Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico reclamaron esta tarde que se aprueben medidas legislativas en pro de los obreros de este campo.

Los trabajadores hicieron referencia al Proyecto del Senado 894, que pretende crear una base salarial de acuerdo con la preparación académica alcanzada para aquellas profesionales del trabajo social que laboren en posiciones regulares, tanto en el sector público como en la empresa privada.

La base salarial de los trabajadores sociales con bachillerato o su equivalente sería de $3,989 mensuales, mientras que aquellas con maestría tendrían una base salarial de $4,232 mensuales y las que tengan un doctorado contarían con una base de $4,800 mensuales.

La medida establece, además, que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) adoptará un reglamento para imponer multas de hasta $5,000 en caso de incumplimiento en la implantación de estas escalas salariales y dispone que los patronos tendrán un año, a partir de la aprobación de la medida, para establecer las escalas mencionadas anteriormente.

También fue radicado el Proyecto del Senado 893, el cual establecería la Carta de Derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico. De convertirse en ley, esta medida establecería los principios básicos para la protección de las trabajadoras sociales, sus derechos y responsabilidades, a la vez que se promueven condiciones laborales dignas.

“La aprobación de estas medidas legislativas representarán un hito, pues atienden dos reclamos históricos: la justicia salarial y los derechos laborales. Siempre hemos expresado desde el Colegio que el salario es una parte, pero no lo es todo. Es imperante el salario en una sociedad que cada día precariza la vida de la clase trabajadora de la que formamos parte como profesión; pero de igual forma, son necesarios los espacios de trabajo seguros, cargas de trabajo adecuadas, líneas de autoridad definidas y supervisión por profesional del trabajo social cualificado”, expresó el presidente del Colegio, el doctor Larry Emil Alicea Rodríguez.

Una vez aprobada la medida de la Carta de Derechos, el DTRH tendrá la facultad para fiscalizar el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Carta de Derechos. Además, se reconoce la legitimación activa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social para instar procedimientos administrativos ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, contra personas naturales, jurídicas o el Estado ante el incumplimiento de lo dispuesto en la ley.

“Este es el momento de mover estos temas y esperamos que la Asamblea Legislativa esté consciente que la consideración de estos proyectos es urgente por la debacle que está ocurriendo en la prestación de servicios sociales. Esto por la precarización laboral y la falta de recursos adecuados para que los servicios que ofrecen las trabajadoras sociales puedan prestarse con calidad. Nuestros derechos, fortalecidos, fortalecerán los derechos de la ciudadanía en general”, señaló Alicea Rodríguez.