El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras (ACT), Edwin González Montalvo, aseguró que hay entre 10 a 15 empresas interesadas en sustituir al operador privado de AutoExpreso, entidades que deben entregar las solicitudes de propuestas (RFP, en inglés) para finales de agosto.

González Montalvo explicó que van viento en popa las gestiones para sustituir a Professional Account Managament (PAM), empresa que administa el AutoExpreso desde el 2019 cuando la agencia reemplazó el contrato con la empresa hermana Gila LLC por incumplimiento en 2015. Las extensiones de contrato con PAM -empresa que ha causado descontento en la ciudadanía e, incluso, en el gobernador Pedro Pierluisi- han alcanzado un valor actual de cerca de $146 millones.

“Ese proceso de solicitud de propuestas ya empezó. Esta semana tuvimos una reunión inicial en la cual se le dio la oportunidad a los interesados de escuchar lo que se necesita de que hicieran muchas preguntas. Debo decir que hay mucho interés. Hay entre 10 a 15 compañías interesadas, pero no puedo entrar en muchos detalles por ser una licitación activa”, manifestó.

Tras el ciberataque del 16 de abril al AutoExpreso,. el gobernador Pierluisi dijo no “tolerar” esperar que se concretara el proceso en el 2023, como originalmente lo tenía pautado el director de ACT.

“Estamos trabajando para conseguir un nuevo operador, así como el señor gobernador nos instruyó... para finales de agosto ya deben estar presentadas esas propuestas”, insistió.

El gobierno busca que con el nuevo operador haya un cambio en la infraestructura utilizada, que se cambie la tecnología y se establezcan medidas de seguridad más rigurosas para evitar cualquier otro ataque al sistema.

Las quejas de la ciudadanía contra el servicio de AutoExpreso comenzaron poco después que se otorgó, en el 2015, el primer contrato para un operador privado de los sistemas de pago y recarga automáticos de los peajes de la isla. El Nuevo Día reseñó que PAM ganó la licitación como operador del sistema en el 2018 para reemplazar a GILA LLC luego que el entonces gobernador, Ricardo Rosselló, exigió la cancelación del acuerdo por múltiples fallas de servicio y errores en la emisión de multas. El contrato, sin embargo, no se rescindió, sino que le fue transferido a PAM que, se supo luego, forma parte de la compañía matriz de GILA LLC, Navient.

De hecho, trascendió que el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor demostró que el contrato de GILA y Metropistas con al ACT por $76.06 millones nunca se canceló, sino que fue transferido a PAM, que también asumió las oficinas en Metro Office Park.