A simple vista, no se perciben. Empero, tallan la memoria, las emociones y el estado físico de los menores, trastornando su salud emocional y física a largo plazo. Se trata de las heridas perennes que sufren los niños y niñas al presenciar la violencia doméstica en sus hogares, ambientes que, por definición, deberían traducirse como baluartes de paz y tranquilidad.

Este mal social se ha convertido en un problema de salud pública poco atendido, el cual se agrava significativamente cuando se trata de hijos con padres que tienen sus estatus migratorios no definidos. Esto porque los menores arrastran a su adultez afecciones emocionales y físicas que pudieron haber sido controlados si se hubiesen atendido con premura.

“Las experiencias adversas de la infancia es de las peores crisis de salud pública no resueltas”, señaló el presidente y fundador de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, Marcos Santana Andújar.

“La situación de la mujer inmigrante es todavía mucho más fuerte, mucho más marcado que las mujeres del país de origen. La situación de violencia de género en las mujeres inmigrantes es una situación de salud pública bien, bien fuerte”, afirmó, por su parte, la fundadora y directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón.

Disparidad de datos

El cúmulo de cifras recopiladas por las agencias que suelen atender casos de violencia doméstica no necesariamente representa la realidad que sufren los menores a manos de los agresores en sus hogares, pues simboliza una fracción del mal que realmente ataja a la Isla.

Esto porque muchas víctimas de violencia doméstica, ya sea por temor, falta de orientación o mero desconocimiento de los procesos, no acuden a las agencias gubernamentales y, si lo hacen, no suelen reportar la presencia de un niño en el hogar cuando ocurrió la agresión.

Por lo tanto, aflora una desemejanza de la realidad cuantitativa de cuántos menores, ya sean puertorriqueños como inmigrantes, son afectados por la violencia doméstica.

“Ese es el primer gran problema: la invisibilidad en datos del problema. Quienes trabajamos con servicios a familia o hemos trabajado en albergues para mujeres sobrevivientes de violencia sabemos que en los espacios donde se atiende la violencia doméstica se atienden muchos más niños que mujeres, porque en la media, en los albergues, es que por cada mujer hay tres niños”, puntualizó Santana Andújar.

Para el 24 de mayo, el Departamento de la Familia tenía 572 casos activos de menores entre 0 a 17 años de edad recibiendo servicios por haber presenciado la violencia doméstica en sus hogares. Estos casos pueden ser clasificados como maltrato emocional o negligencia, dependiendo de las particularidades de cada situación.

Según las cifras recopiladas por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en el Perfil de Maltrato de Menores de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), que está adscrita al Departamento de la Familia, la negligencia y la negligencia emocional, precisamente, figuraron como los dos tipos de maltrato de menores de mayor incidencia en el 2021, año que se reportaron 2,732 casos de negligencia y 2,717 de maltrato emocional. Esta tendencia ha sido estática desde el 2019.

Sin embargo, el hecho de que el Departamento catalogue algunos de estos casos como maltrato emocional o negligencia no es sinónimo de que todos los menores presenciaron la violencia doméstica en sus hogares.

Sino, la negligencia hace referencia al tipo de maltrato que consiste en faltar o dejar de proveer alimentos, ropa, albergue, educación, atención de salud, supervisióń o falta de comunicación con un menor, según el Artículo 166 A, incisos (3) y (4) del Código Civil de Puerto Rico.

Entretanto, la negligencia emocional se identifica cuando los actos de un cuidador ocasionan desórdenes conductuales, cognitivos, afectivos u otras perturbaciones mentales y de comportamiento. Este tipo de maltrato, usualmente, se manifiesta mediante el abuso verbal o demandas excesivas al menor. Por ende, estos números no son especificados ni depurados.

