Las portavoces del Comité de Ciudadanos Acción Comunitaria en Guayanilla, reclamaron como un logro el veto del alcalde Nelson Torres a la Ordenanza Municipal 69 para la disposición de desperdicios, para dar paso al inicio de audiencias públicas durante esta semana para reconsiderar el cobro por recogido de basura.

Aurea Echevarría, portavoz del grupo, lamentó que el municipio tratara de implantar para autorizar el estableci miento de un programa activo de manejo y procesamiento de material reciclaje y venta de bolsas plásticas especializadas para el recogido, manejo y disposición de desperdicios sólidos no peligrosos dentro del termino jurisdiccional del municipio de Guayanilla.

"Esto se trató de imponer sin vistas públicas y a toda prisa, sin orientación, y agradecemos al alcalde que haya rectificado al vetar la medida pero nosotras vamos a seguir activas en contra de ese proceso que afectaría el bolsillo de una comunidad empobrecida y envejecida", exporesó Echevarría.

La ordenanza establece que el gobierno central ha recortado los fondos asignados al municipio, además de los aumentos en las aportaciones al Sistema de Retiro, aumento por concepto de eliminación del CELI, por parte de la AEE y reducción en la aportación del CRIM, lo que implica $700,000 menos en asignaciones gubernamentales. 

El programa consiste en la implementación de plan activo de acopio, procesamiento y manejo de reciclaje y venta de bolsas plásticas especializadas y el establecimiento de tarifas para la venta de dichas bolsas a los residentes, no residentes, dueños de propiedad residencial y dueños de propiedad comercial dentro de los límites territoriales del municipio.

Una de las objeciones de los residentes es que las bolsas plásticas especializadas designadas para el recogido de los desperdicios sólidos autorizado en la ordenanza tendrán un costo de $2.00 por la de 30 galones, aunque los ciudadanos podrán usar sus propias bolsas pero tendrán que tener una etiqueta que suplirá el Municipio por un costo de $6.00 cada una. 

Otra de las objeciones es que la primera infracción será notificación de no cumplimiento y advertencia sobre disposición penal aplicable, mientras que la segunda infracción será de $100.00, la  tercera de $250.00, la cuarta de $500.00 y de la quinta en adelante de $1,000.00.

“Consideramos que hay otras alternativas para allegar fondos al municipio que no es penalizar a los residentes”, expresó, por su parte, Catalina Echevarría Cofresí.

Por su parte, Magda Quiñones, se mostró positiva en que las vistas públicas que comenzaron esta semana sirvan para disuadir a los legisladores municipales y el alcalde Torres a desistir de imponer tributos para mantener un sistema burocrático deficiente.

"Esperamos que las vistas sirvan para demostrar que hay otras alternativas para allegar fondos que no sea aumentar el costo de vida", expresó Quiñones.