Sobre una decena de terapeutas que prestan servicios al Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE) destaparon este martes en una vista pública del Senado un tétrico cuadro laboral en el que imperan los pagos en atraso, la falta de regulación uniforme y pobres condiciones en los espacios donde brindan sus terapias, y advirtieron que esta situación actúa en detrimento de los estudiantes que reciben sus servicios. 

Representantes de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), la Organización Puertorriqueña de Profesionales del Habla-Lenguaje y Audiólogos (OPPHLA) y el Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico, entre otras organizaciones y terapeutas en su carácter individual, advirtieron a la Comisión senatorial de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo que esta problemática no es nueva, y criticaron que no se hayan tomado medidas para solucionarla definitivamente. 

El grupo de profesionales reclamó cambios inmediatos, y sugirió que se modifique el sistema actual mediante el cual los especialistas son contratados por el DE a través de corporaciones privadas con las que la agencia pública negocia las condiciones de trabajo. 

“Cada servicio que se da de forma inadecuada es un servicio que va en contra del progreso del niño y su rehabilitación. Muchas veces, se plantea que se quedan tanto tiempo los niños en la terapia, y se plantea echando culpas a los especialistas de que el problema de que se queden en la terapia es el interés de seguir cobrando por los servicios, cuando no se evalúan la forma y manera y la necesidad de tener un servicio consecutivo como garantía mínima para la calidad del servicio que se da en pro de la rehabilitación de ese niño”, manifestó durante la audiencia pública Evelyn Rivera Rodríguez, presidenta de la OPPHLA.

Rivera Rodríguez sostuvo que, en muchas escuelas, se ve a los especialistas como unos “invasores”, y no se les proveen instalaciones adecuadas para que provean sus terapias. A modo de ejemplo, mencionó que conoce de casos en que a estos profesionales se les han asignado “covachas”, almacenes en desuso, o salones en los que se imparte algún curso al mismo tiempo, o incluso hay quienes han brindado sus servicios en los pasillos de los planteles o en el patio, en violación a la confidencialidad que debe regir esos procesos. 

“No se ve al especialista como que va a fortalecer el proceso de aprendizaje y el desarrollo del niño, se ve como un invasor, y así quieren que uno pueda llevar al máximo su potencial cuando estás compitiendo con un montón de ruido y distracciones”, subrayó.

Durante toda la audiencia fueron numerosos los testimonios de terapeutas que denunciaron que el atraso en los pagos es una constante, y aunque admitieron que, desde su contratación, se les advierte sobre este problema, señalaron que la situación se ha agravado al punto de poner en riesgo su capacidad para pagar su vivienda, su vehículo y un plan de salud, entre otros gastos indispensables.

“Yo soy de las que ha trabajado en covachas y debajo de los árboles, pero mis estudiantes siguen servidos porque mi prioridad son los estudiantes. Es triste y es humillante la forma en que nos están tratando, y que tengamos que recurrir a otros recursos porque no tenemos a la mano el dinero que lo que ya trabajamos. Es algo totalmente inaceptable, y nos vamos a reiterar de que si este problema no tiene una solución pronta, vamos a impedir que comiencen las terapias en agosto”, aseveró la terapista del habla Lorell López Rodríguez.

Los especialistas también denunciaron que las corporaciones que los contratan les imponen multas por diversas causas como la entrega tardía de informes u otro tipo de documentos, y en algunos casos hasta si intentan renunciar. Sin embargo, se quejaron de que no se les impone ninguna penalidad a estas entidades si someten ante el DE información incompleta o incorrecta que atrase o dificulte el proceso de facturación. 

Enid Díaz Nieves, oficial administrativa del área de finanzas de la Secretaría de Educación Especial, reconoció que, si la corporación emite la factura con el algún error de difícil corroboración, el gobierno hace “ajustes” en el pago a los terapeutas. 

Julio Santana, presidente de la APPR, señaló que el uso de las corporaciones como intermediarias encarece los servicios y dificulta la facturación. Por ello, sugirió junto a otros de los deponentes que se revise ese modelo. 

“Organizaría el sistema, se ahorraría dinero, garantizaría el pago a terapistas y darían mejor atención”, sostuvo Santana.

A preguntas de la senadora popular Mari Tere González, Díaz Nieves y Daybar Carrión Muñoz, ayudante especial de Educación Especial del DE, indicaron que las tarifas que paga la agencia por terapias individuales es de $22 la hora, y $23 si se trata de terapia física. Reconocieron que cada corporación, mediante sus contratos, establece cuánto retiene de esa tarifa y cuánto paga al terapista. Algunos especialistas denunciaron que algunas entidades retienen hasta el 60% y les pagan el 40% restante. 

La Corporación Chiquirimundi, que opera en la región educativa de Ponce, fue una de la comparecientes, y su vicepresidente, Ricardo Vera, dijo que los servicios que prestan están basados en las exigencias del contrato que suscriben con el DE, y aseguraron, entre otras cosas, que los profesionales que subcontratan se rigen por las leyes y condiciones que aplican a los pactos por servicios profesionales. 

Vera también admitió que los especialistas están sujetos a multas, pero dijo que se aplican a base de las “penalidades que se le dan a las corporaciones, que son extremadamente altas”.