La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo que identificó unos fondos como medida de auxilio en el caso de que la Ley 29 (Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios) sea derogada tras la demanda incoada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Asimismo, manifestó que trabaja unos planes con los alcaldes sobre ese particular.

Mediante el pleito legal contra el gobierno, la JSF busca eliminar el estatuto, que exime a los municipios de aportar al plan de salud y al sistema de retiro, conocido como “Pay as You Go”. La ley fue firmada el año pasado por el renunciante gobernador Ricardo Rosselló en un intento por aminorar el peligro de los municipios a quedar inoperantes.

El ente fiscalizador presentó el recurso legal alegando que la ley es incompatible con el plan fiscal certificado y que no se asignaron los fondos para su financiamiento.

“Tenemos que irnos preparando, tenemos que luchar para que no sea desestimada, porque si la ley es desestimada o es derogada por el tribunal, pues, obviamente, tenemos que estar preparados. Hemos estado trabajando con unos planes conjunto con los alcaldes para en caso de la ley sea derogada por el tribunal poder tener un plan B para proteger a los municipios y que no sufran de menoscabo con sus recursos”, dijo hoy la primera ejecutiva.

Aseguró que se han identificado fondos de varias partidas para cubrir la “cantidad que representa la Ley 29” en los municipios.

De concretarse la derogación de la ley, municipios podría enfrentar una quiebra económica. Precisamente, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), en su petición de amigo de la corte en la demanda incoada por la Junta, planteó que de anularse el estatuto unos 35 municipios quedarán en bancarrota.

Algunos de los municipios que se afectarían son Maricao, Las Marías, Comerío, Florida, Maunabo, Villalba, Orocovis, Adjuntas, Jayuya, Ciales, Guayanilla, Barranquitas, Patillas, Guánica y Morovis, entre otros.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, por su parte, reconoció que “es cuesta arriba” llevar el caso de la Junta en los tribunales y que existe gran probabilidad de perderlo, lo que pondría en una situación precaria a los ayuntamientos e incluso pondría en peligro negociaciones de la Junta con los bonistas.

“Si usted cierra 35 municipios, hay municipios que tiene emisiones de bonos que se pagan con los fondos ordinarios, se deja de pagar esa emisión, en el municipio que cierre operaciones las propiedades bajan de valor, la gente se podría mudar a otros lugares porque ya no están recibiendo servicios básicos y esa propiedad que antes pagaba contribuciones, el dueño la va a dejar de pagar y eso afecta el fondo CAE, que eso está fortaleciendo o respaldando la negociación que se hizo del cierre gubernamental. Eso pondría en peligro negociaciones que ya se habían logrado en Puerto Rico, por eso es importante llevar ese mensaje a a la juez para que sepa que cualquier decisión crea un problema mayor a la misma junta de Control Fiscal”, sostuvo.