Cada año, nacen en Puerto Rico decenas, quizás centenas, de bebés cuyo sexo no se puede definir solo con una mirada a sus genitales. En esa situación, un médico tiene entre una y dos semana para establecer el género de esta persona, el mismo que aparecerá en sus identificaciones, el que estará atado a su seguro social y el que cargará por el resto de su vida. 

“Creemos que es una violación profunda a la dignidad humana una asignación de sexo a esta criatura, una decisión de la que no participó, que se toma en el ámbito médico y con el consentimiento de los padres”, reflexionó este miércoles, Juan Carlos Jorge, profesor del Departamento de Anatomía y Neurobiología, de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas.

Su exposición fue parte de un análisis crítico del discurso médico y jurídico de la intersexualidad que formó parte de la agenda del Congreso Puertorriqueño de Derechos Humanos en el hotel Verdanza en Isla Verde y que este año aborda temas de género y sexualidad.

“La clase médica ha sido asignada con la responsabilidad social de clasificar a todo el mundo por sexo. Pero sucede que en los casos de intersexo no es tan fácil”, explicó Jorge al mencionar que al momento del nacimiento, el bebé puede tener un clítoris que parece más grande de lo que es considerado normal, pero que quizás podría ser un pene más pequeño de lo que dicen las reglas anatómicas. Igualmente, lo que parecería una labia mayor o menor podría ser en vez bolsas escrotales sin testículos que se desarrollarán en la pubertad, aun cuando un médico haya determinado en los primeros días de vida que este individuo iba a ser mujer.

Jorge presentó múltiples ejemplos, de personas que fueron clasificadas como mujeres al momento de su nacimiento y se desarrollaron como hombres o, por el contrario, féminas que habían sido identificadas y tratadas toda su vida como varones.

Como los bebés ya tienen un sexo asignado al cumplir sus dos semanas de vida, la intersexualidad en Puerto Rico parece todavía un tema invisible. No existen datos precisos, pero Jorge estimó que al año nacen cerca de 60 bebés con un tipo de intersexualidad conocida como hipospadia, por lo que los recién nacidos intersexuales deben ser más.

“Aunque nazcan 10 al año, son ciudadanos y tenemos que asegurarnos de que sean ciudadanos completos, no ciudadanos de segunda clase”, estipuló.

En muchos de estos casos, según destacó el especialista, el protocolo médico, también recomienda cirugías para que los genitales sean más típicos de un sexo o de otro. 

“Creen que si esto no ocurriera, a lo mejor los padres se van a confundir en cómo criar a sus bebés o que el niño o la niña mire sus genitales, se compare con otros y no esté seguro de su propia identidad y eso le cause problemas”, apuntó el médico como la justificación para realizar estas intervenciones. 

“La cirugía genital se practica con la mejor intención del mundo, lo que pasa es que ahora con los datos que se han estado acumulando de estas cirugías que se vienen haciendo hace 40 o 50 años, sabemos que cuando la persona llega a la adultez, mirando hacia atrás, hubiese preferido que no lo operaran y esto son cirugías que no son reversibles”, resaltó.

En el debate sobre cuán urgente es esta cirugía genital, así como la clasificación sexual, convergen el ámbito médico y el jurídico.

De acuerdo con la abogada Patricia Otón, este protocolo dominante médico, aun cuando los padres pudieran tener todo el poder decisional y estar bien informados sobre el tema, ignora la individualidad del bebé como ser un humano.

“¿De quién es el cuerpo? ¿Quién es el paciente?”, cuestionó Otón sobre lo que calificó como excesivo énfasis en el poder de la patria potestad, “pues no estamos hablando de operaciones o cirugías de emergencias para salvar la vida de un menor”. 

Según citó Otón, la mayoría de los infantes intersexuales ha sido sometida a una cirugía de asignación de sexo al nacer y un 25% ha informado más tarde en su vida estar insatisfecho con su sexo asignado. 

El reto para el derecho significa en parte que las personas intersexuales a quienes se les asignó un sexo quirúrgicamente al nacer, si luego no están satisfechas con dicha asignación, al querer cambiar sus documentos legales de acuerdo a su identidad de género, pueden conformar problemas similares a los de la población transgénero, como lo puede ser la inconsistencia con su pasaporte, licencia de conducir, certificado de nacimiento y demás identificaciones.

La propuesta alternativa, señaló, es una moratoria a los tratamientos quirúrgicos y hormonales que no sean necesarios hasta que el menor o la menor pueda consentir, reconociendo su voluntad y capacidad evolutiva.

“Creo que nos toca tratar de ver si creamos política donde podamos decir ‘este es el protocolo estándar, pero vamos a mirar con cuidado cómo es que hacemos este ejercicio. ¿Qué tal si permitimos que estos niños y niñas crezcan lo suficiente para que participen del proceso de decidir?’”, agregó.