La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) defendió y alabó el nuevo plan de ajuste fiscal enmendado que sometió el lunes ante el tribunal, asegurando que no solamente reduce sustancialmente la deuda de Puerto Rico, sino que además pondría a Puerto Rico en posición de poder salir de la bancarrota tan pronto como este mismo año.

El plan fiscal, que iría ahora ante la corte para su aprobación, incluye los acuerdos alcanzados con bonistas, pensionados y un gremio, que han sido anunciados recientemente.

“Lo primero que hay que decir, es que esto es un gran logro. Este plan puede sacar a Puerto Rico de la bancarrota tan pronto como este año. Y salir de la bancarrota es una condición importantísima para el crecimiento económico”, afirmó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF. “Este plan de ajuste en un paso importante en el camino a la prosperidad. Este plan es justo. Quita un peso de los hombros de las futuras generaciones de puertorriqueños”.

Al repasar algunos de los aspectos más importante del nuevo plan fiscal, Jaresko resaltó que el mismo reduce unos $35,000 millones de la deuda en 80%, a un nuevo saldo de $7,400 millones.

El plan ofrece a los bonistas y otros acreedores “una recuperación justa” de $14,400 millones en efectivo ($7,000 millones) y bonos ($7,400 millones) para resolver sus demandas. También incluye un mecanismo conocido como Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés) que, en caso de que el gobierno sobrepase las proyecciones en el plan fiscal otorga un porciento de ese exceso a los acreedores, con límites fijos anuales y por la vida del CVI.

“Este plan es una solución para que el gobierno de Puerto Rico pueda pagar a sus acreedores de una manera sostenible”, agregó la directora ejecutiva.

Según Jaresko, sobre el 70% de los bonistas de Obligaciones Generales (GO, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) han acordado respaldar el plan.

Afirmó que “el plan es sostenible” porque reduce el servicio de deuda “de manera sustancial” para que el gobierno pueda pagar en los próximos años. El servicio de pago de deuda se reduce de hasta $4,200 millones en algunos años a $1,150 millones anual, “y ese pago incluye tanto los pagos del gobierno como los pagos de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante)”.

“Eso le deja al gobierno hasta $3,000 millones disponibles en algunos años para financiar servicios críticos para la gente”, aseguró.

Por otro lado, en el tema de las pensiones que es uno de los que más controversia ha generado por el reclamo de que no se afecten más de lo que ya se han afectado, la directora ejecutiva aseguró que el plan es confiable “porque protege las pensiones, asegurando que el gobierno nunca más se quede sin fondos para pagar a los retirados en el futuro”.

Sostuvo que solo sufrirían recortes, de 8.5%, aquellas pensiones por encima de los $1,500 mensuales, afectando así a menos del 30% de los retirados. El límite de $1,500 mensuales es superior al promedio de las pensiones de maestros, policías y de todos los pensionados en general.

Sin embargo, el plan crea un fideicomiso de pensiones “que asegura que haya dinero en el futuro para que el gobierno pague, incluso si surgen dificultades económicas o con el gobierno”.

Resaltó además “algo a lo que no se le da quizás mucha atención”, que es “un mecanismo que permite que esos recortes de pensiones puedan reponerse en años futuros si el gobierno supera las proyecciones del plan fiscal certificado”. Específicamente, 10% de ese posible superávit iría para reponer las pensiones recortadas en ese año.

Jaresko insistió en que el plan asegura un financiamiento adecuado a largo plazo de las pensiones y “protege a 80% de los pensionados actuales y futuros” y eso en términos financieros significa que la demanda por $50,000 millones de los pensionados como grupo va tener una recuperación de 95% que es la más alta de cualquier grupo. Resaltó además que el límite de hasta $1,500 mensuales para que la pensión reciba un recorte es superior al promedio de las pensiones de maestros, policías y de todos los pensionados en general.

Aclaró que, si fuera el caso que los pensionados rechazan esta propuesta, volverían al plan original de la JSF, que implica una reducción de 10% en las pensiones.

