La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó este jueves al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a redirigir hasta $1,000 millones del presupuesto vigente a las tareas de respuesta y de emergencia que sean necesarias para la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María.

De igual forma, la JSF indicó que unirá esfuerzos con el gobierno si así lo entiende necesario, para buscar cualquier ayuda que sea necesaria de parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) o cualquier otra dependencia federal.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con usted y con el pueblo de Puerto Rico durante este momento difícil”, indicó José B Carrión, presidente de la JSF en una carta enviada a Rosselló Nevares.

De acuerdo con la misiva, los miembros de la JSF autorizaron el reajuste del presupuesto vigente, a pedidos de Rosselló Nevares. La decisión supone que el gobierno podrá utilizar dinero del fondo de emergencia, así como la partida de reserva presupuestaria que la JSF ordenó como parte del proceso de balance fiscal que el gobierno puertorriqueño debe implementar.

Asimismo, según la carta de Carrión, el ente federal estará dispuesto a aprobar cualquiera otra cantidad presupuestaria para tareas de emergencia que sea necesaria.

Este miércoles, el huracán María -entre los 10 más peligrosos en la historia- embistió Puerto Rico dejando a 3.2 millones de residentes sin servicio de electricidad, agua y comunicaciones. 

El azote del huracán se produjo un año después de que Puerto Rico quedara bajo el control de la JSF, un ente creado por el Congreso estadounidense a través de la ley federal PROMESA para poner en orden las finanzas de la Isla luego del impago de la deuda pública. Como resultado, el gobierno no tiene discreción para utilizar fondos públicos salvo que cuente con autorización del ente federal.

Asimismo, el huracán devastó a Puerto Rico cuatro meses después de que la JSF solicitara a la corte un proceso de ajuste de deudas parecido a la bancarrota.

El gobierno confirmaba el lunes la muerte de 16 personas.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ya declaró a Puerto Rico como zona de desastre, decisión que sienta las bases para la asignación de fondos federales para atender la emergencia.

Posponen fechas en los casos PROMESA

De otra parte, luego de recibir un pedido de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y otras mociones de acreedores, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain emitió una orden en la que valida la extensión de los períodos de radicación de los casos de Título III.

A raíz del paso del huracán María, el pasado martes, la corte federal del distrito de Puerto Rico emitió un aviso en el que extendió por cinco días las fechas límites que tienen el gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los comités de acreedores y otras partes en el proceso judicial para presentar o contestar cualquier recurso vinculado al proceso de bancarrota del gobierno.

Swain dejó vigente la extensión de tiempo establecida por la corte de Puerto Rico, al tiempo que pidió a la JSF un reporte de todos los asuntos de los casos Título III para así determinar si debe posponerse o relocalizarse de Puerto Rico a Nueva York, la audiencia general que está programada para el próximo 4 de octubre.

De igual forma, Swain pidió a las distintas partes que interactúan en el proceso de bancarrota de la Isla que indiquen si los procesos que encabeza la magistrada Judith Dein, como el pedido para investigar la deuda de la Isla, deben llevarse a cabo en la ciudad de Boston, en lugar de en las salas de Puerto Rico y Nueva York.

La JSF debe presentar la información requerida por Swain no más tarde del próximo 26 de septiembre.