FEMA cobra ayudas económicas a 3,913 residentes en Puerto Rico
La agencia federal pide de vuelta el dinero que les desembolsaron luego de haber presentado solicitudes de daños por los huracanes Irma y María, además de los temblores.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 4 años.
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La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) gestiona acciones de cobro a unas 3,913 personas que, tras el paso de los huracanes Irma y María, y los terremotos del sur, recibieron ayudas para reconstruir sus hogares, pero el ente les reclama hoy que son inelegibles o, en algunos casos, que hicieron uso indebido del monto otorgado.
La agencia confirmó a Primera Hora que le solicitó la devolución de las ayudas otorgadas a estas 3,913 personas: 23 de ellas por el huracán Irma, 3,677 por el huracán María y 213 por los terremotos que afectaron la zona sur.
El oficial de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico, Juan Andrés Muñoz, detalló que pueden ser varias las razones por las que la agencia solicita la devolución de las ayudas otorgadas.
“La asistencia por desastre se debe devolver cuando hay evidencia de duplicación de beneficios. Esto es cuando la agencia proporciona fondos que estaban disponibles o que se habían recibido previamente de otra fuente, por ejemplo, de una aseguradora o de otra agencia federal o, cuando varios solicitantes de la misma familia reciben una asignación para el mismo artículo o tipo de asistencia”, detalló Muñoz.
También asegura que hay casos donde FEMA aprobó la asistencia, pero “fue un error porque el solicitante no era elegible” o cuando “se da un uso indebido de fondos. Por ejemplo, utilizando la asistencia para pagar una deuda de tarjeta de crédito”, detalló el funcionario.
Otra de las razones para solicitar el cobro de la asistencia es que la agencia entienda que hubo un posible fraude.
“Eso ocurre cuando el solicitante obtuvo la asistencia por medios falsos; por ejemplo, con una dirección falsa, sometiendo documentos falsos o alterados, falsificando la cobertura del seguro, entre otros”, sostuvo Muñoz.
Proceso de apelación
Según el portavoz de FEMA, una vez la agencia federal determina que un solicitante recibió asistencia de manera inapropiada, le envía el Aviso de Deuda Potencial y corresponde al solicitante “leer cuidadosamente y apelar la determinación”, para lo que tiene un término de 60 días.
“Si el solicitante no apela, o apela sin éxito, la deuda se certifica en el Centro de Finanzas de FEMA, donde se procede a la gestión de cobro de la deuda”, especificó Muñoz. No obstante, dijo que “bajo ciertas circunstancias, el Centro de Finanzas de FEMA puede conceder una exención de la deuda”.
“En muchas ocasiones, estos asuntos pueden resolverse proporcionando documentación adicional que respalde la reclamación. Los solicitantes pueden llamar a la Línea de Ayuda de Recuperación de Fondos al 1-800-816-1122. El horario es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (EST). También pueden llamar a la Línea de Ayuda de FEMA al 1-800-621-3362. Hay operadores que hablan español disponibles”, informó Muñoz.
Ayuda legal gratuita
La licenciada Emily Colón Albertorio, directora ejecutiva del Instituto de Educación Práctica (IEP) del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), establece que FEMA ha estado solicitando el pago de ayudas a personas que sí les corresponde recibirlas. A su vez, reclamó a la agencia su inconsistencia a la hora de aceptar documentos, lo que termina por crear confusiones.
“De que la agencia está solicitando recobro de dinero a personas que sí cualificaron, eso es un hecho. Con los casos que hemos examinado, hemos visto que FEMA a veces es inconsistente. Que para algunas personas les recibe la certificación del Departamento de Vivienda o del municipio acerca de una parcela y a otros les dice que eso no es suficiente”, expresó la licenciada.
Colón Albertorio señaló que el IEP no cuenta con un número exacto de casos que han requerido asistencia legal debido al cobro de FEMA, pero sí afirma que el número de personas afectadas es mayor a las expectativas que tenían.
“En un principio pensábamos que no eran tantos, pero la cantidad de personas que han acudido han sido bastantes. Nos sorprende porque hay muchas personas que estaban con esta situación desde el 2019 y no habían buscado ayuda. Eso hace más difícil la labor de los abogados y abogadas”, explicó.
La licenciada dijo que se han dado con casos en los que ciudadanos utilizaron los fondos para reparar sus viviendas y no tienen cómo devolverlo. Otros que viven en parcelas otorgadas por Vivienda o por el Municipio, pero sí son sus residencias, por lo que la licenciada establece que el problema principal es qué documentos son aceptados por FEMA a la hora de los reclamantes someter sus solicitudes.
“Ellos (FEMA) tienen unas guías y unos reglamentos que establecen qué documentación es aceptable y, si se lo aceptan a unas personas y a otras no, entonces desestabilizan los procesos”, alegó la licenciada.
“Hay personas que nos están indicando que todas las comunicaciones (de FEMA) han sido en inglés y que no entienden el proceso. Las comunicaciones de la agencia tienen que ser en el idioma de la persona a la que le están escribiendo. Eso es un derecho que les cobija a las personas”, agregó.
De acuerdo con Colón Albertorio, estos procesos de cobro de ayudas otorgadas en desastres, han impactado mayormente a las poblaciones vulnerables. Por ende, la falta de recursos y el desconocimiento de los procesos dificulta aún más el que los ciudadanos busquen alternativas para impugnar estas decisiones de la agencia.
“Estamos viendo muchos envejecientes que no saben cómo defenderse, no saben buscar documentos. No solamente nos enfrentamos a la situación legal y administrativa de FEMA, nos enfrentamos ante la cara de poblaciones vulnerables, envejecientes, personas pobres, personas que no tienen acceso a ayudas y las ayudas que les otorgó la agencia se las están solicitando”, sostuvo la licenciada.
El IEP está ofreciendo asistencia legal gratuita a las personas a quienes FEMA reclamó la devolución parcial o total de su asistencia por desastre.
“Lo importante para la ciudadanía es buscar ayuda tan pronto reciben esa carta. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo de educar y estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a la acción oportuna para que nuestros abogados puedan darle el máximo. Ya cuando el caso se ha referido de FEMA y fue referido al Departamento del Tesoro, ya es una acción de cobro como cualquier agencia, entonces los procedimientos son distintos y es más bien hacerles planes de pago, justificar que no tiene los medios”, detalló la licenciada, quien destacó que los reclamantes tienen hasta mañana, 18 de diciembre, para solicitar la asistencia gratuita, pues el ente tendrá un receso operacional.
Colón afirmó que muchas de las peticiones realizadas por FEMA se dan por la falta de documentos que sustenten la solicitud, por lo que con ser orientados correctamente y enviar los documentos requeridos, la agencia desiste del cobro de ese dinero.
“En muchas ocasiones estas solicitudes de cobro tienen remedio, por eso es importante que llamen y acudan a solicitar la asistencia legal… Tenemos el servicio de asistencia legal y también estamos en alianzas con otras organizaciones para darles apoyo a las personas con inspecciones, entre otros asuntos”, finalizó Colón.
Para recibir asistencia legal gratuita pueden comunicarse al 939-545-4550 en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Cabe mencionar que estarán recibiendo llamadas hasta mañana viernes, 18 de diciembre, ya que habrá receso navideño. Pero en enero, se anunciará fecha para reabrir las líneas al público.