La pastora Nilka Marrero golpeará la mesa, alzará la voz y, si es necesario, sacudirá a sus feligreses mientras interpreta el papel de una agente federal.

Muchos de sus feligreses son inmigrantes sin permiso de residencia, y ella cree que hacer juegos de roles con ellos puede ayudar a prepararlos para la amenaza de arresto, mientras las autoridades intensifican las redadas de inmigración a una escala nunca antes vista en Puerto Rico.

“Ellos aparecen y agarran a la gente”, expresó Marrero.

Durante décadas, los inmigrantes indocumentados han vivido en el territorio de Estados Unidos sin temor a ser detenidos. Se les permite abrir cuentas bancarias y obtener una licencia de conducir especial. Muchos se han sentido lo suficientemente seguros como para abrir sus propios negocios.

Entonces, el 26 de enero, comenzaron los arrestos a gran escala.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés de Estados Unidos allanaron una conocida comunidad dominicana de acuerdo a una nueva política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido deportar a millones de personas que han ingresado ilegalmente en el país.

Los arrestos han enfurecido a funcionarios y líderes civiles puertorriqueños que han creado programas para ayudar a los inmigrantes sin permiso de residencia en la isla, muchos de los cuales son de la República Dominicana.

Arrestos y preguntas

Se estima que 55,000 dominicanos viven en Puerto Rico, aunque algunos expertos creen que el número podría ser aún mayor. No está claro cuántos son indocumentados, aunque unos 20,000 tienen la licencia de conducir especial.

Más de 200 personas han sido arrestadas desde el 26 de enero, casi todos hombres. De los arrestados, 149 son dominicanos, según datos que ICE proporcionó a The Associated Press. Sandra Colón, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico, dijo que la agencia se está enfocando en aquellos con antecedentes penales o que han recibido una sentencia final de la corte que deben abandonar el país. Pero dijo que no tenía disponible de inmediato cuántos de los arrestados tienen antecedentes penales.

Annette Martínez, directora de la ACLU de Puerto Rico, dijo que se desconoce a dónde han sido llevados los arrestados o si han sido deportados. “A nosotros nos preocupa los distintos métodos que está usando el ICE para detener”, manifestó.

Un parque en silencio

En una reciente mañana en la capital de Puerto Rico, los altavoces de una barbería reproducían un tutorial de inglés mientras un par de migrantes dominicanos que estudiaban para convertirse en ciudadanos estadounidenses escuchaban atentamente.

El negocio da a un parque donde la comunidad dominicana se había reunido durante mucho tiempo. Ahora está mayormente en silencio y vacío. Han desaparecido la animada música de merengue, la charla emocionada, el golpe de las fichas de dominó.

Un migrante sin permiso de residencia que pidió ser identificado solo por su apodo, “el pescadero”, porque temía poner en peligro su caso en la corte federal, dijo que fue arrestado cerca del parque.

Había ingresado ilegalmente a Puerto Rico en 2014 para buscar más ingresos porque su esposa tenía cáncer de mama y no podía pagar su tratamiento trabajando como pescador en la ciudad costera dominicana de Samaná.

“Tenía que tirar para adelante”, dijo.

Su esposa murió, pero el hombre decidió quedarse en Puerto Rico. Su hijo también vino a la isla. El pescador primero trabajó en la construcción, pero después de caerse de un segundo piso y romperse la pelvis, retomó la pesca una vez que sanó.

Vendía pescado en el parque hasta el 26 de enero. Ese día, estaba sentado en una camioneta mientras su hijo les compraba el almuerzo.

“Me sacaron tres guardias”, recordó.

Arrestaron a siete personas en ese momento, incluido su hijo.

El hombre dijo que durmieron en el suelo de varias cárceles y solo les dieron pan y agua mientras los trasladaban a la ciudad puertorriqueña de Aguadilla, luego a Miami y finalmente a Texas.

Las autoridades enviaron al hombre de regreso a Puerto Rico para procedimientos judiciales, donde permanece en libertad bajo fianza con un monitor de tobillo. Su hijo está en una cárcel de Miami.

“Estamos desbaratados”, dijo mientras su voz se quebraba.