“Nosotros le llamamos víctimas secundarias de la violencia de género. Desde el 2014 hemos denunciado públicamente que los niños y las niñas en contextos de violencia doméstica son invisibles para el Estado, no son fáciles de encontrar. Hay una manera de reportarlos, sí, pero no todas las mujeres solicitan una orden de protección. Por otro lado, si el Departamento de la Familia interviene en un caso donde hay maltrato de menores y coexiste violencia de género, el Departamento puede reportarlo, pero no todas las familias llegan al Departamento. Igualmente, no todos los casos solicitan servicios a la Procuradora de las Mujeres. Es decir, está fragmentada la información. No existe en Puerto Rico una política pública que ordene la recopilación de datos estadísticos de los niños y niñas víctimas de violencia en contextos de violencia de género”, resaltó Santos Andújar.

Por su parte, Grullón efectuó un sondeo de necesidades en conjunto con personal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) previo a inaugurar el Centro en el 2004. Este estudio arrojó que, de cada 10 inmigrantes féminas, ocho eran o habían sido víctimas de violencia de género o agresión sexual.

Acorde a lo que ha presenciado mediante su labor desde aquel entonces, especuló que, hoy día, este número podría haber aumentado a nueve de cada 10 inmigrantes.

“Yo creo que, en vez de ocho de cada 10, (ahora) son nueve de cada 10″, opinó al también mencionar que la mayoría suelen ser madres, por lo que podrían tener entre uno a tres hijos, ya sea viviendo con ellas o en sus países de origen.

Basado en los resultados del sondeo del Centro y datos de la Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico del Censo de Estados Unidos del 2015, se podría deducir que 41,330 de las 51,663 mujeres inmigrantes mayores de 18 años y provenientes de las comunidades extranjeras de mayor incidencia en Puerto Rico posiblemente son víctimas de violencia doméstica. En el caso de que sean madres de un promedio de dos hijos cada una, podría existir aproximadamente 82,660 menores afectados.

La mayoría de estas víctimas podrían ser dominicanas, ya que el informe Población Dominicana: características sociodemográficas y contrastes con la población puertorriqueña, publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en abril, reveló que la minoría con mayor presencia en la Isla corresponde a la comunidad dominicana, seguida por la cubana, mexicana, colombiana, española, venezolana, peruana y argentina, respectivamente.

El total de las personas que provenían de estos países latinoamericanos, según la Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico del 2015, era de 104,746. De estos, 48,266 no tenían ciudadanía americana. Este dato no se delimitó por género.

“A veces, en el caso de las mujeres inmigrantes, se le dificulta más porque no tienen estatus migratorio regular y, para poder solicitar las ayudas, lo tienen que hacer a través de una tercera persona y hay mucho desconocimiento también en las autoridades, en los lugares donde se brindan estos servicios y piensan que como son hijos de personas inmigrantes que están irregularizados, pues no tienen derecho y eso, muchas veces, no es cierto”, aludió Grullón al especificar que el alcance del Centro se expande mucho más allá que meramente la comunidad dominicana en Puerto Rico.

En el caso del Departamento de la Familia, personal “contacta al consulado correspondiente para que los padres reciban orientación y apoyo” cuando advienen en casos que involucren a menores de padres inmigrantes en ambientes de violencia doméstica. Pero, de los 572 casos activos que investigan, no es especifica la procedencia de los menores o su estatus de residencia.

“El objetivo de la agencia es asegurar que los menores, cualquiera de ellos, reciban los servicios y apoyo. Los casos son atendidos con los mismos procedimientos. La política pública establece que la seguridad, bienestar y permanencia de los menores en Puerto Rico es el interés apremiante del Estado, y que el derecho de los padres, madres y otros adultos en el hogar está supeditado al derecho de estos de ser protegidos de cualquier tipo de maltrato o negligencia”, subrayó la agencia en declaraciones escritas a este medio.

En el 2021, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), a través del Centro de Respuesta Integradas de Apoyo y Servicios (CRIAS), atendió a 3,952 participantes de los cuales 1,013 fueron identificados como casos por violencia doméstica. Entre enero a abril del año en curso, se han atendido un total 1,251 participantes de los cuales 356 casos se identificaron como casos de violencia doméstica.

De los 1,013 casos en el 2021, nueve mujeres informaron tener hijos de edades de 1 a 3 años y 8 a 15 años. Mientras, de los 356 casos en el 2022, seis indicaron tener hijos entre las edades de 1 a 15 años.

