Una querella que radicó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, contra el designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, es el nuevo capítulo en la controversia que se ha venido generando entre ese municipio y la agencia, y que se profundizó luego de un reciente episodio de fuertes marejadas que ocasionó más erosión en la ya lastimada costa loiceña.

Según dio a conocer la alcaldesa a través de una comunicación escrita, el martes en la tarde radicó la querella contra Quiles, “por intervenir indebidamente en las labores municipales, tratando de impulsar la contratación de una compañía específica para el manejo de la erosión costera en la zona”.

Agrega la comunicación que la empresa en cuestión “incluso llegó a visitar la localidad para recomendar un tratamiento específico para la erosión costera”.

La alcaldesa calificó la situación de “insólita” y sostuvo que era algo que “nunca había experimentado en todos mis años en el servicio público”.

De acuerdo con Nazario, en la querella presentada ante la OEG se detallan los pormenores de la situación, que espera sea atendida “de manera urgente”.

“Encima de la preocupación que tenemos con la erosión costera, también tenemos que lidiar con este intento de intervención indebida que por supuesto, no acepté”, criticó Nazario.

La comunicación de Nazario repasa los recientes incidentes que se han venido registrando en el sector Parcelas Suárez desde el pasado 11 de enero, cuando un evento de fuerte oleaje agravó la erosión costera, “reduciendo drásticamente la estabilidad del terreno y afectando sistemas sanitarios, postes de tendidos eléctricos y carreteras, lo que comprometió aún más la seguridad de las familias del área”.

Ese día, la alcaldesa ordenó el cierre de las calles 3 y 10 de Parcelas Suárez, y se comunicó con el designado secretario del DRNA para solicitar que visitara el lugar, pero, según ha trascendido, Quiles le respondió que no podía llegar a inspeccionar la zona, porque estaba muy lejos, en Utuado, y en su lugar enviaría vigilantes de la agencia.

Según explica Nazario, los vigilantes “tampoco llegaron” y no fue hasta dos días después, el 13 de enero, que Quiles visitó el área afectada, donde la alcaldesa le dejó saber su intención de “realizar una medida de mitigación tipo ‘riprap’ (muro de piedras)”, para la que necesitaba la autorización del DRNA, que ya se había solicitado en diciembre de 2024 y no había sido atendida.

Ese mismo día, además, enviaron vía correo electrónico una solicitud urgente para la autorización de una medida de mitigación por emergencia para atender la situación en las calles 3 y 10 de Parcelas Suárez. Asimismo, el 15 de enero se envió una solicitud a la Legislatura para la reasignación de $90,000, que serían usado para estas medidas de mitigación, y es mismo día se autorizó la transferencia de fondos al Municipio de Loíza.

Al día siguiente, continúa la comunicación de Nazario, el designado secretario llamó e indicó “que el problema podía resolverse mediante la instalación de un sistema de tubos de arena”, y que “había contactado a un contratista dispuesto a realizar el proyecto”.

Nazario indica que contestó “que no creía que el sistema de tubos resolviera el problema de manera inmediata”, y que “el revestimiento de piedras tipo ‘riprap’ era la recomendación de los asesores del municipio para una medida inmediata y preventiva”.

El secretario Quiles “respondió que el contratista ya había visitado el lugar y que era cuestión de que el municipio de Loíza lo contratara para realizar el trabajo, sin ofrecer más opciones”.

La alcaldesa, sin embargo, informó luego al secretario que el proyecto que llevarían a cabo sería el de las piedras tipo ‘riprap’.

También es mismo 16 de enero, el municipio recibió la aprobación de emergencia.

Mientras todo esto sucede, las 10 familias (45 personas) del área de Parcelas Suárez cuyas viviendas están más amenazadas por esta agudización de la erosión costera, han expresado que no quieren abandonar sus hogares, según indicó luego de una reciente visita a la zona Ciary Pérez, designada secretaria del Departamento de la Vivienda, agencia que ha estado preparándose para la eventualidad de que algunas de esas familias accedan a ser reubicadas en otro lugar.

Primera Hora solicitó una reacción al DRNA, pero al momento no la había recibido.