Ixsia Ivette Pérez Casiano, la maestra de historia de una escuela en San Lorenzo cuyo reclamo en redes sociales se volvió viral a principios de este año, continúa bajo la sanción disciplinaria que se conoce como medida cautelar, sin que se le haya devuelto su plaza, según denunció el sindicato magisterial EDUCAMOS.

A finales de febrero pasado, Pérez Casiano realizó un dramático video en el que, sollozando, reclamaba haber sido “víctima de injusticias”.

Como parte de su mensaje, denunció que a los educadores se les acusaba de maltrato por cualquier acción que tomaran contra los estudiantes en un salón de clases. También condenó que el DE no apoyaba ni ayudaba a los maestros, sino que, por el contrario, recurría a abrirles una querella y ponerlos bajo medida cautelar, sin siquiera escuchar su versión de los hechos.

La maestra alegó, además, que su carrera magisterial de 22 años estaba en peligro luego que una jueza determinara que había incurrido en maltrato que, según ella, no se había podido probar.

“El magisterio necesita ayuda, no que lo tiren como si fuera un trapo. No es que te quiten tus derechos por uno, dos, tres estudiantes. Que te ayuden primero, que te busquen las alternativas. Porque, ¿sabes qué?, un criminal, el criminal más terrible que pueda haber en esta isla, tiene más derecho que tú. Tú no tienes derecho ni tan siquiera a hablar, porque ni te preguntan siquiera qué pasó. Así de simplemente una querella, y tienes que bregar con eso”, dijo Pérez Casiano durante su desahogo.

En aquel momento, luego que el “post” de la educadora se hiciera viral, el Departamento de Educación respondió con un mensaje en el que lamentó “el estado de ánimo” de la maestra, y la exhortó a “hacer uso de los recursos y asistencias disponibles” en la agencia.

De igual forma, el DE solicitó espacio para que el caso fuera “investigado y evaluado en su totalidad” e indicó que existía “una orden de protección emitida por el Tribunal, la cual ha sido emitida tras el análisis de los informes proporcionados por el personal del Departamento de la Familia que ha intervenido en el caso.

El DE también comunicó que, contrario a la alegación que había hecho Pérez Casiano en su mensaje a través de las redes sociales, de que no había tenido antes problemas de querellas, “dentro de los registros de nuestro Departamento consta una carta de amonestación emitida en octubre de 2021 por conducta indebida, así como la celebración de una vista administrativa sobre acción disciplinaria el 19 de octubre de 2021 de casos separados”.

Sin embargo, el sindicato argumentó que, en el caso de Pérez Casiano, “en el Tribual Apelativo se demostró su falta de fundamento (en el planteamiento del DE) y sostiene que el trato que ha recibido la maestra ha resultado en “un daño que consideramos irreparable, ya que se le ha tratado como una criminal, como si fuera un peligro para la comunidad, cuando en realidad es una maestra dedicada a su labor, quien ha dado lo mejor de su vida por el bienestar de sus estudiantes”.

EDUCAMOS denunció que, más allá del caso de Pérez Casiano, hay “decenas” de otros que continúan bajo “medidas cautelares que no han sido resueltas por el Departamento de Educación”.

La unión magisterial sostiene que el DE está usando la medida cautelar “como acción disciplinaria de manera ilegal, ya que para esto es imprescindible seguir con un procedimiento”.

“Lo más peligroso de todo es que se está enviando a nuestra niñez y juventud, a todo el mundo, el mensaje de que, si quieren salir de una maestra, solo tienen que inventarse dos o tres falsedades, ya que el DE tiene como política no escrita castigarle, aunque no haya evidencia alguna para acusarla”, agrega la comunicación de EDUCAMOS.

Cabe resaltar además que, mientras una maestra o un maestro están bajo medida cautelar, continúan recibiendo su salario, aunque no estén impartiendo clases.

En ese sentido, EDUCAMOS cuestiona que “pagar dos salarios por la misma plaza, como ocurre en el caso de las medidas cautelares, no nos parece una forma adecuada de gastar los fondos de la agencia que tanto se necesitan en las escuelas”.

“No se puede educar a un pueblo tratando al magisterio como criminales. Exigimos al DE que revoque esa práctica y que empiece por devolver a la compañera a su trabajo como maestra”, insistió el sindicato en su reclamo.

Responde el DE

Este martes, sin embargo, Educación negó que se estuviera cometiendo algún tipo de injusticia o irregularidad contra la maestra, y su división legal mostró a Primera Hora un repaso de las querellas y amonestaciones que Pérez Casiano ha enfrentado desde el 2019 por diversas situaciones, incluyendo la de principios de este año terminó en los tribunales.

De acuerdo con el documento, en el 2019, cuando la maestra estaba ubicada en la Región Educativa de Ponce, contra ella se presentó una querella “por conducta impropia y por expresar palabras soeces a los estudiantes”.

“Como resultado de tal proceso administrativo, se le emitió una amonestación escrita el 19 de octubre de 2021″, explica la comunicación.

Posteriormente, continúa el documento, se le aprobó una petición de cambio para la Región Educativa de Humacao.

El 9 de marzo de 2023, “una directora escolar presentó una querella en contra de la funcionaria por conducta agresiva en contra del personal de la cooperativa escolar”.

Agrega que, “de forma similar, el 21 de noviembre de 2023, se presentó otra querella en su contra por parte de la madre de un estudiante, en donde indicó que la funcionaria (la maestra) se dirigió de manera agresiva a su hija, la cual es participante del programa de educación especial”.

Indica la comunicación de la división legal del DE que, por esos mismos hechos que generaron la tercera querella, el 25 de enero de 2024, “el Departamento (de Educación) recibió una orden de protección emitida por el Tribunal de Primera Instancia” en contra de la maestra y a favor de la madre que se había querellado.

“Ante ello, la funcionaria (la maestra) fue colocada en medida cautelar, en armonía con la orden de protección emitida por el tribunal y mientras el proceso de investigación administrativo es concluido por el DE”, explica.

La comunicación también aclara que “la medida cautelar autorizada por el Departamento conforme con el Reglamento Núm. 9416, conocido como el ‘Reglamento de Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias del Departamento de Educación’, no es una acción punitiva, sino que es de naturaleza preventiva como parte de un proceso de investigación que está en desarrollo”.

Asimismo, aclara que “el proceso administrativo que realiza la agencia es aparte al proceso que se dilucide en los tribunales relacionado con la orden de protección antes mencionada”.

Por último, la comunicación de la división legal del DE explica que, “expuesto lo anterior, le informamos que, de las tres querellas administrativas presentadas contra la funcionaria (la maestra Pérez Casiano), una culminó con una amonestación por escrito, y las dos restantes se encuentran en proceso de investigación”.