Entre los casos de violencia doméstica que atendió el CRIAS de la OPM en el 2021, se identificaron siete participantes con los siguientes estatus migratorios: ciudadanas americanas (3), residentes permanentes (2), inmigrante (1) y una que no especificó. Para el 2022, una se identificó como ciudadana americana, dos como extranjeras, cuatro como residentes permanentes y dos inmigrantes. También, una de las participantes no informó su lugar de origen, mientras que una se identificó como de “otro” procedencia.

Más aun, la totalidad de casos atendidos por la OPM en el 2021`donde una mujer sufrió algún tipo de violencia, ya sea doméstica, sexual o de acecho, entre otros, sumó a 9,384 casos de los cuales 83 casos fueron identificados como dominicanas. Entre enero a marzo del 2022, se han atendido 2,640 casos de los cuales 23 se identificaron como dominicanas. Para asistirles, la OPM subvenciona fondos del programa fondos STOP Violence Against Women (STOP VAW) a organizaciones sin fines pecuniarios, estableció.

“El propósito de tener los datos permite más eficiencia en los esfuerzos, porque parte de la necesidad de tener datos es poder planificar y decir dónde están, cuántos son y de qué edades. Sabemos que los niños en edad temprana son más vulnerables, porque no están en el radar escolar. Así que, el esfuerzo de tener data, más allá de funcionarle a la organización como proyecto comunitario, le funciona al país, porque permite una planificación eficiente y un uso de los recursos adecuados. Sí hay alguna data, por ejemplo, sabemos que los albergues de mujeres atienden más niños que mujeres, anualmente pueden atender 600, 700 niños en el país, el conglomerado de albergues de la Red Nacional de Albergues (e) igualmente nosotros en los albergues de niños. Pero, cada uno con esa data fragmentada no resolvemos un problema de país y nosotros en la Red lo que queremos apostar es un cambio sistémico. Queremos movernos de estar apagando un fuego en un caso y otro a mover una transformación de cambio sistémico que permita que no estemos hoy hablando de casos específicos, sino que no importa qué organización y que persona sea, siempre todos los niños que están en contextos de violencia de género puedan ser adecuadamente atendidos”, comentó Santos Andújar.

Según la Ley Núm. 246, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, es obligación del núcleo familiar “promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes”, por lo que “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva para su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los menores”. Por lo tanto, un adulto que conozca de un menor maltratado puede radicar una querella por maltrato, cónsono al Artículo 59 de la Ley.

De acuerdo a la superintendencia auxiliar en investigaciones criminales de la Policía de Puerto Rico, las unidades de violencia doméstica y delitos sexuales radicaron una suma de 150 querellas por maltrato a nivel Isla en el 2021. El área del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) con la mayor cantidad de querellas radicadas fue Ponce, con un total de 39. A su vez, el área de Fajardo fue donde se reportó la menor cantidad al registrar solo un caso.

Entre el 1 de enero al 31 de mayo del año en curso, se han radicado 65 querellas por maltrato. Igual que en el 2021, el área del CIC de Ponce lidera las estadísticas, al reportar 14 casos, mientras que Fajardo es la única zona que no tiene casos radicados.

“Lamentablemente en muchas ocasiones no se incluye al niño (en las querellas de violencia doméstica), porque en ese momento del evento no estuvo presente. Sin embargo, parte de la violencia es utilizar al niño. (El agresor puede decir) ‘sigo violentando (a la víctima) cuando voy a buscar al niño o te envío mensajes con el niño o la niña, o empiezo a preparar a este niño, esta niña, para que mi conducta la lleve a la casa’”, desatacó la directora de proyectos de la Red, Emibell Chong, al asegurar que la organización participa de un comité que está “levantando data” junto al Instituto de Estadística de Puerto Rico “para crear un formulario donde todas las organizaciones pudiéramos trabajar y que de esa manera se pueda crear un sistema para desarrollar un perfil más robusto” del maltrato de menores en contextos de violencia doméstica.

