El continuo aumento del costo de vida haría que los pensionados caigan “en la indigencia”.

Este fue el siniestro pronóstico de Pedro Pastrana, portavoz del capítulo de jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), quien- junto a una decena de integrantes del Frente en Defensa de las Pensiones- se dieron cita esta mañana a la Calle de La Fortaleza para exigir un aumento de un nueve por ciento a las pensiones de empleados públicos.

De contar con este aumento, los pensionados podrían hacerles frente a los altos precios producto de la inflación y las alzas en el cobro de la energía eléctrica, entre otros, explicó.

“Cuando vamos al supermercado nuestras pensiones son recortadas, cuando vamos a pagar servicios esenciales- como luz, agua, teléfono y los costos de salud- nuestras pensiones siguen siendo recortadas y, si a la energía eléctrica le aumentan ese supuesto veinte tanto de aumento mensual, nosotros vamos a caer en la indigencia. En ese sentido, nuestras pensiones no han sido aumentadas desde el 2007, que eliminaron la Ley 35, que llamaban la Ley Cola. De ahí nuestras pensiones siguen para atrás”, subrayó a Primera Hora.

Los jubilados llevarán sus reclamos a la Legislatura.
Los jubilados llevarán sus reclamos a la Legislatura. (Sara R. Marrero Cabán)

“No podemos olvidar que estas compañeras y compañeros fueron los que construyeron el País que tenemos hoy día y, sin lugar a duda, se ha visto afectada este, particularmente, el alto costo de vida y todas las políticas neoliberales que se han venido implementando en todos estos años y que, ciertamente, a quiénes afectan es a este sector vulnerable”, agregó el vicepresidente de la FMPR, Edwin Morales.

Por su parte, Eulalia Centeno, recalcó que más allá de un golpe al bolsillo, la carga emocional a raíz de vivir con tan escasos recursos es abrumante, máxime en una Isla donde gran parte de los jubilados crían a nietos y sufren de afecciones de salud que requieren medicamentos.

“A todo esto, las condiciones económicas nos crean unas presiones, porque no podemos tomar unas decisiones con lo poco que nos llega o lo que nos queda”, dijo la también portavoz del capítulo de jubilados de la FMPR.

Aunque solamente había un puñado de manifestantes, 11 policías bloqueaban la entrada a la calle.
Aunque solamente había un puñado de manifestantes, 11 policías bloqueaban la entrada a la calle. (Sara R. Marrero Cabán)

Para concretizar su petición, el grupo llevará su lucha hasta la Cámara de Representantes y el Senado para que se radique un proyecto de ley que posibilite este aumento.

“Aunque la legislatura esté en receso ahora, comienza el receso, nosotros vamos a estar en el cabildeo en la próxima sesión, para hacerlos conscientes de que realmente necesitamos que el Puerto Rico que ellos administran sea administrado de forma eficiente para nosotros los jubilados”, prometió.

“Un gobierno que no sirve a su gente es un gobierno que no tiene compromiso con el mismo. Así que estamos haciendo un llamado para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener un mejor futuro aquí en nuestra patria”, agregó Centeno.

La lucha sigue

El aumento a las pensiones no es la única lucha que el Frente llevó a la calle. En unísono al mensaje de la entidad Todos Somos Pueblo, declamaron su rechazo al contrato que mantiene el Gobierno con la empresa LUMA Energy para administrar el servicio de energía eléctrica en el país.

Y, de cara al 30 de noviembre cuando caducará el contrato suplementario que mantiene con el consorcio energético, el Frente tiene un calendario lleno de luchas para exigir que el gobernador Pedro Pierluisi cancele el acuerdo “de una vez y por todas”.

El 16 de noviembre habrá un piquete frente a las instalaciones de LUMA Energy a las 10:00 a.m. Luego, se llevará a cabo una caravana ecuménica y concentración en San Juan. Ya para el 27, marcharán desde la Plaza Colón hasta la Fortaleza y, el 29, irán a la Calle de la Resistencia bajo el lema “Rompamos el contrato en calle Resistencia”.

“Aspiramos a que el gobernador atienda la necesidad del país y que, de una vez y por todas, salga de ese contrato que está afectando la calidad de vida de todo el mundo, porque la incertidumbre afecta la calidad de vida, porque el costo de la vida, porque los gastos que tiene un empleado y los gastos que tiene un comerciante cuando se le daña un equipo que tiene que pasarlo al consumidor, nos afecta la vida. Y, por eso, estamos invitando a este esfuerzo”, instó el presidente de la Federación de Asociaciones de Empleados Gerenciales del ELA (FAEGELA), Armando Montero González.

Armando Montero González y Eulalia Centeno.
Armando Montero González y Eulalia Centeno. (Sara R. Marrero Cabán)

Pese al rechazo de varios sectores, Pierluisi repitió esta mañana que no visualiza cancelar el multimillonario acuerdo. Por lo contrario, adelantó que para el 1 de diciembre LUMA continuará administrando la energía en la Isla.

“El Gobernador podrá decir lo que sea, pero él sabe que el pueblo repudia y rechaza ese contrato”, señaló Pastrana.

“Cuidado con lo que el Gobernador (diga) de que las cosas van a estar bien. No. Aquí hay que estar vigilante y por eso están los jubilados al tanto y estamos avisando que estamos buscando a personas para estar muy pendiente a estas decisiones que está tomando el Gobierno, porque nos parece que una vez más nos pueden llevar a otra quiebra que está en cierne”, añadió Montero.

“Tras que pagamos tanto, el servicio es tan malo que no nos permiten tener unas condiciones adecuadas para vivir”, coincidió Centeno.

“Mientras el hacha va y viene, nos vamos a mantener aquí”, concordó Morales.

“No estuvimos dispuestos a entregar nuestros derechos”

Asimismo, los manifestantes repudiaron la bonificación de $11,360 que recibirán los empleados representados por la Unión de Servidores Públicos Unidos (SPU), cantidad que se les aseguró de parte de la Junta de Supervisión Fiscal por no rechazar el Plan de Ajuste de la Deuda, que ocasionó recortes económicos en los salarios de empleados públicos.

“Se aprobó un plan que es un desastre para el país. Nos condena a un pago de una deuda que nunca se auditó, una deuda que no se recortó a costillas de las pensiones de las maestras y maestros y demás recortes en el gobierno”, sostuvo Morales.

“Hoy le dan una dádiva a un sector que estuvo dispuesto a entregar derechos de los trabajadores y de los empleados públicos para venir a congraciarse con dicho sector. En el caso del magisterio, la situación es distinta. Nosotros no estuvimos dispuestos a entregar nuestros derechos adquiridos, no lo vamos a estar y vamos a estar mano a mano luchando por nuestras pensiones, para que nos devuelvan nuestras pensiones que fueron arrebatadas”, comentó.