La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acordó hoy castigar al Departamento de Educación (DE) reteniéndole $30 millones de su presupuesto bajo el mecanismo conocido como “clawback” por su incumplimiento con poner en práctica un sistema efectivo de validación de asistencia y horas trabajadas por sus empleados que esté debidamente conectado a su sistema de nómina, de manera que dejen de emitir pagos indebidos a personas que ya no trabajan en el DE por diferentes razones o a empleados que no asisten a trabajar o no registran adecuadamente su asistencia y horas de trabajo.

Este “clawback”, según comentó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, se estará aplicando de manera inmediata “hasta que haya confianza en que la implementación (del sistema de registro de asistencia y horas trabajadas) se está llevando a cabo”.

“Entonces se le devuelve una parte (al DE), no por esos empleados inactivos, sino para la porción que quizás se proyectó. Eso se devolverá una vez se haya hecho la implementación”, agregó Jaresko.

La JSF había dado un periodo para que el DE implementara ese sistema, luego que se detectara que entre 2007 y 2020 ha pagado unos $80 millones de más a empleados que ya no trabajaban para el Departamento, por razones que iban desde despido o retiro hasta fallecimiento. De igual manera, muchos empleados no registraban su asistencia, a pesar de que el DE adquirió y da mantenimiento a un sistema de Kronos instalado en todas sus escuelas y oficinas a un costo de $33 millones.

Sin embargo, el DE falló en implementar el sistema de registro de asistencia y horas trabajadas a pesar de que fuera advertido de la situación y que acordó hacerlo.

Según la JSF, ese incumplimiento ha costado que se paguen indebidamente unos $28 millones a cientos de empleados que continúan en nómina a pesar de que están identificados como inactivos, retirados, fallecidos, así como a otros empleados que se ausentan o no registran adecuadamente sus horas de trabajo.

La JSF insistió en que, de no adoptarse el sistema, el DE incurría en el pago indebido de $46 millones en el 2021.

No obstante, el gobernador Pedro Pierluisi, quien participó de la reunión pública de la JSF representándose a sí mismo como miembro exoficio de la misma, afirmó que el sistema se pondría a funcionar en el DE cuanto antes. Aseguró además que todos aquellos que han recibido dinero que no les tocaba recibir habrían violado la ley y deberán responder por eso.

Por otro lado, la JSF también aprobó someter al gobierno una serie de recomendaciones para transformar el sector de transportación en la Isla, que conllevan una reorganización de las funciones de varias agencias involucradas en la transportación, como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).

La presentación de la JSF destacó las malas condiciones en que encuentran las carreteras del País, con una cantidad de vías en pobre estado 16 veces mayor que en otros estados, subrayando que esa situación constituye además un obstáculo para el desarrollo económico. También destacaron que Puerto Rico sufre un promedio mayor de accidentes fatales, tiene mucho menos accesos a sistemas de transporte público y los conductores de la zona metropolitana pasan más horas en tapones que el promedio de otras grandes ciudades, lo que a su vez redunda en más contaminación.

Según la JSF, esas tres agencias mencionadas tienen responsabilidades que se superponen y que crean vacíos de responsabilidad, sin responsabilidades claramente definidas, lo que provoca que los proyectos no se implementen o se atrasen significativamente. La reorganización propuesta asignaría a cada agencia roles específicos: ACT estaría a cargo solo de las rutas con peajes, ATI se ocuparía de manejar los sistemas de transportación masiva y DTOP se ocuparía mayormente de las vías sin peajes.

La reorganización también buscaría mejorar la administración del sector, integración de socios de la industria privada, así como aumentar la participación de expertos sin que esté atada a los ciclos electorales. Por último, pretenden establecer un enfoque único a través de todas las agencias de transportación para poder aprovechar de manera efectiva los fondos federales y estatales.