“No somos ellos. Somos todos”

A la nebulosidad de ayudas disponibles y el temor entre los inmigrantes para acudir a agencias gubernamentales se suma la xenofobia de parte de la sociedad puertorriqueña, acordaron Santos Andújar, Grullón y Chong.

“Aún en este tiempo hay tanto temor de las familias. Nosotros caminamos por la comunidad y encontramos temor un poco todavía de desconocimiento, porque no se puede negar que hay un gran discrimen. No tenemos que estar claros que hay un gran discrimen y es un discrimen sistémico. Está metido en las estructuras y, claro, las familias tienen temor de moverse, de buscar ayuda. El no tener regularizado el estatus migratorio no condiciona tu estado de humanidad, de tus derechos humanos. Son inviolables indistintamente el tema de regularizar o no el asunto migratorio”, atestiguó Santos Andújar.

“Mujeres o personas víctimas, sobrevivientes, (a veces) les da miedo. (Dicen) ‘si voy y buscar ayuda y esta persona me va a quitar al niño, me van a deportar’. Todo eso surge en la mente de esta sobreviviente. Pudiera contar con los dedos de mi mano cuántas organizaciones o cuantos servicios pudiera haber (que ayudan) a estas víctimas que realmente no están documentados ¿Qué pasa con esta persona? Se queda callada, continua el ciclo, tiene miedo, no tiene a dónde ir, no tiene familia aquí. Es realmente un ecosistema que se ve afectado en todas las áreas”, expuso Chong.

“Sabemos que para nadie es un secreto la xenofobia y el discrimen que hay. Los niños y niñas no nacen siendo xenofóbicas, no nacen siendo racistas. Se va formando. Es una construcción social. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Cómo vamos a mirarnos en la otra persona? (Tenemos que) entender que los inmigrantes, la dominicana, (no son) ellos. Nosotros no somos ellos. Somos todos y estamos convirtiendo una sociedad que también nos golpea a todos y a todas. Solamente la persona tiene que ser pobre, tiene que ser negra, tiene que ser mujer para también sentir la situación de discrimen. Ahora, sabemos que en el caso de la persona migrante hay una particularidad que todavía la hace mucho más vulnerable, como el caso de la nacionalidad, el caso de la situación migratoria, que eso también se acerca al caso del discrimen y de violencia”, dijo Grullón.

Efectos de por vida

Más que lágrimas instantáneas, los agresores que protagonizan la violencia doméstica y quebrantan la seguridad de un hogar dejan cicatrices en las vidas de menores que, a corto y largo plazo, son difíciles de sanar. Así lo afirmaron la psicóloga clínica Daianna Adams, quien desde el Ponce Health Sciences University (PHSU) ha visto de cerca los efectos que suele arrastrar este mal, y el Departamento de la Familia, que en declaraciones escritas a este diario aclaró que, aunque no existe un estudio de parte de la agencia que determina la magnitud de los efectos en un menor cuando es testigo de la violencia doméstica, “los efectos pueden ser graves; entre ellos, puede causar daños irreparables en su desarrollo emocional y psicológico”.

“Comienzan a sentirse temerosos, comienzan a experimentar miedo, comienzan a experimentar ansiedad, porque están viviendo en un lugar donde no es predecible, no hay un ambiente armonioso y no se sabe qué esperar. No hay una seguridad en ese ambiente. De pronto hay gritos, de pronto hay cantazos, hay golpes, hay insultos. Así que, aunque el niño no sea el que directamente está maltratado, el niño comienza a experimentar las consecuencias de (ser) testigo, de estar presente, de estar observando (una) dinámica disfuncional de violencia en el hogar”, describió la doctora.

Adams identificó que, entre menores de edades preescolares, las primeras afecciones que podrían sufrir como consecuencia de vivir de primera mano la violencia doméstica es que podría existir una mayor propensidad de que recurran a conductas regresivas durante sus estados de desarrollo.

