Con la expectativa de que lo peor para Puerto Rico no ha llegado aún, y que ese momento podría arribar entre el 15 de abril y el 8 de mayo, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció el domingo que todos los comercios, excepto farmacias y gasolineras, permanecerán cerrados entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril.

El endurecimiento de las directrices que la mandataria ha establecido mediante orden ejecutiva, y que ordenan un toque de queda en la Isla, responden a un esfuerzo para evitar violaciones de ley y a un esfuerzo por tratar que la curva de contagios en Puerto Rico llegue a un nivel de estabilidad. Además, establecen nuevas restricciones a los negocios en términos de la protección de sus empleados, clientes y que ofrezcan trato especial a la población de la tercera edad.

“En Semana Santa todo negocio permanecerá cerrado los días viernes, sábado y domingo. Todos los negocios de alimentos, los supermercados, los bancos e instituciones financieras, ferreterías y comercios de todo tipo cerrarán esos días. Y esos días solo se podrá circular para buscar asistencia médica o algún servicio esencial”, manifestó la gobernadora leyendo de un mensaje escrito en el que además agradeció el personal médico y de seguridad de Puerto Rico por su respuesta ante la emergencia.

“Viernes, sábado y domingo funcionarán solo recetarios de farmacias y las gasolineras para el despacho de combustible”, dijo Vázquez.

Una de las nuevas restricciones es que los establecimientos que funcionen deberán cotejar que cada persona que entre tenga boca y nariz cubiertos. Sus empleados deben estar protegidos igualmente y verificar que haya una distancia de seis pies entre los clientes. También enfatizó que se debe verificar que solo vaya a comprar un miembro por familia y sugirió que las empresas deberían colocar personal de seguridad adicional en sus estacionamientos para verificar que las tablillas de los vehículos correspondan al día de circulación establecido.

En la rueda de prensa efectuada en el centro de operaciones del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres en Caguas, Vázquez presentó gráficas con las cifras de casos en la Isla ayudada por el recién nombrado epidemiólogo del estado, David Capó, y por el Secretario de Salud, Lorenzo González.

Este último indicó que el peor momento para Puerto Rico no ha llegado y que esta semana es crucial, porque se espera que ese sea entre el 15 de abril y el 8 de mayo.

Capó, por su parte, explicó que, hasta el domingo, con 40 nuevos casos registrados, el total de positivos a COVID-19 en la Isla se elevó a 492. Dijo que la proporción entre hombres y mujeres es muy cercana. Al momento 20 personas han fallecido por causas relacionadas a este mal.

Un dato que destacó Capó es que personas entre los 20 y los 59 años representan el 67% de los casos confirmados. En mayores de 60 años el porcentaje es de 29%.

“Así que no podemos confiarnos de que esta es una enfermedad para viejitos”, dijo Capó.

Un 80% de las pruebas realizadas, dijo Capó, arrojan resultados negativos y un 21% de las que se han realizado esperan por un resultado. La letalidad del virus se mantiene en un 4%.

Este explicó que los 780 ventiladores con los que cuenta el país, de los cuales 530 están disponibles, deben ser suficientes para atender el momento pico de la pandemia, que se espera que a principios de mayo alcance unos 1,748 casos.

Capó continuó diciendo que alrededor de un 10% de esos 1,748 casos, unas 175 personas, necesitarían cuidado intensivo y que la cantidad de ventiladores disponibles al momento, 530, es superior a la cifra de 175 que se proyecta que necesitarían las máquinas. La mitad de esas 175 personas que terminan en intensivo podrían perder la vida.

“Tenemos que unirnos como pueblo para jalar esa curva. ¿Y cómo lo logramos? Siguiendo con el aislamiento social y siguiendo las medidas que hemos tomado. Vamos a solicitarle a algunos comercios que ayuden para para proteger a adultos mayores”, manifestó Vázquez, quien dijo que de no haberse tomado la decisión de establecer el toque de queda, en un momento en que había cuatro casos positivos, la cifra de infectados en este momento podrían haber llegado a las 5,000 personas.

Reacciona a pruebas compradas a vinculados del PNP

Pese a que se alegó que al momento los ventiladores son suficientes, Vázquez dijo que continuará las gestiones para la adquisición de más aparatos, un hecho que causó controversia la pasada semana.

De hecho, González confirmó que el gobierno de Puerto Rico canceló la compra de un millón de pruebas de COVID-19 por la suma de $38 millones porque estas no cumplieron con los estándares de la FDA. Ya se solicitó la devolución de los $19 millones que se dieron como depósito, aunque González no pudo especificar cuando el gobierno los tendría de vuelta.

Para explicar esto, Vázquez dijo que “cuando comenzó la pandemia se flexibilizaron las reglas de la FDA y bajo esa premisa se ordenaron unas pruebas. Una vez la FDA ajusta sus guías, ellos las revisaron y no se aprobaron (esas pruebas). Se solicitó la devolución del dinero y el pueblo de Puerto Rico no va a perder dinero en eso”.

Vázquez, además, negó todo tipo de vínculo con las empresas 313 LLC y Apex Contratistas Generales, empresas relacionadas a figuras con lazos al Partido Nuevo Progresista (PNP) y a las que el gobierno otorgó dicha compra de $38 millones.

“¿Mi relación? Absolutamente ninguna. No tengo relación alguna con esas personas y segundo que no tuve que ver nada con esa contratación. No hubo ninguna intervención. Eso es una función del Departamento de Salud y no tengo por qué dudar de las actuaciones del pasado secretario y la secretaria interina (Rafael Rodríguez Mercado y Concepción Quiñones de Longo, respectivamente). Al contrario. Entiendo que son personas que conocen muy bien su trabajo”, señaló Vázquez.

González, sin embargo, dijo que en el aeropuerto Luis Muñoz Marín ya espera por el servicio de aduanas federal un cargamento de alrededor de 200,000 pruebas que en los próximos días ya deben estar disponibles. Las pruebas también esperan por una aprobación de la FDA.

Vázquez finalizó informando que ya firmó una ley que entró en efecto el domingo y que establece que la violación a una orden ejecutiva pudiera resultar en una multa de $5,000 y seis meses de cárcel o ambas penas.

“De hecho, las reuniones en casas y urbanizaciones de control de acceso no tienen excepción. Con 20 o 25 personas reunidas en un mismo lugar no ganamos nada. No importa que esté en casa de un familiar o donde sea. Eso es una violación al toque de queda”, concluyó.