Tal como sucedió en la primera reunión, manifestantes que se oponen a la Junta dejaron sentir su voz de protesta. Los miembros de la Junta, sin embargo, continuaron su sesión sin prestar mayor atención a los reclamos de los manifestantes.

Antes de escuchar al gobernador, la JSF anunció que su próxima reunión se llevaría a cabo a mediados de noviembre.

La JSF respondió algunas preguntas del público recibidas vía internet, e informó que había puesto en marcha un portal cibernético bilingüe. Añadió que pronto tendrían disponible una copia en español de la Ley PROMESA, bajo cuyas disposiciones se instauró la JSF que ya tomó control de prácticamente todas las agencias y dependencias del gobierno de Puerto Rico.

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La Junta pidió que le sometieran planes fiscales independientes de varias corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec).

En su turno, el gobernador García Padilla se dirigió a la JSF y afirmó que, aunque inicialmente se opuso a la Ley PROMESA en el Congreso, terminó aceptando la misma para “evitar el sufrimiento del pueblo de Puerto Rico”.

García Padilla pidió a la JSF iniciar cuanto antes el proceso de restructuración, y también reclamó que evitaran imponer más medidas de austeridad al pueblo.

A preguntas de Ana Matosantos, miembro de la JSF, el gobernador repasó el trasfondo de la crisis fiscal y habló sobre el impacto en la economía de la emigración, así como de otros retos que enfrenta Puerto Rico como la epidemia de zika y los altos costos energéticos.

También se dirigió a la JSF el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien detalló sobre la situación fiscal de la Isla, sus ingresos, deudas y demás. Zaragoza detalló que el Gobierno de Puerto Rico adeuda a suplidores unos $1,300 millones, mientras que el impago de la deuda asciende a unos $2,000 millones.

Luis Cruz, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), explicó a la JSF que el Gobierno ha estado reduciendo salarios y puestos de trabajo, sin recurrir a despidos, con ahorros por cerca de $2,000 millones entre 2012 y 2014.

La JSF reiteró al Gobernador y los miembros de su gabinete la necesidad de contar con auditorías y estados financieros auditados actualizados. Asimismo, abordaron temas relacionados a proyectos de revitalización de la economía.