“Cuando hablamos de conductas regresivas es que regresan a etapas previas del desarrollo que ya se esperaban que hubiesen superado, como es que empiezan a mojar la cama u orinarse en la cama, comienzan a chuparse el dedo si ya habían dejado de hacerlo, comienzan a tener problemas para quedarse dormidos y quizás vemos que comienzan a tener signos de terror nocturno (y) tartamudean. Comenzamos a notar unos cambios en conducto que, anteriormente, quizás en el desarrollo eran muy primitivas, porque pertenecían a una etapa más previa, cuando eran mucho más bebés. Y ahora, en esta etapa que ya lo habían superado, comienzan nuevamente a preservarla de una manera regresiva”, explicó.

Ya en la etapa de edad escolar, los menores pudieran comenzar a experimentar sentimientos de culpabilidad por el abuso que está ocurriendo en el hogar, usualmente señalándose a sí mismos como los provocadores de los disturbios. Esto abre la puerta para los primeros indicios de laceración a su propia autoestima, afectando así su desempeño académico y progreso personal, analizó Adams. También, pueden comenzar a desarrollar somatizaciones corporales como consecuencia de los altos niveles de ansiedad.

“Como lo que está ocurriendo emocionalmente se les hace difícil hablarlo (o) expresarlo en el lenguaje verbal, comienza a manifestarlo en síntomas físicos y estos son los típicos dolores de cabeza, dolores de estómago; pueden sentirse mareado o con nauseas, incluso llorar antes de ir a la escuela”, detalló.

Para menores inmigrantes, esta realidad se agrava, pues suele ser la etapa donde primero perciben el discrimen.

“Muchas veces desde la escuela es que muchos niños o niñas que empiezan a ser marcados con la burla, con el ‘bullying’”, acotó Grullón.

Por su parte, Chong convino que el menor que habita en un ambiente violento desde tempranas edades automáticamente activa un “‘chip’ de sobrevivencia o supervivencia”, lo que afecta gravemente su concentración y desempeño, especialmente en el ámbito escolar.

“No aprende de la misma manera. Todo el tiempo lo que está buscando o pensando es ‘yo voy a llegar, voy a comer, tengo que proteger a mi mamá o tengo que proteger a mis hermanos’ y no se concentra. Entonces, lo que pensamos o muchas veces el referido que llega a Trabajo Social es que el niño tiene un problema de conducta, porque simplemente es inatento. Termina con un diagnóstico, empezamos a medicarlo (o a darle) una terapia que ni siquiera necesita y lo que en ese momento necesitaba era protección, amor, ser escuchado, ver de una manera distinta, de una mirada sistémica o una manera holística, (de) cómo yo puedo apoyar a este niño o esta niña sin juzgarlo de primera mano. Realmente, el niño lo que está todo el tiempo es con el escudo para protegerse. Son niños que no descansan bien porque están todo el tiempo escuchando gritos, escuchando peleas o hasta amenazas. Entonces, tienen miedo a dormir, llegan a la sala de clases, a dormir, se les juzga la madre en ese momento o se juzga a la víctima, se le juzga porque este niño no la están supervisando, pero hay que mirar más profundo”, indicó.

Una vez llegan a la adolescencia, las manifestaciones de vivir en ambientes violentos se reflejan mediante conductas temerarias, por lo que están más propensos a sucumbir a trifulcas, actividades sexuales arriesgadas y el consumo descontrolado de sustancias controladas o alcohol. Asimismo, son aún más vulnerables a sufrir bajas en la autoestima.

“Se tornan retraídos, aislados y se les hace difícil establecer relaciones interpersonales con sus pares y la depresión pudiese estar presentándose”, señaló Adams.

Del mismo modo, los jóvenes pueden estar más propensos a sufrir alteraciones emocionales, los cuales se podrían manifestar como trastornos de ansiedad, depresión y de alimentación. Vivir en ambientes violentos podría también exacerbar condiciones somáticas de los cuales ya el menor podría estar genéticamente predispuesto, como la obesidad y otros problemas salubres.

“Tienen un mayor riesgo de tener problemas de salud mental y problemas de salud física. Así que, comenzamos a identificar que nuestros niños presentan ya cuadros de ansiedad, cuadros de depresión y comenzamos también a observar a niños con mayores índices de obesidad, diabetes, todas estas afecciones de salud física”, sostuvo.

