Siete individuos en Puerto Rico han sido acusados como parte del operativo más importante que han hecho las autoridades federales en todo Estados Unidos contra el fraude al Medicare.

En total, los departamentos de Justicia y de Salud de Estados Unidos intervinieron en 36 distritos federales contra unas 301 personas, incluyendo a 61 médicos, enfermeras y otros profesionales médicos con licencia.

Se les acusa de haber participado en esquemas de fraude a los servicios de salud, cobrando cerca de $900 millones en facturas falsas.

“Los acusados hoy recibieron dinero de los servicios que no fueron prestados o de cuidado que no fue necesario”, dijo la jefa de la Físcalía Federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez-Vélez, mediante comunicado de prensa.

“Nuestra oficina continuará trabajando con nuestros asociados de las fuerzas federales, estatales y locales y se centran en la prevención de delito y el enjuiciamiento de aquellos cuya actividad delictiva aumenta los costos médicos y pone en peligro un sistema en el que nuestros ciudadanos confían sus vidas”, acotó por escrito.

En Puerto Rico, un gran jurado federal emitió el 15 de junio pasado un pliego acusatorio contra una empleada de MCS, Arlene Carlo-Montalvo, con 48 cargos de robo o malversación de fondos relacionados con el cuidado de salud, 48 cargos de fraude electrónico, dos cargos de uso indebido de número de seguro social, y dos cargos por robo de identidad agravados.

Los cargos, se informó, se derivan del papel de Carlo-Montalvo en un esquema o artificio para defraudar el Medical Card System Inc., también conocido como MCS, por la cantidad de $219,508.56, por medio de pretextos fraudulentos y el uso de números de seguro social asignado a otras personas.

Carlo-Montalvo, como empleada de MCS, creó un proveedor ficticio para manipular el sistema y presentar facturas falsas por servicios no prestados.

Las otras seis personas que se enfrentan a acciones civiles en la Isla están acusadas de obtener fraudulentamente los beneficios con la presentación de información falsa y con salarios que superaron los $50,000.

En concreto, durante el año 2015, las personas se inscribieron de manera fraudulenta en el programa de beneficios de atención médica de Medicaid, proporcionando declaraciones falsas referentes a los criterios de elegibilidad, tales como ingresos, entre otros.