Días después que la administración de Alejandro García Padilla anunciara que no defenderá la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil, que define el matrimonio como la institución civil entre un hombre y una mujer, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ángel “Chayanne” Martínez presentó una medida legislativa que descarrilaría cualquier intento por legitimar y validar las uniones entre personas del mismo sexo.

La Resolución Concurrente del Senado 43 no solo propondría elevar a rango constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que tampoco permitiría que se reconozca en Puerto Rico este tipo de unión entre parejas homosexuales cuando se hayan oficiado en otras jurisdicciones.

La pieza, presentada por Martínez la semana pasada, dispone la celebración de un referéndum el próximo 8 de noviembre para que los electores decidan si quieren o no enmendar la Constitución con esos propósitos.

“En todo nuestro estado de derecho, está presente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En otras jurisdicciones, se viene cuestionando la composición del matrimonio, tanto en la cantidad como en calidad de sus componentes, como por ejemplo la poligamia, poliamorío, uniones de hecho, personas del mismo sexo, entre otros. Es imperativo dejar claro la constitución de nuestra cultura al respecto. Ni la poligamia y la poliandria responden a nuestra idiosincrasia de pueblo”, reza la exposición de motivos de la medida.

“En una democracia, se respetan las decisiones particulares de los ciudadanos en su intimidad y se deja a su libre albedrío a la persona en tanto no represente un riesgo a la seguridad de la vida en la sociedad y el bien común. No obstante, como cuestión de institución pública, es deber del estado fomentar toda medida que propenda al mejor bienestar de la familia y al fortalecimiento del país”, agrega.

La pieza, incluso, plantea que la “institución del matrimonio está patentemente plasmada aún en nuestro escudo y el sello oficial del estado” al supuestamente estar representada por el yugo y la unión de los Reyes Católicos Fernando e Isabel, de España.

“Somos un pueblo marcadamente definido en este asunto”, afirma la legislación.

El objetivo de la medida del senador del PNP se asemeja a la de la fallida Resolución Concurrente 99, de la autoría del convicto senador Jorge De Castro Font, y mediante la cual hace ocho años se intentó sin éxito incluir en la Constitución la definición del matrimonio heterosexual.

Si la Resolución Concurrente 43 prospera a su paso por la Legislatura, los electores tendrían que decidir en referéndum si avalan o no que se incluya en la Sección 20 del Artículo II de la Constitución, que recoge la Carta de Derechos, la siguiente disposición: “El matrimonio es una institución civil, que se constituirá solo por la unión legal entre un hombre y una mujer, de conformidad con su sexo original de nacimiento. Ninguna otra unión, independientemente de su denominación, arreglo, lugar de procedencia, o similitud con el matrimonio, será reconocida o validada como un matrimonio”.

Martínez sometió conjuntamente el Proyecto del Senado 1337, que crearía la “Ley Habilitadora del Referéndum de Enmienda Constitucional sobre el Matrimonio”, que detallaría la manera en que se celebraría la elección especial, y establece que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) recibiría una asignación de $2 millones del Fondo General para cubrir todos los gastos relacionados con la elección especial.

En lo que constituyó un giro en la política pública, cuando se venció hace casi dos semanas el plazo para que el gobierno de Puerto Rico presentara su argumentación escrita a nivel apelativo en el caso federal interpuesto por cinco parejas homosexuales que solicitan se reconozcan en la isla sus matrimonios, el secretario de Justicia, César Miranda, anunció que esta administración no defendería el Artículo 68 del Código Civil, que define el matrimonio como la institución civil  entre un hombre y una mujer.

La presentación de las medidas ocurre en momentos en que se intensifica en Estados Unidos el debate sobre dos legislaciones de libertad religiosa en los estados de Indiana y Arkansas que, según sus críticos, permitirían que se discrimine contra los miembros de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (Lgbtt).

En Indiana, la ley fue aprobada, pero el gobernador Mike Pence solicitó el martes a los legisladores estatales que aclaren el lenguaje para establecer que la pieza no será un instrumento para discriminar contra las personas homosexuales. El estatuto prohíbe que cualquier ley límite de alguna manera la capacidad de los ciudadanos de mantener sus creencias religiosas.

En el estado de Arkansas, una medida similar pasó el martes el cedazo legislativo, pero el gobernador Asa Hutchinson solicitó este miércoles a los legisladores estatales que revisen el texto de la medida antes de que llegue ante su consideración.