“El hecho de que esté viviendo en un lugar donde hay estrés continúo, pues a nivel de su cuerpo, esto puede llevar tanto a desarrollar condiciones que estaban predispuestas a desarrollarse mucho después en su vida y, definitivamente, el ‘issue’ de obesidad (se puede desarrollar) no solamente por una condición de salud física que de pronto desarrolla el menor, sino también por unos hábitos deficientes, unos hábitos alimentarios y que sean pobres en el hogar. Por lo tanto, eso lleva a que hay una menor supervisión a que quizás no se le brindan las necesidades básicas como se deben a estos niños y ahí está incluida la seguridad alimentaria”, agregó.

En el peor de los casos, los menores podrían replicar el ciclo de violencia al llegar a su adultez, ya sea en el rol de víctima o victimario.

“No podemos crear una relación de causa y efecto, pero sí hay una propensidad mayor a que se conviertan en víctimas o victimarios, en que repitan estos ciclos de violencia, esto que observan, porque lo normalizaron. Es decir, ‘pues esto estuvo pasando en mi casa, pues esto es normal. Así es cómo un hombre debe tratar a una mujer’ o ‘esto es lo que una mujer debe aguantar’. A mayor tiempo de que nuestros niños estén expuestos a este tipo de maltratos, es que mayor va a ser esa propensión en ellos a convertirse en maltratantes o a aceptar relaciones abusivas en su vida”, estimó la doctora.

“Las secuelas son devastadoras. Vemos un niño que repite la conducta muchas veces de la persona agresora. Nosotros hemos tenido en oficina para brindarle servicios, madres, víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica que dicen que tienen a un mini agresor en su casa”, dilucidó Chong.

“Estos efectos emocionales deben ser atendidos por profesionales del comportamiento. Estos menores que viven en ambientes con dinámicas de maltrato podrían ocasionar que, en su edad adulta, repitan esos modelos”, dijo el Departamento de la Familia.

Problema “biopsicosocioespiritual”

Para todos los entrevistados por Primera Hora, la violencia doméstica es un mal social mucho más amplio que un asunto familiar. Por lo contrario, es uno enraizado en el problema de salud mental y pública, así como social y espiritual, concepto acuñado por Adams como uno “biopsicosocioespiritual”.

“Esto es un problema que nos ataña a todos y que definitivamente hay una violencia que se ha ido perpetuando a través del tiempo. Necesitamos alzar la voz, necesitamos hacer campañas educativas, necesitamos escuchar a los profesionales que trabajamos con esta situación a diario para las recomendaciones de cómo prevenir y no necesariamente entrar a lo que es ya tener que remediar. Nos hemos convertido en una sociedad remediativa, o sea que ya está el problema y entonces empezamos a trabajar con la secuela de las consecuencias. Pero, ¿por qué no trabajamos desde la prevención?”, cuestionó la psicóloga al recomendar la creación de plataformas y cursos específicos de orientación para educar sobre las relaciones sanas en los vínculos familiares.

“Nosotros hemos validado que esa experiencia adversa de la infancia, que es la violencia, nunca viene sola. Los niños están en ese contexto de violencia, pero viviendo en comunidades bajo el nivel de pobreza, viviendo en comunidades que no tienen escuelas, que no tienen servicios de salud adecuados, que no tienen transportación colectiva, que hay violencia comunitaria, armada, lo estamos viendo en estos días. Entonces, todos esos factores, todas esas experiencias adversas de la infancia, no solamente afecta la inmediatez de los niños, sino que van a afectar su desarrollo evolutivo. Hay un grave problema, porque el sistema ni las escuelas está pensada para entender que los niños no están en modo de aprender, están en modo de sobrevivir y eso, si no se atiende, vamos a tener adultos (que) van a replicar el ciclo generacional de la violencia, la pobreza, que es la desgracia de este país, el ciclo generacional de violencia y de pobreza. Para verdaderamente cortar esos ciclos, hay que atender las experiencias adversas en la infancia y, más que atenderlas, evitarlas”, puntualizó Santos Andújar.

