se hacen pruebas periciales para determinar, preliminarmente, que el material ocupado ciertamente sea un narcótico. De arrojar un resultado positivo, la droga es transportada al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para confirmarlo.
La evidencia se sella, se documenta y se alberga en las divisiones de drogas hasta que se complete el proceso judicial contra los acusados. Y una vez se determina sentencia, el material delictivo se vuelve a almacenar hasta que personal de la Division de Investigaciones y Control de Sustancias Controladas, adscrito al Departamento de Salud, la recoja para destruirla por medio de la incineración.
Personal de la División le explicó a Primera Hora que, para hacer estas quemas se acumulan aproximadamente 3,000 libras de drogas a la vez, lo que podría incluir marihuana, pastillas, cocaína y heroína. Las ubicaciones de estas incineraciones se mantienen confidenciales. Durante el año, se podrían llevar a cabo entre tres o cuatro quemas en total.
El portavoz que conversó con este medio indicó que el lugar donde se lleva a cabo la quema cuenta con todos los permisos conforme a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico para evitar un impacto nefasto al ambiente. Salud invierte $11,000 anuales para que una compañía privada complete la quema conforme a las reglas federales. Aquella droga en custodia federal se lleva a Estados Unidos para su decomisación.
Este año se dejó de quemar la droga en las calderas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tras la agencia recibir multas de EPA por emisiones de gas. Así las cosas, el Gobierno se vio obligado en acudir a un contratista privado para llevar a cabo el proceso.