La Corte Suprema de Estados Unidos evalúa hoy, martes, en vista oral la llamada ley de quiebra criolla, el esfuerzo estatal para crear un ordenamiento legal que les permita restructurar la deuda pública que asciende a $70,000 millones.

La ley fue declarada inconstitucional por una corte de distrito en Puerto Rico y por el Tribubnal de Apelaciones de Boston, pero la administración García Padilla acudió mediante recurso discrecional de certiorari ante el más alto foro judicial de Estados Unidos que accedió a ver el caso. Junto a la controversia también ante ese foro de Sánchez Valle -sobre si existe soberanía propia en casos penales- se trata de una de las pocas veces en décadas que ese foro atiende casos sobre Puerto Rico.

Aunque el Supremo está tradicionalmente compuesto por nueve magistrados, el caso será atendido por siete jueces ante el fallecimiento de Antonin Scalia y por la inhibición anunciada por el también juez Samuel Alto. Esta composición de siete jueces, la mayoría nombrada por presidentes demócratas, podría favorecer la posición del gobierno de Puerto Rico, según Bloomberg.

La sesión está prevista a comenzar a las 11:00 a.m.

En Puerto Rico, el secretario de Justicia, César Miranda, dijo hoy que como el Congreso no ha incluido a Puerto Rico en la ley federal de quiebra, no existe un campo ocupado federal y el gobierno estatal puede legislar.

"Nosotros entendemos que nada nos impide legislar", dijo Miranda en radio Isla 1320.

Mientras, mediante comunicado de prensa, el candidato a la gobernación y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, dijo que es importante que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconozca la constitucionalidad de la Ley 71 de 2014, también llamada como la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico.

"Sería una grave injusticia que a Puerto Rico se le mantenga en un limbo jurídico en cuanto a su capacidad de tener su propio ordenamiento jurídico de reestructuración de deuda pública, ya que la autoridad federal que se le confería al país le fue arrebatada sin explicación - y sin proveer un mecanismo alterno - en 1984”, indicó Bernier en declaraciones escritas.

“No hay forma de resolver este asunto con más recortes sin un proceso legal y ordenado de reestructuración de la deuda. Ante la inacción del Congreso hasta el presente de autorizar a Puerto Rico a reestructurar sus deudas, el Tribunal Supremo debería reconocer la validez de la ley que se aprobó a nivel local para por lo menos reestructurar la deuda de sus municipios y corporaciones públicas", añadió.

 No obstante, Bernier advirtió que este caso ante el Supremo pudiera no resolverse a tiempo para evitar “la posibilidad de un impago masivo en algún momento entre el 1 de mayo y el 1 de julio de este año”.