Una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos llevaría a unos a hacer “ajustes” en su presupuesto diario, principalmente en el renglón de entretenimiento, y a otros a buscar un empleo a jornada parcial para empatar la pelea.

El plan de acción revolotea en las mentes de empleados públicos consultados ayer por Primera Hora ante la incertidumbre que rodea este espinoso asunto dentro de la crisis fiscal de la administración. 

Por un lado, el gobierno indicó ayer en una comunicación que existe una “diferencia” entre ellos y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en cuanto a la reducción en la jornada laboral de los empleados públicos -que ascienden a cerca de 150,000 personas- y la eliminación parcial o total del bono de Navidad. 

Sin embargo, la “administración no entiende necesario recurrir a dichas medidas ni ha acordado las mismas como parte del proceso de presupuesto”, aseguró el licenciado Christian Sobrino Vega, representante del gobernador ante la JSF, ente creado por la ley federal Promesa para responder a la crisis fiscal. 

Por el otro lado, el presidente de la JSF, José Carrión, expuso que analizan los planes de implementación del actual presupuesto para determinar si activará o no la reducción de la jornada laboral a partir del 1 de septiembre, proceso que debe completarse alrededor del 1 de agosto, según declaraciones a El Nuevo Día.

“Buscar otro trabajo” 

Para Ángel Arocho, empleado de servicio al cliente en la oficina de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Río Piedras, la ejecución de una reducción en la jornada lo obligaría a buscarse un empleo a jornada parcial en la empresa privada. “Tengo que buscarme otro trabajo porque necesito completar. De hecho, yo los ajustes los estoy haciendo ya porque anyway la economía como está; los ajustes tienen que empezarse desde ya”, dijo Arocho. 

El hombre ya optó por usar transporte público y generar energía solar para el exterior de su casa. Y el trabajo lo buscará donde sea, “después que sea trabajo, no hay ningún problema”. También seguiría haciendo recortes adicionales en sus gastos porque la “inflación sigue”, expuso Arocho.

Para él, la solución a las medidas fiscales que está imponiendo el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, no es quedarse cruzado de brazos. “Tenemos que buscar solución al problema porque esto es de todos. Esto nos tocó a todos. Y no es de aquí nada más, esto es mundial también”, dijo.

“Salidas a pasear”

A Carlos Ferrer, conserje y mensajero en esa misma oficina, un recorte en su salario lo llevaría a hacer “ajustes en muchas cosas”. Por ejemplo, sus “salidas a pasear con la señora mía, que las tendría que cortar”. El renglón de comida también se afectaría. “A lo mejor tendría que comprar menos”, agregó. Y sobre la alternativa de irse del país, este la descartó. 

Mientras, el gerente de esa oficina de la AAA, Frankie Blas, opinó que la reducción de jornada no debería afectar a la AAA. “No creo que aquí lleguen a eso... Somos los únicos que bregamos con esto”, dijo.

 A unos cuantos pasos de él, Judy Morales, directora del Centro de Servicios al Conductor de Río Piedras, descartó buscarse un trabajo adicional, porque le dedicaría ese tiempo a su familia. “Si entrara en vigor, que esperemos que así no sea, pues como todo ciudadano tendremos que hacer unos ajustes”, expuso.

 Mencionó que los recortes irían al renglón de entretenimiento. “Yo mejor reduciría en las salidas (a pasear)... Cosas que puedo hacer en mi casa, porque yo solamente no tengo que salir para poder disfrutar”, dijo. Agregó que “si me puedo comprar esto ahora y después no puedo, pues no me lo compraría”.

Incertidumbre por “diferencia” 

Sobrino Vega explicó que “las resoluciones conjuntas aprobadas por la Legislatura no incluían estas recomendaciones de la JSF (jornada laboral y el bono)”. 

Agregó que “la administración tampoco avala que dichas recomendaciones fueran incluidas por la JSF en su certificación del presupuesto”. 

También explicó que Promesa “es clara en que la JSF tiene inherencia en la aprobación del presupuesto, pero no puede utilizar esta facultad para imponer sus recomendaciones. De lo contrario, se estaría desvirtuando la sección 205 de la Ley Promesa que regula el manejo de las recomendaciones de política pública por parte de la JSF y permite al Gobierno rechazar las mismas”.

Según este, el gobierno continúa los esfuerzos dirigidos a “implementar las reformas gubernamentales necesarias para impulsar el desarrollo económico... y mejorar la calidad de vida”.

De hecho, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, dijo ayer tras una reunión en La Fortaleza, que le solicitó a las agencias que bajen aún más sus gastos, y aunque no será un recorte fijo para todas, el promedio sería de un 5 por ciento -para poder eliminar la posibilidad de la reducción-. También presentarán otras alternativas a la JSF, “para que ellos vean el trabajo que se está haciendo y que con eso cumplimos tanto con la liquidez, como con los desembolsos requeridos para operar el gobierno”. Sin embargo, no detalló qué alternativas eran.