“Nos toca a todos. No solamente nos toca un sector nada más de la población, nos toca a todos trabajarlo”, reiteró Adams.

Con aras de atajar el problema, coincidieron que el paso más asertivo hacia el cambio social es la educación. Es de esta manera, pronosticaron, que se podría instruir de las maneras de identificar los signos de violencia, lo que constituyen las relaciones tóxicas y la importancia de “romper el silencio” que, efectivamente, podría salvar vidas.

“El primer paso es la educación, es educar, educar tanto a las familias como a los niños a través de lo que son todos los medios de comunicación, a través de las plataformas escolares donde cada familia pueda identificar claramente cuáles son esos signos de violencia. La educación ahí es el eje puntual, es el eje clave para poder erradicar lo que es la violencia doméstica (y), por supuesto, la secuela, que tanto negativo que tiene sobre nuestra niñez. Además de la educación, el poder romper el silencio, y esto también va de la mano con la toma de decisiones en el hogar, romper el silencio, poder hablar sobre lo que está pasando, si soy víctima de violencia doméstica poder decirlo, poder hablar directamente a programas que puedan brindarme ayuda”, recomendó Adams.

“Aquí estriba en la importancia de la educación a todos los niveles, porque estaríamos rompiendo precisamente con estos patrones, patrones que sabemos que quizás se han arraigado por muchos años, porque se ha normalizado en nuestras comunidades lo que es el machismo, que un hombre tiene poder sobre la mujer o un hombre tiene un poder sobre el derecho de los niños. Entonces, se dan estas relaciones desequilibradas en poder, que es lo que da paso al maltrato en todos los niveles físico, psicológicos y sexual”, arguyó.

“Eso es algo que hay que mirar a nivel sistémico. Desde ya tenemos que trabajarlos. ¿Cuál es la juventud que vamos a tener si no seguimos trabajando?”, planteó Chong al mencionar que el sistema educativo también debe incluir una mirada “más profunda” para incorporar herramientas y estrategias que ayudarían a solucionar el problema.

Grullón consideró que un factor esencial es la incorporación de la perspectiva de género en el currículo educativo, ya que sería “una forma de estrechar esa (brecha) tan amplia que hay con la comunidad inmigrante (y) comunidades subatendidas”.

“Yo no puedo aceptar lo que yo no entiendo. Así que, nos toca educar, a través de esa capacitación o esa enseñanza de la práctica. En este aspecto, tenemos que seguir educando si seguimos avanzando. Nos falta, pero tenemos que seguir educando y tenemos que entrar en las comunidades, no tan solo en la comunidad escolar, (sino también) en las organizaciones. A veces pensamos que por ser profesionales no vamos a tener prejuicio, no vamos a tener discrimen. (Por medio de la educación) yo entiendo que vamos a tener un cambio o una deconstrucción, una reeducación en cuanto a lo que (es) el discrimen, el prejuicio, para poder aceptar esta comunidad. Realmente no nos toca a nosotros hacer el ‘checklist’ de aceptar o aceptar, pero sí seguimos educando”, propuso Chong.

“Nosotros pensamos que en cada pequeña acción que se hace por los niños que tenemos aquí (en la Red), la familia se va transformando. Pero, somos conscientes también de que tiene que haber un cambio macro de políticas públicas migratorias y a nivel local tiene que haber más asignaciones de recursos para organizaciones dedicadas. Compañeras como el Centro de la Mujer Dominicana son de las pocas organizaciones dedicadas al tema de la población dominicana y otras organizaciones que estamos haciendo esfuerzos tratando de dirigirlo a esa población. Eso es solamente la punta del ‘iceberg’ de un problema grande”, elucidó Santos Andújar.

Si detecta un caso de maltrato de menores, repórtelo. Puede hacerlo llamando a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico: (787) 343-2020. También, si eres víctima de violencia doméstica, puede comunicarse también con la Policía o la línea de orientación a víctima de violencia doméstica de la OPM: (787)722-2977.