Con un determinado espíritu de resitencia, decenas de vecinos de las comunidades y residenciales de la isleta del Viejo San Juan, así como miembros de diversas organizaciones comunitarias, se unieron en la tarde del domingo en el conversatorio “Puerta de Tierra no se vende”, donde se reiteró el reclamo en contra de las políticas que promueven el desplazamiento de residentes

Como parte del conversatorio, además de escuchar las experiencias de residentes ante el voraz proceso de desplazamiento que viene ocurriendo en el Viejo San Juan, profesores universitarios y líderes comunitarios hablaron de las posibles estrategias para defender a los vecinos ante intereses privados que están comprando cuanta propiedad sea posible.

Caroline Sánchez Feliciano, presidenta del consejo de vecinos de Parque San Agustín y portavoz de la organización Puerta de Tierra No Se Vende, explicó que el proceso de desplazamiento de residentes, aunque está ocurriendo por todo Puerto Rico, es particularmente agresivo en estos momentos en la zona de Puerta de Tierra. Como ejemplo de eso, citó la reciente venta, por apenas $500,000 de la Escuela Martín G. Brumbauch, edificio de varios pisos ubicado en un gran lote, con vista panorámica al océano, a pesar que el precio de tal propiedad, asegura, debía ser considerablemente superior.

“Es un edificio enorme que vale millones (de dólares). Están vendiendo los edificios a precio de pacotilla”, comentó la joven, agregando que “los principales enemigos” de los residentes “son el gobierno y los inversionistas extranjeros”, en particular beneficiados por la Ley 22.

Relató que, a consecuencia del valor que tiene la zona de Puerta de Tierra para el desarrollo turístico alrededor de la bahía, paulatinamente han ido sacando cada vez más residentes de la zona. “Donde había 784 unidades de vivienda en dos complejos, ahora hay menos de 250″.

“Los inversionistas de Ley 22 son una nueva ola de colonizadores. Han acaparado ya decenas de edificios, recibiendo beneficios del gobierno”, añadió. “Se reparten entre ellos las calles para desplazar, y establecen negocios a precios para turistas, y no de barrio”.

Recordó que el año pasado los administradores del residencial Parque San Agustín comenzaron a enviar cartas diciendo que tenían que irse porque las escaleras no eran seguras, “pero gracias a la movilización logramos un acuerdo”.

“Estamos en alerta. Sabemos que nos quieren sacar de aquí”, insistió. “Pero esto es un frente de lucha para que no se convierta en otro lugar para inversionistas buitres”.

Margarita Gandía, de la Asociación de Residentes del Viejo San Juan, organización sin fines de lucro comprometida a preservar el carácter histórico de la ciudad, alertó que desde 2014 comenzó un proceso de ventas de propiedades para convertirlas en alquileres a corto plazo, y “la mayoría ahora son para alquiler de Airbnb”. Describió al Viejo San Juan como un lugar que se ha convertido en “una ciudad de alquiler”, donde reina el desorden en las noches, y que se está quedando sin residentes.

Aseguró que la Asociación ha presentado ante las autoridades y la legislatura una serie de lineamientos para el alquiler, que incluso podrían servir para otras comunidades, y que en el caso del Viejo San Juan limitaría los permisos de alquiler a un porciento determinado de los espacios disponibles.

Por su parte, Alexis Massol, líder de Casa Pueblo, llamó a usar la experiencia de anteriores procesos de lucha contra desplazamientos, como el que llevó su organización contra la minería en Adjuntas.

“Hay que entender qué está pasando aquí, por qué el gobierno es tan corrupto, por qué hay tantos crímenes ambientales, por qué desmantelan la Universidad de Puerto Rico, por qué quieren desplazarnos de donde vivimos, por qué los puertorriqueños les molestamos en nuestras playas, en nuestras costas, en nuestras montañas”, cuestionó Massol.

Insistió en que todo el proceso de desplazamiento “es un plan concertado” y se necesita “una estrategia coordinada, una pedagogía de la resistencia, que explique lo que está pasando y los resultados”.

Llamó a dejar a un lado “el optimismo ingenuo” de cada cuatro años, de pensar que puede venir un cambio desde los líderes políticos, e insistió en que “el cambio no se hace de arriba pa’ abajo, sino de abajo pa’ arriba”.

Mientras, Erika Fontánez Torres, profesora de derecho de la UPR, ofreció algunas recomendaciones para encarar la lucha contra el desplazamiento en el frente legal.

“Lo primero es no confiar en el Derecho”, arrancó la profesora, agregando que el Derecho “es resultado directo que quien tiene el poder”, desde el gobierno y desde el capital, y como tal “se hace a su medida, y luego nos dicen que es un país de ley y orden y no hay más nada que hacer”.

“Así que hay que sospechar de ese marco de derecho, que está hecho para proteger a los que están en el poder”, agregó.

No obstante, aclaró, “no quiere decir que no se pueda usar el Derecho”, y siempre existen “avenidas, estrategias, que se pueden usar”.

Llamó a cuestionar la lógica que se usa para promover las inversiones, de que las mismas tren desarrollo económico, “pero, ¿para quién?”.

“Eso no llega a la gente. Hay que preguntar por ese supuesto beneficio. ¿Dónde está el beneficio de esas leyes?”, cuestionó.

Asimismo, usando ejemplos de otras naciones, llamó a impulsar “la tenencia, que haya garantías de que no te van a desplazar”.

Recordó, además, que no es raro ver que el gobierno actúe no haciendo nada, para permitir el deterioro de terrenos y estructuras, y luego reclamar que es necesario destruirlas porque son un peligro para sus residentes.

El también profesor universitario Raúl Santiago Bartolomei, especialista en planificación, aseguró que hay investigaciones suficientes en torno al desplazamiento que viene ocurriendo y los daños que provoca.

Comentó que, aunque el proceso comenzó antes del golpe del huracán María, se agudizó luego de ese desastre natural, con la compra de muchos inmuebles por parte de inversionistas, como los “inversionistas de criptomonedas”, que ha promovido la especulación.

“Compran y acaparan para diversificar sus carteras”, aseguró. “Y eso lo combinan con plataforma digitales de alquiler a corto plazo, que rinden mucho más, de manera inmediata”, que lo que podría rendir una hipoteca y todo el extenso proceso de una venta.

Agregó que está demostrado que los procesos de desplazamiento afectan además de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, como los niños, cuyo desarrollo se afecta negativamente. También crean un proceso de segregación, con unas zonas de más oportunidades, y otras que quedan marginadas.

El grupo llamó a la acción social, en todos los frentes posibles, para enfrentar el desplazamiento, incluso con manifestaciones.

“Con el poder social, no político ni legal, logramos sacar la marina de Vieques, con el poder social logramos parar la minería en Adjuntas, con el poder social rescatamos escuelas, con el poder social estamos llevando una transformación energética en Adjuntas. Y con el poder social vamos a salvar a Puerta de Tierra”, finalizó Massol.