Los tres restaurantes Bonanza que el Departamento de Hacienda embargó esta mañana en Bayamón, Caguas y Ponce, por supuestamente no remitir a la agencia ingresos por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), tenían previsto reabrir sus puertas hoy, miércoles, a partir de las 5:00 p.m., pero debido a dilaciones en el proceso, se mantendrán cerrados hasta mañana.

Según indicó el director ejecutivo de los tres restaurantes, quien prefirió no utilizar su nombre, las corporaciones que operan cada uno de los locales ubicados en Plaza del Sol, en Bayamón; Plaza Centro, en Caguas, y en la carretera PR-2, en Ponce -Sunny Food, Nova Food y Lion Food, respectivamente- presentaron esta tarde recursos judiciales para acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. 

Sin embargo, dijo, debido a la culminación de las labores en Hacienda a las 4:30 p.m., no pudieron gestionar la entrega de los locales. Comoquiera, señaló, hay un compromiso de la agencia de culminar el proceso mañana, jueves, a las 9:00 a.m., de manera que los tres establecimientos puedan reabrir en su horario regular, a las 11:00 a.m.

En comunicación telefónica, la portavoz de prensa de la compañía, Nayda Gutiérrez González, sostuvo que los operadores de los tres establecimientos estaban en conversaciones con el Departamento de Hacienda, por lo que les tomó por “sorpresa” el embargo y el cierre temporal de los establecimientos.

Aclaró que estos tres restaurantes, así como los localizados en Humacao y Carolina pertenecen a un dueño, pero los restaurantes ubicados en Rexville y Lomas Verdes, ambos en Bayamón, pertenecen a otro propietario. 

“Nosotros vamos a continuar con nuestros planes de fortalecer la marca para seguir apoyando el crecimiento económico del País”, afirmó Gutiérrez González.

Esta mañana, el Departamento de Hacienda también embargó el negocio El Palacio del Ebanista, en Carolina.

El secretario Juan Zaragoza Gómez informó en la tarde que se trató del último operativo de embargos en este año.

“Se logró impactar cuatro localidades que cometieron serias violaciones al Código de Rentas Internas, que le adeudan aproximadamente $1.3 millones a la agencia”, apuntó Zaragoza Gómez en un parte de prensa. 

El funcionario precisó que técnicos en contribuciones, agentes de rentas internas y agentes de evasión participaron en el operativo a las cuatro compañías, que fallaron en remitir a la agencia estatal las retenciones del IVU, contribución sobre ingreso, contribución patronal y presentaron problemas de cheques devueltos. 

Los tres restaurantes, según el funcionario, tienen una deuda de $ 1.1 millones, principalmente, por no remitir el IVU. Mientras, la corporación dedicada a la venta de materiales de ebanistería tiene una deuda de $279,000 por concepto de IVU, principalmente, sostuvo.

“Continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para gestionar el cobro de la deuda al Departamento de Hacienda. Como he señalado anteriormente, el cumplimiento de las disposiciones que establece nuestro Código de Rentas Internas no es opcional, la política del Departamento de Hacienda que estamos implementando no admite tolerancia ante el incumplimiento de esas responsabilidades”, manifestó Zaragoza Gómez. 

Puntualizó que las acciones de la agencia van a ser mucho más rigurosas con las “personas que dejen de recaudar, retener y depositar el pago de contribuciones como el IVU, la retención patronal de salarios o la retención por servicios” porque estos deudores se están apropiando “ilegalmente” de un dinero que no les pertenece. 

Fue el pasado 12 de noviembre que la agencia comenzó a realizar operativos en los que se les embarga la propiedad a todo aquel comerciante que no le haya remitido sus recaudos por concepto del IVU y otras contribuciones. Algunos de los intervenidos, como la tienda de ropa de infantes Bambi y la tienda de alquiler de equipo para fiestas, Party Line, se han acogido a la quiebra tras las intervenciones de Hacienda. 

Según Zaragoza Gómez, “los embargos y cierres de localidades tienen carácter preventivo y se efectúan con el propósito de garantizar el cobro de la deuda con el Estado Libre Asociado. Transcurridos 30 días a partir de la fecha de notificación, el embargo será ejecutado, si no se ha cancelado la deuda en su totalidad, ya sea mediante pago o con evidencia de haber realizado el mismo. Después de dicho periodo, la propiedad embargada o parte de ella, será vendida en pública subasta tan pronto sea posible, sin más avisos”.