Otro asunto incluido en el plan es el acuerdo con el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU), que, bajo un convenio colectivo válido por 5 años, restituye hasta $1,500 millones de las contribuciones de empleados bajo el acuerdo Sistema 2000, incluyendo los intereses acumulados hasta la radicación de la quiebra. Además, asegura que la contribución al plan médico sea de $170 mensuales. Por último, si el gobierno supera las proyecciones del plan fiscal por al menos $100 millones, 25% de ese exceso se distribuirá entre empleados elegibles, con lo que se incentiva a los empleados a ayudar al gobierno a ser más eficiente.

De acuerdo con Jaresko, antes de la entrada en vigor de la ley federal PROMESA, bajo la cual se creó la Junta, Puerto Rico pagaba más de 30 centavos de cada dólar que recibía en impuestos o tarifas a los acreedores, y bajo este plan solo pagaría menos de 8 centavos de cada dólar que ingresa. “Puerto Rico puede pagar este plan”, insistió.

Añadió que “este plan, una vez se confirme, es final. Asegura que Puerto Rico salga de la bancarrota de una vez y por todas. Es sostenible hoy, es sostenible mañana y en años por venir. Nadie quiere que Puerto Rico tenga que pasar por otra restructuración de deuda en 10 o 12 años”.

Según explicó Jaresko con la inclusión en el plan del reciente acuerdo con bonistas GO y de la AEP, así como los acuerdos del 2019 con el Comité Oficial de Retirados y con el gremio SPU, si se suma a las deudas de COFINA, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que ya se habían restructurado previamente, “estaríamos hablando de que, una vez se confirme este plan, habríamos completado la restructuración del 90% de la deuda de $72,000 millones que existía. Solo quedaría por restructurar, en términos de deudas importantes, las de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)”.

“Detroit nos demostró que las economías responden a una restructuración de la deuda y sostenibilidad fiscal. Allí hay crecimiento económico otra vez, el ingreso en los hogares aumentó, el desempleo bajó y los niveles de pobreza bajaron. Puerto Rico también puede lograrlo. Este plan puede acabar con la bancarrota este año y crear la fundación para el crecimiento económico”, insistió Jaresko.

Agregó que “es importante tener en cuenta” que la JSF mantiene negociaciones con otros grupos de acreedores con los que todavía no se ha logrado acuerdos de consenso.

La directora ejecutiva explicó que el plan tiene además ciertas disposiciones que podrían resultar favorables para vendedores al detal y otros con bonos por $1 millón o menos, así como para vendedores en espera de pagos y trabajadores gubernamentales con planes administrativos.

Explicó además que, a través del proceso de reconciliación, del que participan la JSF y el gobierno, la cantidad de demandas de acreedores no asegurados ha disminuido considerablemente, de más 110,000 demandas individuales por $33 billones de dólares que había originalmente a unas 11,000 demandas en diversos pasos de reconciliación. Durante la reconciliación, dijo, se detectaron errores de radicación, radicación duplicada o múltiple de la misma demanda y otras situaciones similares.

Entre todas esas demandas generales no aseguradas, explicó, se incluyen vendedores y suplidores, empleados gubernamentales que son parte de pleitos, salarios o beneficios no pagados, entre otros. El plan incluye una posibilidad de recuperar la totalidad o casi la totalidad para acreedores no asegurados con reclamaciones válidas. Una reclamación individual por menos de $10,000 o varias reclamaciones del mismo demandante por debajo de $20,000 en total, se tratan en la clase de conveniencia, y tienen la opción de ser incluidos como parte de esa clase.

También, dijo, hay reclamos de pensiones no pagadas, impuestos no devueltos, y otros, que están siendo revisados en el proceso de reconciliación y una vez sean validados, se les pagaría en su totalidad.

Por otro lado, Jaresko no quiso adelantarse a predecir cuál podría ser el nivel de intervención legislativa que pueda requerir el plan, hasta que la corte determine el mismo. No obstante, dijo que “normalmente, la Legislatura se necesita para aprobar la nueva emisión de bonos o CVI, pero no del plan fiscal en sí”.