Hace cuatro años que busca justicia tras ser víctima de hostigamiento, acoso sexual y persecución, pero todavía permanecen los obstáculos que impiden que viva en paz. 

Este es el caso de Marcia Gil Caraballo, una abonada de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quien desde el 10 de mayo del 2014, comenzó a vivir una pesadilla luego de que el Investigador de Irregularidades en Consumo de Energía Eléctrica, José J. Cordero Pérez, le cambiara el contador de electricidad de su casa en Aguadilla.

Cordero Pérez entabló conversaciones con Gil Caraballo a través de llamadas telefónicos, mensajes de texto y mediante la aplicación de WhatsApp durante varios meses, y la invitó a salir socialmente, tras asegurarle que su contador estaba alterado, pero le pidió que no acudiera a las oficinas comerciales porque era él quien tenía su caso. 

A partir de entonces comenzó el hostigamiento, que también se convirtió en uno de índole sexual, las amenazas, intimidación y la persecución, denunció Gil Caraballo. 

Luego de que la mujer le exigiera que no la molestara más, recibió una multa de la AEE por $6,000 la cual no prosperó porque el caso era fabricado. 

El 13 de febrero del 2017, Cordero Pérez se declaró culpable por cargos de acoso sexual, negligencia en el cumplimiento del deber y alteración a la paz contra Gil Caraballo, todos delitos menos graves, y pagó una multa de $1,200 que le señaló el juez Jaime Rodríguez. 

A pesar de que la AEE determinó que correspondía su despido, al momento el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo no ha hecho una vista luego de que Cordero Pérez sometió una impugnación; desde mayo del2017, espera por un señalamiento. 

“Quiero a Cordero fuera de la Autoridad, ha sido un proceso tan y tan agotador. Son cuatro años buscando justicia, consigo la justicia, bueno pienso que la conseguí. Wow, ya lo probé, se declaró culpable, ya nadie puede decir que eso era inventado y honestamente sigo pensando de corazón que tiene que ser su excuñado porque no hay de otra. No me consta, pero no lo puedo entender”, dijo Gil Caraballo a Primera Hora. 

Mediante un Acuerdo de Transacción, Cordero Pérez aceptó en febrero pasado los hechos en su contra para renunciar al derecho que le asistía de una vista administrativa por 27 infracciones a cuatro artículos de la Ley de Ética Gubernamental, por lo que aceptó pagar $5,500 en multas. 

Al momento del acuerdo depositó $3,000 y el restante de $2,500 se pagarán en 11 plazos de $210 y uno final de $190 los cuales le serán debitados de su salario en la AEE. 

El Departamento del Trabajo informó ayer que todos los casos entre la AEE y sus empleados fueron paralizados a petición de la agencia al amparo del Título III de la Ley PROMESA.

La primera vista fue señalada el 3 de julio del año pasado y se suspendió debido al receso administrativo del gobierno, se pospuso para el 25 de agosto y no se llevó a cabo debido a la incomparecencia del empleado. El caso que lo tiene asignado el árbitro José R. Pueyo Font desde abril del 2017.