San Juan- El New York Times aseguró hoy que el éxito de la junta de control fiscal que Washington planea imponer sobre Puerto Rico dependerá de si los republicanos proponen para integrarla a sus "ideólogos habituales" o a gente con experiencia en gestión de crisis y conocedora del caso particular de la isla.

El diario neoyorquino recuerda en un editorial que la economía puertorriqueña está "en caída libre", mientras el Congreso federal trabaja desde hace meses en una ley que podría ser votada "pronto" en la Cámara de Representantes.

Esa ley -pactada entre demócratas y republicanos, pero con muchos detractores- tiene "defectos", asegura el rotativo, pero "a estas alturas es la mejor opción que tiene Puerto Rico de sobrevivir".

En ese sentido, recuerda que cada mes miles de puertorriqueños emigran en busca de trabajo y mejores servicios públicos, para dejar atrás una economía de 3.5 millones de habitantes, 72,000 millones de dólares en deuda que no puede pagar y 46,000 millones de dólares en pensiones públicas pendientes.

Puerto Rico empezó a dejar de devolver la deuda pública el pasado enero, y el 1 de julio previsiblemente incurrirá en un nuevo impago de 2,000 millones de dólares, lo que seguramente conllevará nuevas demandas por parte de los acreedores.

Hace dos semanas, los legisladores federales de ambos partidos en la Cámara federal de Representantes, en colaboración con la Administración de Barack Obama, acordaron un proyecto de ley para ayudar a la isla.

El texto supone la imposición de una junta de control financiero y fiscal que supervise las actividades del Gobierno local y ayude a reestructurar la deuda en los tribunales federales, a través de un proceso similar al de la bancarrota.

La junta, que en la isla ha sido bautizada como una "junta colonial" en reflejo de la relación política entre EE.UU. y este Estado Libre Asociado, también reclamará al Gobierno que financie el sistema público de pensiones, que ahora prácticamente carece de fondos.

Es de prever que el establecimiento de esta junta detenga, al menos temporalmente, la presentación de nuevas demandas contra el Gobierno local, asegura hoy el periódico de Nueva York, donde vive una de las mayores colonias de puertorriqueños en el exterior.

Dada la progresiva caída de la economía y de la población, "Puerto Rico no puede pagar a los bonistas todo lo que les debe", añade el diario, que recuerda que el Gobierno isleño ha recortado el gasto y aumentado los impuestos, lo que "únicamente ha empeorado la situación al contraer la actividad económica".

Por ello, argumenta, "el éxito de la ley dependerá en gran medida de quién integre la junta supervisora", que, según lo establecido estará compuesta por siete miembros.

Los presidentes de cada cámara propondrán uno cada uno, así como Obama, que además elegirá a los cuatro restantes a partir de las propuestas de los líderes republicanos del Senado y la Cámara de Representantes.

"Si los republicanos no van más allá de su lista de ideólogos habituales, la junta podría terminar cayendo en las viejas políticas, que se han demostrado inservibles", advierte el diario, que insiste en que "profundos recortes de gastos no curarán a Puerto Rico".

En su opinión, "los legisladores tendrán más éxito si eligen a personas que tengan experiencia en la solución de crisis financieras y que entiendan los problemas particulares de Puerto Rico".

Respecto a las quejas por parte de algunos bonistas de que esta ley les perjudica injustamente en beneficio de los pensionistas, el diario sentencia que ellos debían saber el riesgo que corrían al comprar deuda de un territorio tan endeudado.

En cambio, añade, "muchos empleados públicos y jubilados de Puerto Rico tienen pocas fuentes de ingresos a parte de sus pensiones, por lo que no se les puede dejar desprotegidos".

Entre los opositores a esta ley también se encuentran algunos sindicatos -ya que establece rebajas en el salario mínimo para los jóvenes- e incluso el precandidato demócrata Bernie Sanders, que critica que la junta pueda pasar por alto decisiones tomadas por legisladores democráticamente elegidos por los puertorriqueños.

"Tienen razón en esos dos puntos -asegura el diario- y quizá los demócratas puedan mejorar la ley" durante su tramitación, "pero el tiempo se acaba para Puerto Rico".