Una ola de apoyo

Cada día, Marrero vigila las camionetas blancas que podrían estar circulando cerca de su iglesia.

Dentro, más de una docena de voluntarios doblan ropa donada y preparan comidas gratuitas para inmigrantes sin permiso de residencia que tienen demasiado miedo de salir de sus casas.

“Están en pánico”, dijo José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos. “Temen salir a la calle, temen llevar a los niños a la escuela”.

En febrero, el Departamento de Educación de Puerto Rico señaló que las escuelas con un alto número de estudiantes dominicanos vieron tasas de absentismo de hasta el 70%. Desde entonces, las autoridades han ordenado a los directores de las escuelas que mantengan sus puertas cerradas y no las abran a agentes federales a menos que tengan una orden judicial.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ha dicho que la policía municipal no está trabajando para ni ayudando a los agentes federales, y que la ciudad está ofreciendo asistencia legal y otros tipos de ayuda.

Mientras tanto, Julio Roldán Concepción, alcalde de Aguadilla, una ciudad costera del noroeste donde muchos migrantes llegan en bote de forma irregular, pidió empatía.

“Cualquier indocumentado puede pasar por la alcaldía si necesita ayuda”, dijo. Yo no voy a ver papeles para dársela (...). Aquí todos somos hermanos".

Funcionarios de salud de Puerto Rico también han ofrecido ayudar a los migrantes sin permiso de residencia. Carlos Díaz Vélez, presidente de la Asociación de Cirujanos, anunció que los migrantes indocumentados recibirían atención médica en línea “ante las redadas que han condenado al encierro a miles de inmigrantes”.

La gobernadora. Jenniffer González, una republicana que apoya a Trump, inicialmente dijo que la iniciativa del presidente no afectaría a los inmigrantes en Puerto Rico. Después ha dicho que la isla “no se puede dar el lujo” de ignorar las directrices de Trump sobre los arrestos de migrantes, señalando que los fondos federales están en riesgo.

Poco después de los arrestos de enero, la Iglesia episcopal en Puerto Rico anunció un nuevo programa que ofrece alimentos a los migrantes, así como asistencia legal, psicológica y espiritual. Más de 100 personas han buscado ayuda, dijo el obispo, Rafael Morales Maldonado.

“La Iglesia nunca va a estar en contra de una ley, pero sí de sus efectos”, afirmó.

“Una salida honrosa, digna”

Los agentes federales apuntaron en un principio a vecindarios en San Juan, pero desde entonces han ampliado sus operaciones por toda la isla y a sitios de trabajo, dijo Rodríguez.

Un hombre que declinó ser identificado porque su caso judicial está pendiente, dijo que fue arrestado el 26 de febrero. Llegó por primera vez a Puerto Rico en 2003, pero fue arrestado al llegar a la costa. Después de ser deportado, lo intentó de nuevo en febrero de 2007. Consiguió un trabajo en la construcción y luego abrió su propia empresa.

“No me sentía inseguro por nada”, dijo.

Pero una tarde, una mujer en cuya casa estaba trabajando se quejó de su trabajo. Al día siguiente, agentes federales los arrestaron a él y a sus empleados tan pronto como llegaron al sitio de trabajo. Fue entonces cuando se enteró de que la mujer había tomado una foto de su camioneta y lo denunció.

“¿Cómo una gente le quiere hacer tanto daño a una persona?”, dijo.

Su abogado dijo que tiene una fecha en la corte el 1 de abril. El hombre dijo que solicitó hace años la residencia en Estados Unidos, pero nunca recibió una respuesta. Su esposa es ciudadana estadounidense naturalizada y su hija vive legalmente en Orlando, Florida.

A medida que continúan los arrestos, Marrero, la pastora, sigue educando a los migrantes indocumentados. Si tienen hijos nacidos en Puerto Rico, les insta a asegurarse de tener los pasaportes y papeles de custodia de sus hijos en orden y a mano.

Dice que les pide que repitan las respuestas que deben dar a los agentes dependiendo de lo que les digan que hagan, señalando que muchos no saben leer o escribir o lo hacen mal.

“Los hemos preparado para una salida honrosa, digna”, dijo.